Apunten estos nombres: Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, José Antonio Ballestero, José María Macías y Gerardo Martínez Tristán. Son los vocales del Consejo General del Poder Judicial que mantienen el choque institucional con el Gobierno y se han constituido en la oposición dentro de lo que se denomina “el tercer poder del Estado”.
Es el núcleo duro conservador. Son ocho de los once vocales designados por el PP, en su día, que han decidido dar la batalla al gobierno progresista traspasando líneas rojas, apropiándose de competencias que no les corresponde. La última maniobra no les salió bien. Intentaron que el pleno del CGPJ aprobase un informe sobre la proposición de Ley que reforma el delito de sedición. Y no les salió bien porque, al final, su propuesta fue rechazada porque hubo vocales del sector conservador que votaron en contra en un gesto de sensatez y pudor ante semejante despropósito legal.
Está claro que el Consejo General del Poder Judicial está capacitado para emitir informes sobre anteproyectos de Ley y disposiciones normativas que afectan al Poder Judicial. Pero es que lo que se discute no es una norma que haya salido de un Consejo de ministros. No es el Gobierno el que la promueve sino el Parlamento. Es una iniciativa de dos grupos, el del PSOE y el de Podemos, por lo que el CGPJ, si se pronuncia, está entrometiéndose en la acción parlamentaria, quebrantando la autonomía del órgano de la soberanía popular. Y eso va contra la Constitución.
Pero eso, al núcleo duro del Consejo, los vocales más extremistas, les da igual. Están instalados en una estrategia de choque institucional. Son los que visitan Génova, la sede del PP, con demasiada frecuencia. Y entran en los despachos más cercanos a los dirigentes que deciden la política del partido conservador, para exigirles que no se les ocurra pactar su relevo con los socialistas. No sólo es una cuestión de supervivencia que también lo es. Saben que un cambio implica, necesariamente, una mayoría progresista en el organismo que gobierna la Justicia. Y se acabaría, con ello, todo ese entramado que están generando en el que, poco a poco, durante los últimos años, han ido introduciendo jueces y magistrados afines, de tal manera que, ahora mismo, y ahí están las encuestas para ratificarlo, nadie cree en que en España haya una Justicia imparcial e independiente. El anterior presidente del Consejo, Carlos Lesmes, se encargó de llevar a cabo esa labor que Moncloa decidió cortar de raíz mediante un decreto que prohíbe al organismo, que está en funciones, tales designaciones.
El núcleo duro impugnó el decreto. El Tribunal Constitucional será el encargado de dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la prohibición de designar jueces y magistrados por un organismo que se encuentra en funciones.
Pero el Constitucional también se encuentra en precario. No hay manera de designar a los candidatos para cubrir sus cuatro vacantes. Una designación que requiere urgencia ya que la alta magistratura del Estado lleva, ya, tres meses bajo mínimos. Son cuatro, dos para el CGPJ cuya tradición señala que uno lo proponen los conservadores y el otro los progresistas. Y los otros dos los nombra el Gobierno que ha decidido no proponer a la espera de que lo hagan los del Consejo. No, como se ha dicho por ahí, porque mientras el CGPJ no designe, el Gobierno no lo puede hacer, sino porque así lo han decidido en Moncloa donde, cada vez más hartos de esta situación, están decididos a cambiar de idea y proceder a la designación de sus candidatos, aunque el CGPJ no haga lo mismo
Porque el núcleo duro conservador del CGPJ sigue dando largas al asunto. Este jueves pasado parecía que iban a hacer una propuesta. Pero no fue así. Esta vez la excusa es que no están de acuerdo con la metodología de la negociación que están llevando a cabo con el sector progresista que ya tiene un candidato: José Manuel Bandrés, juez del Tribunal Supremo. Un profesional de reconocido prestigio que los conservadores rechazan porque, dicen, “está próximo al PSOE”. Emplean un estilo similar al que utilizaron cuando se nombró a Álvaro García Ortiz, como fiscal general del Estado. Argumentan que ha estado presente en actos y conferencias de dirigentes socialistas, y excusas de semejante índole.
En el fondo lo que subyace es el intento de dilatar el funcionamiento del Constitucional en un momento en el que la institución deben pronunciarse sobre temas tan trascendentales para la vida política como es el indulto a los condenados del Procès, la Ley de Educación y la Ley del Aborto. Ese núcleo duro, además de prorrogar el cobro de su nómina de Marqués de la Ensenada, son la punta de lanza del enfrentamiento institucional que tiene paralizada a la Justicia. Una paralización que piensan mantener hasta que el PP vuelva a gobernar el país.
Dicen que en el próximo pleno del CGPJ harán una propuesta de candidato. Ese pleno se celebrará el día 23. Habrán pasado, ya, casi cuatro meses en los cuales al Tribunal Constitucional se le ha acumulado el trabajo. Eso, si al final, deciden hacer caso al clamor ciudadano y dan su brazo a torcer. Algo que, de momento, no está asegurado.
