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Ayuso desconoce los datos de personas fallecidas por coronavirus en las residencias de mayores

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid
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La presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso desconoce los datos de las personas fallecidos por el coronavirus en las residencias de mayores, según ha podido confirma Diario16.com.

El único dato facilitado por la Consejería de Servicios Sociales, fue que habían fallecido 1.065 personas mayores pero por diferentes causas, según el primer balance oficial de víctimas del coronavirus entre esta población de riesgo. Los datos fueron difundidos el pasado 26 de marzo, he intentaron despejar la incertidumbre, pero sin conseguirlo. La Consejería de Sanidad que es ahora la competente, no ofrece datos.

Todos los grupos políticos y los sindicatos están reclamando las cifras, que sí se están actualizando desde el resto de las comunidades autónomas.

Los datos facilitados hace una semana señalaban que, de esas 1.065 personas, solo 760 han fallecido en residencia y otras 305 personas en un hospital. Pero sin determinar si esos datos eran concluyentes.

El mismo día que se dieron a conocer estos datos, la presidenta de la Comunidad de Madrid quitó las competencias sobre centros de mayores a la consejería que dependía de Ciudadanos, que había presentado medidas para actuar en estas residencias, pero que fueron públicamente desautorizadas por Isabel Díaz Ayuso, y se las traspasó a Sanidad, que depende del PP. Desde entonces no hay ningún tipo de información.

Según los últimos datos conocidos, más de 3000 personas mayores han fallecido en residencias geriátricas.

La Comunidad de Madrid había elaborado una orden de actuación para las residencias de la región adoptaran la orden ministerial que autoriza a la Consejería de Políticas Sociales a intervenir de manera inmediata aquellas residencias que se encuentren en situación crítica. Con las nuevas competencias, estás medidas no se han llevado a cabo.

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