jueves, 16septiembre, 2021
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El asesino de Málaga vuelve a dejar en evidencia el sistema de protección a maltratadas

El 91% de las órdenes de protección policial a maltratadas son calificadas de riesgo “bajo” o “no apreciado”

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análisis

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¿Qué ha vuelto a pasar en el sistema judicial español para que un maltratador con siete denuncias previas de dos ex parejas y una orden de alejamiento en vigor acabe asesinando a una tercera pareja de 30 puñaladas? José Manuel Olea, de 47 años y residencia en Marbella, tenía un amplio historial delictivo de antecedentes por malos tratos que ningún resorte judicial o de seguridad ha sabido interpretar correctamente para evitar el brutal crimen machista que ha conmocionado este martes la pequeña localidad malagueña de La Viñuela, de poco más de 2.000 habitantes.

Los jueces siguen rechazando el 35% de las órdenes de protección solicitadas por las maltratadas

Esta concatenación de circunstancias casuales y no tanto desembocó en que María Adela Fortes Molina fuera la víctima elegida. El asesino la conoció por internet apenas dos meses antes. Ella era viuda desde hacía cuatro años y acabada de perder recientemente a un hijo de 17 de una enfermedad degenerativa. José Manuel Olea le asestó a María Adela una treintena de puñaladas y la dejó tirada en medio de un enorme charco de sangre mientras emprendía la huida. El asesino, detenido horas después en Marbella por la policía, dijo a los agentes que no recordaba nada porque “había bebido mucho”. La prueba de alcoholemia dio 0,0.

Mientras tanto, las muestras oficiales de condolencias se suceden con un patrón de actuación tan habitual como lo son los fallos que periódicamente evidencia el sistema de protección a las víctimas de malos tratos. La presidenta andaluza, Susana Díaz, no deja pasar una víctima de la lacra machista en Andalucía (y con María Adela van dos asesinadas en poco más de 40 días) sin mostrar sus condolencias vía Twitter, con mensajes más o menos parecidos. “La escalada de asesinatos de mujeres es insoportable. Todos nos debemos comprometer a proteger y apoyar a quienes sufren violencia de género para acabar con esta lacra”, escribió Díaz al poco de conocer el crimen machista.

Con siete denuncias de dos ex parejas y una orden de alejamiento en vigor, José Manuel Olea se movía con absoluta normalidad

El compromiso de las administraciones públicas para evitar estos asesinatos es institucionalmente impecable, pero los datos reales muestran que algo sigue fallando en algún resorte no detectado del complicado sistema de vigilancia a las víctimas de malos tratos. Sin ir más lejos, el Consejo General del Poder Judicial ha incoado 319.042 solicitudes de órdenes de protección el pasado año, de las que el 35% de ellas han sido denegadas y un total de 737 de ellas aún estaban pendientes de resolución a finales de año.

A María Adela ni siquiera le ha dado tiempo a saber que su nueva pareja tiene en vigor una orden de alejamiento sobre otra víctima de violencia de género y siete denuncias previas por malos tratos. La policía mantenía a finales de 2017 órdenes de protección sobre un total de 54.793 mujeres, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. De ellas, sólo 19 casos tenían la consideración de riesgo “extremo”. La amplia mayoría de las órdenes de protección policial sobre las víctimas, más del 91%, está encuadrada en la categoría de riesgo “bajo” o “no apreciado”.

Tras los casos de Granada y Tenerife, el asesinato de María Adela en La Viñuela es el tercero oficial por violencia de género, aunque otras estadísticas, como las de Feminicidio.net, elevan estas cifras a seis mujeres asesinadas por hombres solo en el mes de enero de 2018.

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