El Consejo General del Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes, ha vuelto a dar la campanada en plena crisis del coronavirus, elaborando esta vez un polémico documento sobre medidas organizativas y procesales destinadas a contribuir al plan de choque con el que se pretende evitar el colapso de la Administración de Justicia, tras el final del estado de alarma y el levantamiento de la suspensión de los plazos en todo tipo de procedimientos.
El texto reúne un centenar de medidas, algunas de ellas comunes, con incidencia en todos los órdenes jurisdiccionales, y otras específicas para cada uno de éstos.
Las primeras “están orientadas a evitar la mayor disfunción que plantea un ingreso masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos, que es su desigual reparto, tramitación y respuesta” dice el documento, y para ello propone “el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial”, medidas que según se indica “pueden ser adoptadas por el CGPJ, los órganos de gobierno de los tribunales, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas desde el momento inicial, anticipándose a las futuras situaciones de colapso”.
El ejemplo que según la Comisión Permanente supuestamente ilustraría la viabilidad de esas medidas es “la reciente experiencia de la puesta en marcha de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, que ha permitido, gracias a la concentración de la competencia para el conocimiento de esta clase de asuntos en una unidad judicial por cada provincia, evitar que toda la jurisdicción civil se viera afectada por esa ingente litigiosidad y, además, ha logrado uniformizar la respuesta judicial, reforzando enormemente la seguridad jurídica”.
Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas “sorprende que haya sido el propio Lesmes quien recuerde la mala experiencia de los juzgados provinciales de cláusulas abusivas, porque estos juzgados han sido un verdadero fracaso. Al final de la película resulta que esos juzgados provinciales se crearon con la finalidad de asumir el atasco de todos los demás, y parece ser que esa estrategia es la misma que se propone ahora para agilizar la justicia, concentrar el atasco en algunos pocos juzgados para liberar de carga a todos los demás.”
Si poner el ejemplo de las cláusulas suelo ,irph etc etc o litigios de la banca a juzgados especializados MAL VAMOS no tienen ni idea (o mucha) increíble en las manos que estamos