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Ayudas para las personas bajo el umbral de la pobreza, pero no tanto según dónde vivas

Llamada de atención a los partidos políticos e instituciones de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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Menos del 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de las rentas mínimas de reinserción. Eso sí, depende la comunidad autónoma en la que se viva, tienes opción a estas ayudas, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Andalucía y Castilla La Mancha es donde menos apoyo se presta

Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo, habiendo alcanzado ese año su nivel más alto, con un 8,7%.

Datos oficiales que desmitifican las leyendas urbanas de que si eres inmigrante y no trabajas vives mejor que cualquier español.

Desigualdad por comunidades

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hace hincapié en “las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, lo que obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos”.

Esta entidad da un tirón de orejas a los partidos políticos. Según su informe, casi todos los Partidos parlamentarios llevaban en sus programas este compromiso, si bien con notables diferencias. Sabemos la dificultad de lograr un acuerdo, “pero al menos esta constatación debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto”. Pero no ha sido así. “Apelamos, por ello, a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a tod@s l@s ciudadan@s”.

Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso casi tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza.

Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza.

Del resto, sólo cinco Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, C. de Madrid y Cataluña). Las RMI de las 9 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2%.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 13,7% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos ocho años apenas ha sufrido variación.

Extremadura destaca con un 32,5%, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de las RMI en esa Comunidad, suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media suponen más de una quinta parte de su media de renta por hogar. Sólo otras cinco Comunidades superan el 15%. Por el contrario, cuatro Comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, destacando Baleares con un 5,7%. Es decir, cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia.

Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Social, “en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas”.

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