miércoles, 1diciembre, 2021
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Autopistas, empresas mineras e intereses energéticos: así esquilma Bolsonaro el Amazonas

WWF denuncia que el 15% del bioma amazónico está potencialmente cubierto de concesiones mineras y de contratos para la extracción de gas y petróleo

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Desde hace tiempo se sabe que la Amazonia, la mayor región tropical de la Tierra, pierde cada año enormes extensiones de selva, emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero en un contexto de violencia y violaciones de los derechos humanos, según alertan los informes de Greenpeace y WWF. “Si queremos evitar un empeoramiento del cambio climático, la pérdida de su rica biodiversidad y garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas, es fundamental detener la deforestación y degradación de la Amazonia”, aseguran los ecologistas.

Brasil es el país que alberga la mayor parte de la selva amazónica, pero la deforestación y la degradación de la masa vegetal es un problema crónico en el continente americano. Hay numerosos factores que están contribuyendo a la desaparición de un entorno único. Según WWF, la producción ganadera en forma de amplios pastos y sistemas extensivos es una de las causas principales de la deforestación en muchas áreas del Amazonas. La expansión de la agricultura mecanizada, en especial el cultivo a gran escala de alimentos y piensos para animales y biocombustibles a partir de soya, aceite de palma y maíz, también se ha convertido en un factor de destrucción importante. En algunas zonas el incremento de la producción está íntimamente ligado a reasentamientos fuertemente subsidiados por los gobiernos de turno.

Y mientras la agricultura extensiva va ganando terreno al Amazonas, la agricultura de pequeña escala se está expandiendo también en regiones como el norte y oriente de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y las Guayanas, donde los altos niveles de pobreza, la presión por la tierra, las prácticas insostenibles y los problemas de control judicial y gubernamental provocan la irreversible pérdida de masa forestal.

La producción agrícola a gran escala, orientada a la exportación, ha sido responsable de las mayores pérdidas de hábitat natural en la Amazonia en décadas recientes. En particular se ha identificado el rol que desempeña China como uno de los grandes importadores de soya y carne de Sudamérica. El aceite de palma es otro de los cultivos que afecta de manera decisiva a todo el entorno. A pesar de ser relativamente nuevo en los países del área americana, el cultivo de palma ha crecido más rápido que cualquier otro en la región, ocupando actualmente casi 250.000 hectáreas en el estado brasileño de Pará. En general, los asentamientos legales e ilegales de los agricultores de pequeña escala han sido una causa muy significativa del cambio en el uso de la tierra en la Amazonia. Esta proliferación humana, lenta pero imparable, está estrechamente vinculada a la disponibilidad de créditos que otorga el Gobierno, a la presencia de infraestructuras viales (especialmente carreteras secundarias) y a la debilidad del Estado de Derecho que deja hacer. Se sabe que los ganaderos de pequeña escala talan más kilómetros cuadrados de bosque que los agricultores extensivos para plantar arroz, yuca, maíz y banano.

La deforestación ocasionada por el sector ganadero es un desafío igualmente grave. La expansión de las tierras de pastoreo está sin duda detrás del drama de la Amazonia. Solo en 2014 se talaron casi 5.000 kilómetros cuadrados de selva y bosque, aunque “la tendencia actual está disminuyendo”, según WWF. La expansión de la frontera agrícola para el cultivo y la creación de pastos en la ganadería es la principal responsable de la pérdida de masa forestal.

Nuestra dieta tiene mucho que ver con lo que pasa en la selva amazónica, según los informes de Greenpeace. “La expansión del cultivo de soja en Brasil se debe en gran medida a la demanda internacional de piensos que la ganadería industrial necesita para alimentar los pollos, cerdos, vacas, etcétera, que forman parte de nuestra dieta excesivamente rica en proteína de origen animal”, insisten los expertos de la oenegé internacional.

Las presas y embalses –con la consiguiente expansión de la industria hidroenergética, incluyendo los nuevos asentamientos humanos y la infraestructura asociada−, agravan el problema. Se calcula que una presa genera a su alrededor entre 40 y 100 kilómetros cuadrados de deforestación. En este momento hay 124 centrales hidroeléctricas en el Amazonas y se están construyendo o están en planificación otras 277, aunque muchas aparentemente funcionan por debajo de su capacidad. Los lugares seleccionados para las presas y reservorios generalmente se ceban con espacios naturales protegidos o territorios indígenas. Un auténtico boom en la construcción de presas amenaza el flujo y la integridad de la mayoría de los ríos y afluentes de la Amazonia. Esta tendencia afecta de forma grave a los ecosistemas terrestres y acuáticos, pone en riesgo a los peces migratorios, amenaza a los delfines de agua dulce, interfiere con el transporte fluvial y con el suministro de alimentos y agua para las comunidades locales y reduce dramáticamente la deposición de sedimentos aguas abajo y en las costas, según el informe de WWF.

También se han construido cientos de presas y embalses pequeños, principalmente destinados a recoger agua para el ganado; todos ellos interrumpen el normal flujo de los ríos. Se estima que de construirse las 277 presas adicionales que están en proyecto solo quedarían tres ríos fluyendo sin alteraciones en la cuenca amazónica –Yuruá, Trombetas e Içá-Putumayo–. Y se sospecha además que una decena de plantas hidroeléctricas en fase de construcción en la Amazonia brasileña para los próximos ocho años afectarán directa o indirectamente a 17 parques naturales, reservas y territorios indígenas. Algunas presas proyectadas en la cuenca del río Tapajós amenazan a tribus enteras, como los mundurukú. El desastre ambiental va íntimamente unido a un genocidio silencioso.

Los ecologistas creen que las centrales energéticas son la causa principal de la descatalogación de numerosos parajes hasta hoy protegidos que tras la llegada al poder de Bolsonaro han dejado de serlo.

A los incendios forestales provocados por la quema incontrolada, la actividad agrícola y la edificación de presas que están acabando con la selva virgen se une otro factor de degradación de la Amazonia: la construcción de carreteras, un negocio que mueve miles de millones de dólares en el Brasil de Bolsonaro. Los viales dan acceso a áreas remotas, abriendo paso a nuevos territorios sin habitar y atrayendo hacia el interior de la cuenca amazónica a comunidades humanas que se instalan en ella para especular con la tierra. “Generalmente no se usan mecanismos para manejar o reducir los impactos de nuevas carreteras, o se implementan inadecuadamente”, denuncia el informe de WWF. Es decir, los informes de impacto ambiental suelen obviarse a menudo, mientras los funcionarios encargados de elaborarlos hacen la vista gorda a cambio de jugosas comisiones. La aniquilación del Amazonas también tiene que ver con la corrupción galopante que corroe el Brasil. Curiosamente, las mayores tasas de deforestación se presentan en áreas con intenso desarrollo en carreteras e infraestructuras, un abono perfecto para las trapacerías de empresarios y políticos sin escrúpulos. Se ha comprobado que casi el 95% de la pérdida de masa forestal en la Amazonia brasileña ocurre a menos de 5,5 kilómetros de las carreteras o de un kilómetro de los ríos navegables.

A su vez, las autovías y autopistas son la avanzadilla para el posterior desembarco de las grandes empresas mineras y de extracción de gas y petróleo, lo que agrava la deforestación. La minería es un sector importante en países como Perú, donde esta actividad ha aumentado un 400 por cien desde 1999. Las carreteras, las vías férreas y las nuevas rutas fluviales de transporte que se abren como apoyo logístico a la industria minera y gasística están transformando la Amazonia. Miles de kilómetros de carretera ya atraviesan la zona y en los próximos años se construirán muchos más, especialmente en las rutas este-oeste, vinculadas a los mercados de exportación en Asia. Por ejemplo, la Ruta Interoceánica Brasil-Perú atraviesa extensas áreas naturales hasta hoy relativamente bien conservadas en Madre de Dios (Perú) y Acre (Brasil).

Pero junto a la red viaria estatal se ha formado otro entramado de carreteras que no aparecen en el mapa y que forman lo que se conoce como el “efecto espina de pescado”. En la Amazonia brasileña, 22.713 kilómetros de carreteras federales o estatales están complementadas por 190.506 kilómetros de carreteras no oficiales, muchas veces abiertas gracias a la tala furtiva. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) planea más de 20 proyectos de construcción de viales a través de bosques exuberantes, con inversiones que alcanzan los 60.000 millones de dólares. Pese a las mentiras de Bolsonaro, carreteras como la autopista Belém-Brasilia desempeñan un papel empíricamente demostrado en la deforestación y en la degradación del medio ambiente, no solo por su impacto directo en los bosques, sino porque abren nuevas áreas por explotar a agricultores, colonos y mineros. El eje de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico es una buena muestra de lo que está ocurriendo: ya se han construido 1.000 kilómetros de la Autopista Transoceánica que enlaza Brasil y Perú. Esta polémica carretera atraviesa la porción amazónica de los dos países y ha generado gran preocupación entre los ecologistas por el posible aumento de la deforestación que traerá consigo. Actualmente se están desarrollando alrededor de 544 proyectos en infraestructuras similares en diversos puntos de la Amazonia.

Más madera, más erosión

El comercio de la madera, tanto legal como clandestino, es otro de los factores que está arruinando los bosques y ríos tropicales. Algunos expertos consideran que estamos solo ante la primera etapa de la gran conversión de grandes masas forestales en territorios “urbanizables”. Como no podía ser de otra manera, empresas españolas con intereses en el sector de la madera también han puesto su granito de arena en la catástrofe ecológica. Compañías eléctricas y aseguradoras que hacen negocio con los proyectos megadestructivos de Jair Bolsonaro. “El mercado español de madera tropical tiene su parte de responsabilidad, ya que nuestro país es uno de los mayores importadores europeos. La demanda de maderas valiosas, como el ipé, alimenta el fraude y la corrupción en el sector forestal. España es el cuarto importador mundial de esta clase de madera, contribuyendo no solo a la destrucción de la Amazonia sino también a la invasión de territorios indígenas o al trabajo esclavo”, alertan los ecologistas de WWF. Además, conviene no olvidar que la actividad de la industria maderera, en gran parte ilegal, suele estar detrás de los incendios forestales.

La tala indiscriminada es una causa de deforestación de la Amazonia, ya que genera una reducción significativa del bosque y, lo que es más importante, abre nuevas áreas para el asentamiento de otras explotaciones industriales y perniciosos usos agrícolas de la tierra. Bolsonaro subestima la magnitud de la tala selectiva, pero sin duda está teniendo un impacto dañino sobre la biodiversidad. Con todo, y aunque la comercialización de árboles para la venta en el mercado local o internacional generalmente tiene un impacto menor en los bosques de la Amazonia que la agricultura extensiva o a pequeña escala, la ganadería o la minería, supone “una presión significativa en algunas áreas y hay muchas empresas madereras en funcionamiento”, recuerda el informe de WWF. Ya se han tomado muestras del carbono liberado tras la tala selectiva y los resultados confirman que el empeoramiento de la calidad del aire proviene del daño causado a la vegetación circundante. En términos generales, se estima que la pérdida de masa forestal por la tala indiscriminada ha transformado al menos una cuarta parte del paisaje de la Amazonia. De seguirse por este camino, a finales de siglo el inmenso bosque tropical habrá quedado reducido a la categoría de pequeño jardín botánico, apenas un recuerdo del pasado para los turistas.

La minería y la explotación de hidrocarburos suponen otra seria amenaza para la subsistencia de la Amazonia en el medio plazo. Entre 2005 y 2010 se han disparado las concesiones para actividades extractivas en América del Sur, especialmente en la cuenca amazónica. Las minas talan bosques, generan desechos químicos que acaban esquilmando la tierra, los ríos y los lagos y abren nuevas superficies de uso industrial. La minería incontrolada o ilegal puede generar devastación, incluyendo la liberación de productos tóxicos como el mercurio, auténtica arma de destrucción masiva para el medio ambiente.

Por su parte, la exploración y explotación de hidrocarburos también está creciendo a marchas forzadas, especialmente en la Amazonia andina, incluyendo proyectos polémicos como las explotaciones en el norte de Perú; la obtención de petróleo en la región de Yasuní, en Ecuador; y las prospecciones no solo en el Amazonas brasileño sino también en el Putumayo (Colombia) y en el Parque Nacional de Madidi (Bolivia).

Las compañías mineras y petroleras, poderosas y con buenos contactos en el poder, saben que el estatus de área protegida o parque nacional generalmente no suele ser un impedimento a sus proyectos en la zona. De ahí que los ecologistas alerten de que se necesita “urgentemente establecer controles más fuertes y mejores prácticas” administrativas en los países afectados, algo que hoy por hoy suena a utopía. Ningún Gobierno sudamericano en vías de desarrollo industrial, y menos el de Bolsonaro, va a frenar un jugoso pelotazo económico por mucho que esté en juego el futuro de la Amazonia.

Investigaciones recientes de WWF llegan a la conclusión de que en la actualidad el 15% del bioma amazónico está potencialmente cubierto de concesiones mineras y de contratos para la extracción de gas y petróleo, aunque esta cifra podría ser mucho más alta, hasta el 30%, si se tienen en cuenta las concesiones en las áreas protegidas. Ya se concedieron permisos a 800 solicitudes de minería y extracción de combustibles fósiles en áreas sujetas a especial protección y están en estudio otras 6.800. El análisis de 439 parajes protegidos ha concluido que casi la mitad de ellos sufren parcial o completamente las concesiones mineras, mientras un 13% están afectadas de exploraciones de gas y petróleo. Además, hay más de 600 territorios indígenas (un 37%) afectados por unos 400 contratos de minería y 100 de gas y petróleo. En total, se han aprobado 1.400 derechos de actividades extractivas en la Amazonia. Tal número de contratos tiene un impacto potencial en casi 24 millones de hectáreas. La gran mayoría se encuentra en Brasil, aunque afectan claramente a otros países circundantes. Numerosas solicitudes aprobadas tienen como finalidad la exploración y otras, probablemente la mayoría, no terminarán en extracción. Hasta ahora 329 focos de minería son productivos y afectan a 32 áreas protegidas y 35 territorios indígenas; además, existen 87 puntos localizados que producen gas y petróleo, instalaciones que afectan a 12 áreas protegidas y 59 territorios indígenas.

El hallazgo de nuevos yacimientos de oro ha creado también una auténtica fiebre minera en la Amazonia. Se han identificado grandes filones en Perú, Bolivia, Surinam, Guyana y Guayana Francesa, entre otros. El oro es uno de los negocios más rentables; Perú es el sexto productor del mundo, mientras que en 2011 la minería de pequeña escala en Surinam empleó alrededor de  20.000 personas, generando 950 millones de dólares.

La deforestación genera numerosos y complejos impactos en el bioma: aumenta la erosión, altera la hidrología y los ciclos del agua, libera carbono, cambia el clima local y global y destruye la biodiversidad. La pérdida de bosques implica la ruina de ecosistemas enteros e impactos directos e indirectos en el bienestar de las personas que viven dentro y fuera del bioma amazónico.

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