La orden de un juez de Mallorca de requisar el teléfono móvil y los ordenadores de dos periodistas que indagaban en el caso Cursach, un asunto de supuesta corrupción en Baleares, no puede interpretarse más que de una forma: un claro aviso a las fuentes de información de los reporteros para que dejen de filtrar datos sobre un sumario en curso.

Los periodistas de tribunales, y también los de política, suelen conseguir las noticias recurriendo a su agenda de contactos, generalmente abogados que tienen acceso a la causa y deciden darla a conocer a la opinión pública por diferentes motivos, unas veces para darle proyección al bufete, otras para presionar al juez de turno y que el asunto no quede olvidado o simplemente para que el ciudadano se entere de lo que está ocurriendo. Esa forma de trabajar de los periodistas, contactar con abogados para obtener datos de un sumario secreto, forma parte esencial del periodismo de investigación. Fue trabajando con confidentes, con gargantas profundas, como se destaparon grandes casos, véase el Watergate en los años setenta, una exclusiva mundial que ha quedado como modelo de trabajo a estudiar en todas las facultades de periodismo del mundo. En España asuntos como el GAL, fondos reservados o Gurtel jamás se hubiesen llegado a conocer sin esta estrecha relación entre periodistas y profesionales de la judicatura, sobre todo abogados pero también jueces y fiscales que en un momento dado decidieron colaborar con la prensa.

Ahora parece que a cierto sector de la Justicia, probablemente el más conservador, no le agrada que los periodistas anden husmeando en los sumarios judiciales. Se trata sin duda de una actitud retrógrada que va no solo contra el signo de los tiempos sino también contra lo que debe ser la prensa libre en una sociedad democrática avanzada. Que un periodista consiga acceder a las diligencias sumariales –como ha sucedido con los dos reporteros de Diario de Mallorca y Europa Press Baleares a los que el juez Miquel Florit ha ordenado requisar sus teléfonos y ordenadores– forma parte de las reglas del juego en un Estado de Derecho, donde se protege y ampara la libertad de prensa y la información libre e independiente. De hecho, nuestro Tribunal Constitucional ampara el derecho de los periodistas a publicar material de los sumarios si es “veraz y de interés general”.

Los dos reporteros afectados por la resolución de Florit trabajaban en un caso muy importante, como es el de las supuestas vinculaciones del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach con agentes de la Policía Local de Palma. Cursach, el mayor industrial del sector en Mallorca, fue detenido en febrero de 2017 por una supuesta trama de corrupción tras detectarse tratos de favor a propietarios de clubes de ocio. Por lo visto, alguien filtró a los redactores de ambos medios un informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en el que se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros y se advertía sobre la implicación de 18 personas. Como es lógico el informe fue publicado, ya que tenía el suficiente interés público para los lectores de Baleares. Fue un excelente trabajo, uno más de los que a diario realizan periodistas anónimos de la prensa regional de nuestro país, profesionales valientes, rigurosos y comprometidos con su oficio que quizá no tengan la relevancia mediática de otros que están todo el día en las tertulias de la televisión pero cuya labor resulta imprescindible para que los ciudadanos sepan la verdad sobre lo que sucede en su entorno más cercano (comunidad autónoma, provincia o municipio).

Desde cualquier punto de vista, la incautación del material a los periodistas supone un ataque a la libertad de información garantizada por el artículo 20 de la Constitución Española, que goza de especial protección al ubicarse en el capítulo sobre los derechos fundamentales de los españoles. El ciudadano de una sociedad democrática tiene derecho a saber la verdad y si la Justicia torpedea las fuentes de información de los mensajeros –en este caso los periodistas– en realidad lo que está haciendo es enviar una clara advertencia, casi en clave de coacción, a los filtradores de las noticias. El asunto es de extremada gravedad y de hecho tanto el Diario de Mallorca como Europa Press ya han anunciado que preparan acciones legales contra la decisión de Florit.

El secreto profesional de los periodistas es un derecho garantizado por la ley y la jurisprudencia de nuestro ordenamiento jurídico. Tratar de asfixiar a una fuente de información, intentar coaccionarla, amedrentarla para que no facilite datos de un sumario a la prensa es tanto como atacar a la democracia misma. Lamentablemente también en el terreno de las libertades públicas hemos retrocedido durante estos años de gobiernos del PP. Al anterior presidente, Mariano Rajoy, se le atribuye aquella frase para la historia con la que ‒en medio del vendaval de escándalos que asolaban a su partido‒, reconocía que el drama de la corrupción no era la corrupción en sí misma sino que “el secreto de sumario al final sea liquidado constantemente y todos los días aparezcan noticias”.

En esa línea de pensamiento, tan antidemocrática como peligrosa, el Gobierno del Partido Popular trató de limitar el derecho a publicar datos de sumarios en curso y persiguió las filtraciones, así como su publicación en los medios. A fin de cuentas fue un intento desesperado por ocultar bajo las alfombras de la Justicia toda la basura del partido en el Gobierno. Finalmente, la extorsión a los periodistas no funcionó, como tampoco se consiguió el objetivo de amedrentar a las fuentes de información, que siguieron filtrando datos de los juzgados. Gracias a esa labor hoy sabemos lo que fueron los casos Gurtel, Bárcenas, Nóos, Púnica, Lezo y otros muchos, y también lo que pasó en la España de aquellos años turbios de gobiernos populares.

En una sociedad democrática informar no es delito, siempre que se haga con rigor y veracidad. Eso debería saberlo la Justicia y cualquier juez de instrucción. Es más, el atentado a las libertades lo comete quien pretende cercenar el trabajo de los periodistas.

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