La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba la armonización fiscal y le impone subir impuestos en la región.
Las formas para anunciarlo, de Ayuso es lo que ha chirriado. Su equipo de comunicación comandado por Miguel Ángel Rodríguez ha intentado que la Marea Blanca, que ha logrado sacar a miles de madrileños a las calles para protestar contra su política de privatizaciones encubiertas y contra su hospital de pandemias, pase inadvertida.
Esta polémica, una baza para la presidenta madrileña radica en el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición y ERC a cambio del ‘sí’ a los Presupuestos, y que incluye una reforma fiscal que quiere imponer reglas tributarias homogéneas en todos los territorios.
A pesar de ser solo una promesa y de que no hay nada sobre la mesa, el Gobierno regional insiste en su política de hechos consumados, y da por hecho que Pedro Sánchez le va a obligar a subir impuestos.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya cargó duramente este viernes contra el acuerdo para reformar “la armonización fiscal” pactada por el Gobierno y ERC, porque “es ilegal”, porque la ley permite a las comunidades bajar o subir impuestos, e “inconstitucional” porque la Carta Magna reconoce regímenes fiscales diferenciados, como el concierto vasco.
Parece que la Comunidad de Madrid no estaría en contra de establecer unas horquillas tributarias máximas y mínimas, como sucede en el tramo regional del IRPF.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), hay unos tipos máximos y mínimos establecidos y el Ejecutivo de Díaz Ayuso opta por aplicar los más bajos.
Impuesto de patrimonio
Pero el principal escollo está en el pastel del impuesto de patrimonio, y problema llegaría si les impiden bonificar impuestos como el de Patrimonio, que actualmente bonifican en un 100 %.
Impuesto de sucesiones
Otros de los escollos es el impuesto de sucesiones y donaciones, que en la Comunidad de Madrid se encuentra entre los más bajos del país. Si les obligaran a igualarse con otras comunidades, lo tienen claro: llegarán al Tribunal Constitucional si fuese necesario.
Pero esta mañana han querido dar la sensación ante su público que estaban recurriendo una ley ante el Constitucional, una norma que no se ha aprobado y que no se sabe si se va a llegar a aprobar.
Lo que está claro es que no se paga lo mismo en Andalucía por una herencia que en Madrid, y eso a todas luces es injusto. Todos deberían tener el mismo derecho a poder heredar lo que les dejan sus padres, sin tener que endeudarse.
El 156 establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.
La reforma para armonizar los tributos autonómicos -sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio- para que las comunidades no puedan subirlos ni bajarlos más allá de un límite, está en la agenda del Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018.
