La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso pretende con la reprobación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco ocultar su mala gestión de la pandemia provocada por el coronavirus, con casi 6000 muertos en las residencias de mayores en la región.
Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y de la extrema derecha de Vox han votado a favor de una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez el cese de José Manuel Franco por su gestión durante la pandemia, especialmente por no tomar medidas en torno a las concentraciones masivas antes del estado de alarma, como la manifestación del 8 de marzo, y por su “parcialidad en sus actuaciones en los últimos meses como delegado”, le acusan de ser sectario por ser el secretario general del PSOE en la región.
La proposición, planteada por el PP y no vinculante, ha sido defendida por el portavoz popular en la cámara regional, Alfonso Serrano, y se ha basado en las conclusiones de un informe que ya fue rechazado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y obviando que se cerró el caso por no haber causa justificado contra Franco.
Desde el PP consideran que el delegado ha actuado “más como secretario general del PSOE de Madrid que como delegado del Gobierno. Si hubiese sido la mitad de diligente que fue para actuar con el homenaje de Ifema o con el paseo de un expresidente, había sido bien distinto”, ha dicho Serrano, en alusión a la supuesta parcialidad de Franco.
Esta consideración se argumenta en la proposición ya que consideran que se quiso “retorcer el tema de las residencias contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso”, así como en la estrategia de conseguir “la imputación de la presidenta, aunque finalmente quedase en nada, para provocar una moción de censura con Cs. Debe ser reprobado por salud democrática”, ha concluido el portavoz del PP.
Investigaciones penales abiertas contra Ayuso
La Comunidad de Madrid acumula 145 denuncias y una querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de Madrid que ha sido elevada al Tribunal Supremo en el que esta denunciada la presidenta de la comunidad. Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en las diferentes comunidades tienen como origen denuncias hechas por partidos políticos, particulares y asociaciones.
El PSOE, lo ha calificado de “marcianada”, catalogándola como “una muestra para seguir confrontando”. El portavoz adjunto, José Cepeda, ha destacado “que la Asamblea de Madrid no tiene competencias para la toma decisiones sobre el Gobierno central. ¿Se imaginan que yo, como senador, pido allí la dimisión de Díaz Ayuso?”, ha afirmado en un tono especialmente cabreado.
El número dos de Gabilondo, ha tratado además de desmontar el contenido de la PNL enumerando los actos que se celebraron en Madrid y que, pese a ser competencia del Gobierno regional, no se cancelaron, como actos en Ifema o la convocatoria de unas oposiciones el mismo 8 de marzo, con más de mil personas.
