Foto: Flickr Moncloa

Horas de tensión. Eso es lo que están viviendo, no sólo los equipos negociadores de los diferentes partidos, sino millones de personas que están conteniendo el aliento ante lo que pueda salir del pleno que se celebra hoy en el Congreso de los Diputados. Las miradas van a estar pendientes de lo que decidan los representantes del pueblo, legítimamente elegidos por la ciudadanía, respecto a la prórroga del estado de alarma. No mantenerlo hasta el momento en que no haya contagios, como se ha hecho en otros países, sería una irresponsabilidad por parte de la clase política que los hombres y mujeres que nacieron o viven en España no podrán perdonar.

No está en juego tal o cual ley, ni siquiera una enmienda o unos presupuestos, lo que se dirime a partir de las 10 de la mañana es si los políticos están dispuestos a poner millones de vidas en juego por defender unos intereses que, hoy en día, deberían quedar en un segundo lugar. Ante algo tan serio como es la salud, el partidismo queda en un segundo plano porque, entonces, la política quedaría como la defensa egoísta de unos intereses espurios y no como un acto de servicio al pueblo.

En el lado de la derecha, de esos conservadores de los que se espera sentido de Estado y que tanto se les llena la boca con el patriotismo, de ese partido que fue clave para crear y reforzar la democracia, el enrocamiento del PP se hace incomprensible. Tal vez sean las presiones de la patronal, de las grandes empresas y de la banca para intentar forzar al gobierno a que no siga adelante con las reformas del mercado laboral que se encuentran en el programa de coalición. Tal vez, ante la mala valoración que dan las encuestas a la estrategia realizada por Pablo Casado, pretendan ganarse a una parte del electorado saboteando, que no haciendo oposición, al gobierno de coalición. Tal vez, pretendan asaltar el fortín de Vox y recuperar a los votantes que se marcharon para quedarse definitivamente con Santiago Abascal. Tal vez estén necesitando presentar un pacto como una victoria cuando, en realidad, no es el momento de plantear la política como una batalla. La realidad es que en el PP hay miedo a que los ultras les den el sorpasso y precisen aumentar su presión al Gobierno, llegando, incluso, a pretender socavarlo poniendo en riesgo las vidas y la salud de millones de ciudadanos.

En realidad, no se trata de gestos, enrocarse como lo está haciendo viene de la intención de aprovechar la crisis para aplicar las políticas neoliberales que tanto daño han hecho a este país. La presidenta de la Comunidad de Madrid está mostrando el camino que en Génova se va a seguir y ya ha planteado una liberalización del suelo y eliminar las licencias urbanísticas que no es otra cosa que volver al modelo de Aznar de buscar para el pueblo una falsa prosperidad. La misma Isabel Díaz Ayuso apostó en la Asamblea de Madrid por incrementar la colaboración público-privada que no es otra cosa que potenciar las privatizaciones. ¿Esto es lo que realmente quiere el PP? Esto es, en realidad, el deseo de las élites a las que defienden, las clases dominantes que en medio del confinamiento se cogen su avión privado y se marchan a otro país o que se llevan su dinero a paraísos fiscales.

Sin embargo, si lo que el PP quería para desenrocarse eran gestos, poner banderas a media asta, crespones y hasta monumentos en honor a las víctimas, posiblemente el Gobierno la haya puesto encima de la mesa. Lo mismo que las medidas de desescalada para las comunidades autónomas que, en algunos casos, ya han recomendado a Casado que permita una prórroga del estado de alarma.  

 Respecto de los nacionalismos de derechas, que también han estado negociando con el Gobierno, sobre todo el PNV, no es el momento de plantear más concesiones o de poner como coartada para no apoyar la prórroga del estado de alarma cuestiones competenciales. Estos nacionalismos conservadores han pasado de la lealtad al más puro egoísmo al plantear en todos los niveles condiciones a su apoyo en base a los intereses de las élites empresariales. La vida de las personas no se puede poner a la venta como en un mercadillo, es el momento de priorizar lo realmente prioritario, valga la redundancia, y ya llegará el instante de negociar cómo se ha de salir de esta crisis y el papel fundamental que tendrán los gobiernos autonómicos, sobre todo los de las comunidades históricas. Aún no ha llegado el momento de plantear si la desescalada se debe hacer por provincias o por regiones sanitarias o de aumentar las partidas económicas. El Gobierno no ha invadido totalmente las competencias de las autonomías, no ha aplicado un 155 encubierto, como se ha llegado a decir. Las medidas que ha adoptado el Ejecutivo de coalición progresista están dando frutos.

Si el problema que tienen los nacionalistas conservadores para salir de su negativa son las competencias, el control de la desescalada por parte de las comunidades autónomas o tomar como referencia las regiones sanitarias seguro que han estado encima de las diferentes mesas de negociación. Si no lo han aceptado, entonces es que sus intereses van por el lado contrario a los intereses de la ciudadanía, incluso si se llega a rechazar una partida de financiación extra para esos territorios.

Sin embargo, y esto también incluye al PP, la realidad es que está teniendo nuevamente un papel importante el eje izquierda-derecha. Cuando la defensa de los intereses de las élites se pone encima de la mesa, cualquier otro condicionante queda de lado. Se olvidan las banderas y se lucha por defender los privilegios de unos pocos. No en vano, como afirmó Miguel Urbán en una entrevista concedida a Diario16, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, dos partidos antagónicos como JxCat y Ciudadanos votaron lo mismo en un 84% de las ocasiones.

En el lado de la izquierda, ERC se ha enrocado en su negativa a prorrogar al estado de alarma basado en argumentos que no son políticamente correctos para el momento en que se está viviendo. Al igual que los nacionalismos de derechas, ERC no puede justificar su «no» en una cuestión competencial porque no ha llegado ese momento, como tampoco lo es que se pretenda resucitar la causa independentista. Tal vez, a partir del 25 de mayo, se pueda empezar a discutir e, incluso, en las reuniones que mantienen semanalmente el Ejecutivo con los presidentes de las comunidades autónomas, se podrán ir relajando una serie medidas que se están aplicando ahora. Pero ahora no es el momento y, desde luego, lo que no es comprensible es que ERC se ponga en el mismo lado que la ultraderecha cuando, en realidad, siempre ha sido un partido muy significado con las causas sociales y en lucha contra la injusticia de las élites. ¿Entendería la gente que Esquerra pusiera en riesgo la vida de las personas con los mismos argumentos que las derechas? No es muy coherente, sobre todo cuando ha podido existir la posibilidad de que se pudiera contactar con los líderes encarcelados o en el exilio, además de la aplicación de las medidas expuestas anteriormente respecto de las competencias y del control de la desescalada.

ERC es un partido que ha sufrido mucho precisamente por las posiciones inmovilistas del PP, el partido que metió en la cárcel a sus líderes y que han castigado los movimientos del gobierno. Sólo se podría entender de esta manera y, aun así, queda tiempo para modificar sus posicionamientos, al menos, a la abstención.

Capítulo aparte hay que dedicar a Ciudadanos. La posición conciliadora de Inés Arrimadas a la hora de sentarse a negociar contrasta con el enrocamiento del resto de fuerzas conservadoras. El partido naranja sabe perfectamente las consecuencias que tiene el utilizar los mismos métodos y argumentos que los ultras. Por eso, quizá buscando aprovechar las estrategias del resto, pretendan presentarse ante la ciudadanía como un partido de centro con visión de Estado y ha tenido su fruto, porque la política catalana ha demostrado que su gestión se aleja totalmente del frentismo, el egocentrismo y la soberbia de Albert Rivera al llegar a un acuerdo con el Gobierno que, definitivamente, ha salvado el estado de alarma.  

Por tanto, en el tiempo en que estamos, cada voto que se dé en el Congreso contra la prórroga del estado de alarma es un voto que pone en peligro la vida de millones de personas. Un rebrote en este momento sería mortal. Los propios sanitarios están en un nivel que están llegando a decir que si vuelven a aumentar los casos están dispuestos a darse de baja. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Reclamarán al Gobierno los que hoy voten que no que vuelva a declarar el estado de alarma? A ver qué ocurre, pero el pueblo no puede permitir una irresponsabilidad de este calibre. Ya llegará el tiempo de pasar facturas y de reclamar diferentes cuestiones. Ahora no es el momento, ahora no.

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1 Comentario

  1. PP C´s y VOX son partidos sordos pero de los sordos peores , de aquellos que no quieren oír. Aunque este gobierno hiciera exactamente lo que dicen ellos dirían que esta mal y eso lo saben en su fuero interno todos los que aquí despotrican contra el gobierno progresista. Con eso no cabe mas razonamiento que aquel que de chiquillos decíamos cuando no nos escuchaba algún colega «PA LOS SORDOS PEDOS GORDOS»

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