jueves, 17junio, 2021
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Audiencia de Barcelona: “ Las fuerzas de seguridad se excedieron el 1-O”

El auto reconoce que “golpearon a los ciudadanos sin finalidad aparente y puso en riesgo la imagen de las instituciones”

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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Un duro auto pone en entredicho por vez primera judicialmente la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, por orden del Gobierno de Rajoy, el día del referéndum del 1-O.

Así, la Audiencia Provincial de Barcelona ha emitido un duro auto contra la actuación de las fuerzas de seguridad durante el referéndum del 1-O en Cataluña.

El duro auto destaca que “los agentes incurrieron en excesos”, “golpearon a ciudadanos sin finalidad aparente” y la ausencia de proporcionalidad puso en riesgo “la imagen de las instituciones”. Todo ello cuando sabían que la consulta no tenía validez jurídica. El escrito pone de ejemplo los lugares en los que sí se pudo votar sin la presencia policial.

El juez destaca “de continuar esa votación, el resultado de la misma no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores, por ser antijurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico constitucional español”. “Desde luego era sabido por la fuerza actuante”, enfatiza.

“Nótese que en otros lugares de Cataluña no hubieron actuaciones policiales, las votaciones se realizaron, y se suministraron resultados, sin consecuencia jurídica alguna”, insiste la resolución. La crítica es extensible también a la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ese día instó a la Guardia Civil a la Policía Nacional y a los Mossos d’Esquadra a que impidiesen las votaciones.

 

Riesgo de lesión

El auto añade que “los mandos policiales deberían haber valorado que, para lograr su objetivo, era altamente probable lesionar a algún ciudadano, como así fue”.

El auto añade que “los mandos policiales deberían haber valorado que era altamente probable lesionar a algún ciudadano

El auto es de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y lleva fecha del pasado 26 de octubre. Hace referencia a los hechos ocurridos en el IES Quercus de San Joan de la Vilatorrada. En ese colegio electoral actuó la Guardia Civil y resultaron heridas 14 personas que se encontraban allí evitando la acción policial.

La resolución judicial insiste en varias ocasiones en el argumento de que los agentes tendrían que haber avisado antes de cargar: “No parece que la actuación policial se iniciará mediando la obligada información, aviso y requerimiento a los congregados (…) sin aviso alguno y sin intentar apartarlos de delante de la puerta, ya fuera cogiéndolos y/o arrastrándolos, de forma sorpresiva les golpearon con las porras y defensas”. Sin embargo, el propio auto admite que el motivo de la presencia ese día de las fuerzas de seguridad “pudiera resultar evidente”. 

El escrito está firmado por tres jueces, si bien uno de ellos ha emitido un voto particular discordante con los argumentos de sus dos compañeros entre los que se encuentra el juez José María Assalit Vives, encargado de redactar el auto. Este magistrado estampó su firma en 2014 bajo un manifiesto junto a otros 30 compañeros que ejercían en ese momento en Cataluña. “La negación del derecho a decidir sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña”, decía el texto bajo el título ‘Manifiesto de jueces por el derecho a decidir’.

El auto acepta el recurso presentado por 14 denunciantes al que se sumó la Generalitat y en gran parte la Fiscalía. Pedían a un Juzgado de Manresa que identificase a los guardias civiles que el 1-O actuaron en el Instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. También querían que el juez pidiese a Interior un informe sobre los agentes desplegados en la zona y las órdenes que recibieron y a la Guardia Civil y los Mossos una serie de imágenes y grabaciones de ese día. Además instaban a citar como investigado al teniente responsable del operativo. A esta última petición no se adhirió la Fiscalía.

El citado Juzgado desestimó esta batería de diligencias dejando entrever un inminente archivo. Alegó, entre otros motivos, que los agentes cumplieron con el deber que les impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este argumento lo secunda en su voto particular la jueza Rosa Fernández Palma, una de las tres integrantes de la Sección Quinta. También recuerda que, antes de cargar, los agentes fueron empujados por la multitud haciéndoles retroceder y que hubo hasta un “forcejeo” entre guardias civiles y Mossos d’Esquadra.

“La violencia ejercida fue mínima”, dice esta jueza antes de dejar claro que a su entender habría que retirar del auto el párrafo en el que se defiende haber dejado votar para evitar incidentes “porque da la apariencia de posicionamiento sobre la conveniencia general de las intervenciones policiales”.

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