Jaume Alonso Cuevillas es el abogado defensor de Javier Martínez, padre del pequeño Xavi, niño de 3 años que murió asesinado en los atentados yihadistas de La Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017.
Fueron 17 las personas asesinadas.
La sentencia vulnera el derecho de las víctimas a saber la verdad
Hoy se ha hecho pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a tres colaboradores en la masacre. La sentencia admite recurso y Cuevillas ha explicado en una entrevista en Rac1 las razones por las que recurrirán.
Para Jaume Alonso Cuevillas la sentencia no ha sido ninguna sorpresa, aunque no por ello, no ha dejado de parecerle que con ella se vulneran los derechos de las víctimas.
«Está claro que querían cerrar un juicio con perfil muy bajo, y así lo han hecho»
Jaume Alonso Cuevillas
Esta reflexión la planteaba el abogado en la entrevista, y lo hacía después de recordar que todos los recursos presentados por él para dilucidar la relación del Imán de Ripoll con el CNI fueron desestimados.
La cuestión fundamental del recurso se encuentra en la vulneración del derecho de las víctimas a saber la verdad.
«Se trata de un derecho (a saber la verdad) que ampara hasta la tercera generación. Reconocido por las Naciones Unidas», ha recordado el abogado.
Y a continuación ha explicado que, de los datos que se tienen, no se podría descartar que el Imán de Ripoll pudiera haberse librado de la explosión de Alcanar. Cuevillas solicitó al tribunal, precisamente, que se llevasen a cabo una serie de investigaciones -no muy difíciles- para averiguar si algunos de los datos podían ser confirmados. Pero no se ha actuado en esa línea por parte de la justicia.
Los tres ejes fundamentales para el recurso
Porque tres han sido, según el abogado, las cuestiones básicas que definen el juicio.
En primer lugar, que los supervivientes terroristas tuvieran que responder absolutamente por todo lo sucedido, por todas las muertes, como siempre se ha hecho en casos de terrorismo (en esta sentencia no ha sido así).
La segunda cuestión que se plantea es la responsabilidad del Estado en los atentados, que es doble. Una, por negligencia, al constar acreditada la relación entre el Imán y el CNI, teniéndole monitorizado. Y por otro lado, el Estado español está obligado desde 2013, según normativa europea, a llevar un control minucioso de la compra de productos explosivos.
La tercera cuestión son lo que Cuevillas denomina «hilos sueltos».
¿Cuáles son las preguntas sin respuesta que han tenido lugar durante este juicio?
Se sabe que en la casa de Alcanar había unas cuatro o cinco personas antes de la explosión, y solamente se ha identificado a tres. La identidad de estas personas no se ha querido averiguar.
Como tampoco se le ha dado importancia al hecho de que la furgoneta del Imán apareciera días después en un pueblo cercano, sin que en ella hubiera ningún tipo de huella dactilar, ni rastro de quién la llevó allí.
El teléfono del Imán tuvo actividad hasta varios días después de los atentados.
El acceso al «buzón muerto» de correo, que utilizaba para comunicarse con la policía.
Nadie ha reclamado los supuestos restos del Imán.
Elementos que, podrían haber sido investigados para poder «cerrarle la boca» al abogado, según sus propias palabras. La clave fundamental es que por ejemplo, no hay pruebas de restos de ADN que identifiquen al Imán de Ripoll en la explosión de Alcanar: el informe que se había utilizado fue cuestionado por expertos forenses españoles. Pero finalmente el juez acabó diciendo que «saber si el Imán está vivo o muerto no era importante».
Se abre la puerta a la justicia extranjera
Cuevillas explica que, en la medida que existen víctimas de otros países, ahora cabría interponer los recursos correspondientes en las jurisdicciones de sus países. Pero es algo que todavía está por ver si sucederá.
