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Así instrumentaliza el PP la Justicia para favorecer sus intereses

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El próximo 4 de octubre comienza el juicio por la Caja B del Partido Popular. Tras la recusación de uno de los magistrados que componen el tribunal, Enrique López, éste ha quedado compuesto por el progresista José Ricardo de Prada, el “independiente” próximo a las tesis de Prada, Julio de Diego, y el conservador Ángel Hurtado. Este último será el ponente de la sentencia, a pesar de haber sido impugnado su nombramiento por la acusación particular representada por la asociación “Observatori DESC”, liderada por el abogado Gonzalo Boye. El Partido Popular, cuyos tesoreros se sentarán en el banquillo, ha logrado su propósito. Que sea Hurtado, cercano a sus postulados, el encargado de redactar la sentencia lo que ha hecho que muchos expertos judiciales duden de la imparcialidad de este juicio.

El llamado “asunto Hurtado” está pendiente de resolución tras haber sido recurrida la designación de Ángel Hurtado como ponente del tribunal en mayo pasado. Ahora, se ha podido saber que el PP ha presentado un escrito en el que se opone a este recurso presentado por la acusación particular de DESC. En el mismo, la formación que lidera Mariano Rajoy dice que esta cuestión quedó zanjada mediante una diligencia de ordenación en la cual se inadmitió a trámite este recurso. Una inadmisión contra la cual “no cabe recurso alguno”.

El PP, que figura en esta causa como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos cometidos contra la Hacienda Pública por los ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, argumenta que “la designación del ponente se llevó a cabo con arreglo a las normas de reparto aprobadas por las salas de gobierno, por lo que la impugnación de DESC carece de fundamento”.

Todo parece indicar que las cosas seguirán como hasta ahora. Que Hurtado será el ponente, y que sus otros dos compañeros deberán emplearse a fondo si lo que se pretenden es ser lo más imparciales posible.

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El caso de la Caja B del PP juzga una contabilidad paralela que los populares mantuvieron durante 18 años, y que nunca fue sometida a los controles ni fiscalizaciones que corresponden al Tribunal de Cuentas. Es una de las piezas separadas del Caso Gurtel.

Por cierto, Ángel Hurtado, un magistrado conservador pero que goza de gran prestigio en la carrera judicial fue uno de los miembros que criticó abiertamente la separación del tribunal de sus compañeros Concepción Espejel y Enrique López que fueron nombrados vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. En su voto particular a esta resolución, Hurtado sostuvo que «la inhabilitación para el enjuiciamiento deriva, no de unos nombramientos sino de que el juez en cuestión haya tenido contacto con cualquiera de las materias o cuestiones que se han de ventilar en el presente proceso».

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