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Así desmantelan Vox, PP y Ciudadanos la Ley de Memoria Histórica en Andalucía

El órdago de la ultraderecha para evitar “profanaciones” con su Ley de Concordia es ‘blanqueado’ por el Gobierno andaluz con un descenso paulatino de los Presupuestos y el ninguneo de su importancia

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La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en marzo de 2017 tras ampliar y modificar la de 2007, agoniza casi sin fondos públicos mientras los dos partidos que se abstuvieron en su aprobación –PP y Ciudadanos, socios del actual Gobierno andaluz– comienzan a tender los puentes hacia la exigua proposición de ley de Concordia que la ultraderecha ha registrado este miércoles en el Parlamento de Andalucía, de apenas cuatro folios y seis artículos, a años luz de los 56 apartados y una treintena de páginas que contienen la vigente normativa andaluza, aprobada con los votos a favor de PSOE, IU y Podemos.

El ejecutivo autonómico está acelerando el ninguneo a la memoria histórica, que afecta a miles de familias andaluzas, con una ‘hoja de ruta’ que no está en sus prioridades, según reconoce el propio Gobierno de Juanma Moreno. “¿Cuánto empleo crea el pin parental o la Ley de Concordia? Cero”, se ha preguntado este jueves de forma irónica el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

A primera vista, ninguno de los dos socios del ejecutivo de Juanma Moreno ha acogido de buen grado el paso adelante parlamentario dado por la extrema derecha, ya que viene a cambiar el paso a la “humanidad” y proyección de “futuro” que dicen poner en la futura nueva normativa de “Concordia” tanto PP como Ciudadanos.

De facto, la proposición de ley de Vox para evitar “profanaciones” y servir de homenaje a los “caídos” es el primer paso para la derogación de la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática de 2017, que desde que gobiernan PP y Ciudadanos ha ido reduciendo su dotación presupuestaria respecto a los anteriores ejecutivos socialistas.

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El pasado 2019, las primeras cuentas del gobierno de Moreno Bonilla redujeron un 6,9% la partida para memoria histórica, hasta dejarla en 1,6 millones de euros, de los que 535.000 iban destinados a abrir fosas comunes y 363.000 a identificación genética de víctimas de la dictadura franquista.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ningunea a miles de familias que buscan en cunetas o fosas a sus familiares represaliados.

Casi si presupuesto para exhumaciones

En octubre pasado, la Coordinadora de Memoria Democrática recordó en sede parlamentaria que se había producido un descenso del 17% en exhumaciones respecto al Presupuesto de 2018. Su portavoz, Antonio Manuel Mateos, subrayó la “evidencia” del “desmantelamiento” de las políticas de memoria histórica y democrática, que atribuyó a la “falta de voluntad política” reflejada en el descenso de las partidas presupuestarias de 2020, como ya se produjo en el anterior de 2019. Así, la dotación para exhumaciones baja un 17,14% respecto al Presupuesto de 2018.

Esta realidad es ya palpable en algunos de los proyectos de recuperación de la memoria histórica que se están llevando a cabo en distintas fosas comunes, como por ejemplo la de Nerva, en Huelva, la mayor en zona rural de España constatada hasta la fecha. La exhumación de represaliados se viene llevando a cabo sin que la Administración autonómica haya aportado un céntimo al proyecto.

Pese a ello, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de Andalucía, Patricia del Pozo (PP), ha asegurado recientemente que “no está frenando” la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y que trabaja a favor del “consenso parlamentario” para impulsar una “Ley de Concordia” haciéndolo supuestamente “con muchísima humanidad, mirando al futuro e intentando no buscar ningún tipo de conflicto”. Esta sensibilidad contrasta con la demostrada este jueves por el portavoz y consejero de la Presidencia del ejecutivo andaluz.

El órdago de este miércoles de Vox exigiendo la derogación de la actual normativa va encaminado a tomar la iniciativa en un tema en el que el PP se muestra receptivo a los principios que mueven a la extrema derecha a pedir la derogación de la actual ley mientras Ciudadanos aparenta también un cierto distanciamiento con Vox como en el tema del veto parental, pese a que de facto avala con su inacción los pasos que tanto Vox como PP van dando sin prisas pero sin pausas en este sentido.

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