El presidente Enrique Peña en cualquier país medianamente democrático ya hubiese tenido que enfrentar la justicia, ese día debe llegar, entre los muchos cargos que tendría que enfrentar el principal es la barbarie de Iguala, el desprecio por la vida en su gobierno fue la constante, incluso antes de ser presidente se dio a conocer como un probado represor en San Salvador Atenco.
No es el único responsable en México tenemos claro quien militarizó el país, desde la llegada de Vicente Fox se echó mano del ejército, lo disfrazó de Policía Federal y es Felipe Calderón el que en abierta contravención a la Constitución declaró la irracional guerra contra el narcotráfico sacando al ejército a realizar tareas de seguridad.
La desaparición de los 43 estudiantes es un misterio porque el ejército está implicado, qué evidencia habrá en sus instalaciones que se han negado a abrir sus puertas a las investigaciones, qué ocultan o por qué se resiste a esclarecer su intervención de aquella noche del 26 de septiembre.
Otro que se encuentra inexplicablemente en libertad es el gobernador Ángel Aguirre tiene responsabilidad directa y se encuentra libre por un acuerdo de silencio, porque sin duda tiene conocimiento de lo que sucedió con los 43 normalistas, o de qué otra forma explicar que el presidente Peña Nieto ha usado la justicia contra los gobernadores de su partido y no ha hecho lo mismo con este.
Es evidente que todas las preguntas sin respuesta nos llevan al inescrutable batallón de Iguala, además las corporaciones policiacas teniendo presencia militar se sujetan a esta o en qué extraordinario pueblo los municipales hacen y deshacen frente al ejército, entonces la pregunta que cabe hacernos es si actuó el ejército sin órdenes expresas, es posible imaginar que intervino por iniciativa propia o cómo buenos soldados obedecieron las indicaciones dadas por el comandante supremo de las fuerzas armadas.
De las autoridades con mando en prisión únicamente se encuentra el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su esposa, los relacionan con el crimen organizado, de hecho, han tratado de dirigir la investigación hacia el narcotráfico, pero cabe preguntarse si a estos personajes les interesa reprimir a jóvenes estudiantes que se opusieron a la reforma educativa.
La historia del basurero de Cocula en la que supuestamente habían sido incinerados los 43 normalistas es la supuesta verdad histórica inventada por el entonces procurador general de la república Jesús Murillo Karam, versión que no soportó la más mínima evidencia científica, este procurador es otro que debería estar tras las rejas por la obstrucción a la justicia y por el desvanecimiento de pruebas que implicó el forzar la teoría de la gran hoguera.
Con un alto costo social seguimos pagando las consecuencias de aprobar reformas privatizadoras a espaldas del pueblo, porque los que menos tienen son condenados a dejar sus estudios, esa es la consecuencia de la reforma educativa, contra eso se movilizaban los estudiantes de Ayotzinapa.
México sufre por las víctimas de una guerra que nadie pidió que se ha usado para reprimir protestas y se encuentra en duelo por las víctimas de la corrupción exhibida por el terremoto, el fondo es el mismo, en este caso la vivienda y la educación hechas un negocio y cómo tales dominadas por la máxima ganancia.
Ayotzinapa vive, como esperamos vivan los estudiantes, aunque ellos vivirán en nuestra memoria por siempre porque nunca debieron desaparecer, la implicación del ejército y la responsabilidad de Peña Nieto cómo su comandante supremo debe investigarse, lo que en un país como el nuestro sin una verdadera división de poderes es impensable, sólo será posible hasta que éste deje el cargo por fortuna estamos a días, tenemos derecho a conocer la verdad y derecho a la justicia.
