Hay dinero en las cuentas bancarias de las empresas del grupo, pero no se puede disponer por orden del juez Pedraz. Por lo tanto, no puede declararse insolvente. Ausbanc no puede hacer frente a los compromisos económicos y no tiene más remedio que echar el cierre. Lo hará el martes. Ese mismo día presentará un Expediente de Regulación de Empleo para los 100 trabajadores de plantilla que permanecen sin cobrar dos meses, y les queda otros dos más hasta que puedan apuntarse al Inem.
Hay otros cien trabajadores más, los colaboradores. De ellos, un alto porcentaje son los abogados del grupo a los cuales se les ha ofrecido la posibilidad de hacerse cargo de las demandas presentadas, casi 10.000. Las minutas serán para ellos salvo un porcentaje que se dará al grupo que todavía preside Luis Pineda.
El resto son redactores de las publicaciones: Ausbanc, Mercado de Dinero, Dinero y Salud y Alcuza. Al no tener relación laboral, deben acudir a la vía civil para cobrar. La mayoría de ellos han enviado burofaxes exigiendo el reconocimiento de la deuda previo a la presentación de la demanda monitoria, una posibilidad que, según abogados consultados por Diario 16, “tiene escasas posibilidades de salir adelante porque, aunque Ausbanc accediese al pago, carece de liquidez.
A todos ellos hay que sumar los proveedores. Las dependencias centrales tienen externalizado el servicio informático. La empresa, de momento, espera acontecimientos y sigue trabajando en unos locales anexos a la redacción de las publicaciones. También se debe dinero a las imprentas. En total, según cálculos contables, la deuda ascendería a unos 400.000 euros por mes. Si tenemos en cuenta que se llevan dos en esta situación, el total del impago sería de 800.00 euros.
El llamado “comité de crisis”, que se hizo cargo del grupo cuando encarcelaron a Pineda, solicitó al juez Pedraz el desbloqueo de alguna cuenta bancaria para poder hacer frente a esos pagos, o la designación de un administrador-interventor. Pedraz, en un auto del pasado miércoles, rechazó las peticiones aunque sí ordenó que se efectuasen los pagos correspondientes a Hacienda y a la Seguridad Social.
Ese mismo comité de crisis va a encargarse de cerrar todo el grupo de la manera más ordenada posible. Aún así, nadie descarta la posibilidad de una suspensión de pagos.
Mientras tanto, 200 profesionales llevan dos meses sin cobrar. La mitad de ellos tendrán que esperar dos meses hasta que se resuelva en ERE, y los demás, ni siquiera saben si cobrarán algún día. Son los “daños colaterales” de este asunto.
