La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso se hace con el control, al reformar definitivamente la ley de Radio Televisión Pública, nueve meses después de tumbar a la anterior dirección, para poder nombrar de forma definitiva a un presidente que sea de su mismo partido y coma de su mano, como los anteriores de Esperanza Aguirre
Ayuso ha dado un empujón a la libertad de prensa, emulando a su mentor, Miguel Ángel Rodríguez, que hizo lo mismo con la periodista, Andrea Ropero y lleva a Telemadrid al precipicio. El control definitivo de la Radio Televisión Pública de Madrid por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se hará efectiva hoy.
Nueve meses después de que la populista presidenta regional tumbara a la dirección anterior con una reforma legislativa apoyada por la extrema derecha de Vox. La norma que se ha tramitado por la vía de urgencia, sin debate ni enmiendas de la oposición, ha llegado este jueves al Parlamento regional. Y gracias a los votos de la ultraderecha, que aclaró anteriormente que “no se opondrá a la medida”.
Un nuevo presidente ideológico y del PP
La nueva reforma de Telemadrid permitirá al Gobierno de Ayuso designar al nuevo director general con mayoría simple, algo que no permite la actual ley aprobada por una amplia mayoría durante el mandato de Cristina Cifuentes, que obliga a ser refrendado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea. Ahora, ese requisito se mantendría en una primera votación.
En una segunda vuelta, saldrá solo con una mayoría simple. De esta forma, el PP podrá sacar adelante la votación de la nueva cúpula del ente con la abstención de Vox antes de las elecciones de mayo de 2023 y que se mantenga la siguiente legislatura completa.
“Traemos hoy aquí a esta Cámara una modificación legislativa que tiene como finalidad evitar bloqueos por parte de las minorías representadas por parte en los órganos de dirección de la empresa”, espetó la diputada del PP, Almudena Negro, encargada de dar este puñetazo a la libertad de prensa. Mientras que el diputado de extrema derecha confirmó que apoyarán la medida, aunque su objetivo es privatiza la televisión pública, totalmente
El primer asalto: tras el 4M
La nueva reforma legislativa llega nueve meses después del primer golpe al ente público consumado por Isabel Díaz Ayuso en julio, unas semanas después de tomar posesión tras los comicios del 4M. Fue su primera ley como flamante vencedora de las elecciones.
Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “Telemadrid ya no es un servicio esencial”. Esta fue una de sus principales proclamas durante la campaña electoral de las autonómicas de 2019. Desde entonces está en su deseo acabar con el actual modelo de libertad del ente público madrileño.
Nueva ley sobre Telemadrid
Herencia de la expresidenta Cristina Cifuentes, que quiso dar por concluida la etapa de manipulación de Esperanza Aguirre, quien tenía mano de hierro sobre lo que se emitía. Ayuso quiere volver a ese modelo. Pero no se quiere quedar ahí, quiere privatizarla y dejarla en su mínima expresión.
Además, era pública y manifiesta la nula relación entre el director general del ente por aquel entonces, José Pablo López, y la presidenta madrileña.
En julio del año pasado Telemadrid volvió a la época corrupta de Esperanza Aguirre, cuando llamaba al presidente y manipulaba las informaciones diaria. Hoy organizaciones profesionales, sociales, sindicales y políticas presentan un manifiesto “En Defensa de la Radio Televisión Pública de Madrid y la Libertad de Información” y en contra de la reforma presentada por Isabel Díaz Ayuso.
La reforma aprobada gracias a Vox cambiaba la elección de los siete consejeros del ente público que hasta ahora eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo.
Votación contra la libertad de prensa
El pasado 8 de julio, al igual que ayer se votó en la Asamblea de Madrid, por la vía rápida, una propuesta de reforma de la ley 8/2015, de Radio Televisión Madrid, que reducía peligrosamente los mecanismos de salvaguarda de independencia y pluralidad que contiene en la actualidad. La abstención del partido de extrema derecha Vox facilitó la destitución partidistas de la antigua cúpula, mientras el PSOE y Más Madrid anuncian un recurso de inconstitucionalidad para frenar el cambio del director general.
José Antonio Sánchez un mercenario de Esperanza Aguirre y Aznar será nombrado hoy administrador temporal de Telemadrid por el consejo de Gobierno madrileño. Con ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso vuelve al peor pasado del PP y coloca en Telemadrid al director general que ejecutó el ERE.
Su cargo, aunque es provisional, permanecerá por lo menos toda la legislatura, ya que la ausencia de una consenso político puede demorar su permanencia en el puesto.
José Antonio Sánchez es muy conocido en la televisión pública madrileña, y también muy odiado por cientos de trabajadores y trabajadoras que fueron ilegalmente despedidos. Fue el director general entre 2011 y 2014, en tiempos del imputado expresidente Ignacio González.
‘Salvemos Telemadrid’
José Antonio Sánchez fue el encargado de ejecutar un ERE que supuso la salida de más de 800 trabajadores del ente. Telemadrid por aquellos años se precipitó por un precipicio y entró en su etapa más dura. Las huelgas de los tres sindicatos de su comité de empresa llevaron la cadena a negro en varias huelgas que afectaron a su emisión. Los sindicatos CCOO, UGT y CGT salieron a la calle dentro de una plataforma, ‘Salvemos Telemadrid’ y se manifestaron por su futuro y su readmisión, que finalmente lograron en la justicia.
Desprecio a los sindicatos
José Antonio Sánchez, también estuvo al frente de TVE en una etapa que coincidió también con los gobiernos de José María Aznar y también fue presidente de RTVE entre 2014 a 2018 con Mariano Rajoy. De esa etapa hay sonoros escándalos y manipulaciones, como el menosprecio de Urdaci a CCOO.
“Ce ce o o” fue la forma usada por el periodista Alfredo Urdaci para referirse al sindicato Comisiones Obreras, CCOO en la emisión de los programas informativos Telediario 1, Telediario 2 y La 2 Noticias del día 16 de octubre de 2003, tras una demanda interpuesta por dicho sindicato a RTVE y TVE por “vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical”.
Manipulación del 11M
José Antonio Sánchez ha estado siempre rodeado de la polémica por las sucesivas quejas de las redacciones por las injerencias políticas de su dirección. Fue el gran manipulador del atentado del 11 de marzo de 2004, cuando dirigía TVE.
José Antonio Sánchez, sustituirá en el cargo a José Pablo López, elegido en tiempos de Cifuentes con el consenso de la Asamblea de Madrid. Con la dirección cesada, Ayuso había mantenido discrepancias desde su llegada al poder. Y a la que no había podido manipular.
Ayuso hunde las audiencias de Telemadrid
El 24 de septiembre de 2021, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que uno de los motivos del Gobierno regional para cambiar la ley y propiciar el cambio de Dirección en Radio Televisión Madrid era “buscar audiencias, buscar la vertebración de la información local y regional y ofrecer un verdadero servicio público”.
Desde la reforma de la ley que provocó el cambio de la Dirección de RTVM a mediados de julio de 2021, la audiencia de Telemadrid ha bajado más de un 20%, del 5,4% al 4,2%.
Los informativos también han sufrido una importante bajada de audiencia. Esta es la comparativa de los TeleNoticias del mes de febrero del año 2021 y del 2022.
Lectura única
La nueva propuesta que se ha aprobado este jueves en la Asamblea se tramitará sin debate en comisión ni enmiendas de la oposición, lo que acelera significativamente los plazos. Recurso ante el Tribunal Constitucional
Más Madrid y PSOE anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de Telemadrid.
El manifiesto a favor de la libertad de prensa
Las organizaciones profesionales, sociales, sindicales y políticas denunciaron en julio de 2021 que “los medios de comunicación constituyen un canal fundamental para la participación de la sociedad en la que se desarrollan. Una ciudadanía activa y participativa requiere de un acceso a información veraz y de calidad que las instituciones públicas deben preservar y asegurar. Al respecto, los medios de comunicación públicos han venido cumpliendo una triple función a lo largo de su historia reciente: informar, formar y entretener”.
Derecho a la libertad de expresión
En el manifiesto reivindicaron que “el derecho a la libertad de expresión y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, que recoge el artículo 20 de la Constitución Española, encuentran en la radio y televisión pública uno de sus cauces principales. La existencia de medios de comunicación públicos que actúen con independencia, neutralidad y objetividad, es la garantía del derecho a la información y, por tanto, de la participación social fundamentada en la libertad y la capacidad para acceder a esos contenidos”.
La reforma de Cifuentes
La Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, recogía en su preámbulo la pretensión de crear “un nuevo modelo de radio y televisión pública en Madrid, caracterizado por la transparencia, la pluralidad, la implantación de las buenas prácticas en el sector y del buen gobierno corporativo” y, además, asegura que el modelo debe ser “plural y aspirar a que la sociedad madrileña se sienta representada, tanto en su composición como en los contenidos audiovisuales que se programen, y para que, de manera permanente, se recojan las diversas sensibilidades sociales, tanto mayoritarias como minoritarias, sin discriminación por motivos ideológicos, políticos o de otra índole recogidos en la Constitución Española”
Los firmantes hicieron una defensa de esta reforma, así como “de los presupuestos recogidos en el preámbulo de la ley del 2015, que exige el rechazo de cualquier iniciativa encaminada a controlar y dirigir RTVM desde otras instancias. La existencia de una Radio Televisión de Madrid como entidad profesional y despolitizada es incompatible con su intervención directa por parte del Poder Ejecutivo, un hecho que se agrava cuando se conculca, además, la garantía constitucional de la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales”.
