Hace tiempo que el sector privado, especialmente la banca y grandes aseguradoras, viene calentando motores para convertir en negocio las sustanciosas cantidades de dinero empleadas en el pago de las pensiones públicas. Hablamos de 140.000 millones de euros cada año, que harían las delicias de unas entidades que tienen mucho que ganar y nada que perder en esta ofensiva.
La salida de la recesión económica (lo de la salida de la crisis es mucho más discutible), ha hecho que los grandes de España hayan decidido mandar por delante, ya hace meses, a sus cohortes de avezados exploradores, soldados de fortuna mediáticos, economistas de cabecera a los que se pagan estudios de encargo, a sus predicadores mediáticos, a vender las bondades de los sistemas privados de pensiones, frente a un sistema público que estaría irremisiblemente al borde de la quiebra inmediata. Quienes fueron incapaces de prevenir y luego gobernar la crisis, quieren ahora salir inmensamente ricos de la misma.
Curiosamente, esta cantinela es la misma que ya se entonaba, no menos ardientemente, en las inmediaciones de la firma del Pacto de Toledo, a mediados de los 90 del siglo pasado, que daba carta de naturaleza a los sistemas complementarios y privados de pensiones, pero que incorporaba otra muchas medidas que han asegurado la viabilidad de las pensiones hasta nuestros días.
Es verdad que la crisis ha destruido mucho empleo, ha debilitado los salarios y que la reforma laboral ha permitido que el empleo se precarice. En consecuencia los ingresos de la Seguridad Social se han resentido. Pero eso no debería hacer que unos cuantos espabilados aprovechen la ocasión para llevar adelante sus cada vez menos inconfesables deseos: privatizar la gestión del sistema de pensiones.
Además, los famosos fondos de pensiones privados, han sido a lo largo de estas últimas décadas, un gran fiasco, sobre todo para quienes han metido ahí sus ahorros. Ya nos podemos dar con un canto en los dientes si no hemos perdido una parte de lo ahorrado. Su rentabilidad ha sido mínima, con lo cual, lo más fácil es que hayamos perdido buena parte del poder adquisitivo de lo allí invertido. La media de los mayores fondos españoles rondan el 1´8 por ciento de media.
Las altas comisiones cobradas y el desinterés en la gestión de la rentabilidad de esos fondos, son denunciados por muchos economistas como las causas de este estrepitoso fracaso. Sin embargo, ese es el modelo que se pretende impulsar desde el gobierno, la banca y las aseguradoras.
Un ejemplo lo tenemos en las medidas adoptadas por el gobierno en su Consejo de Ministros, con su Real Decreto que pretende hacer más atractivos, e impulsar los Planes de Pensiones privados. El segundo, esas declaraciones en las que el propio Mariano Rajoy da consejos a los españoles (se entiende que, sobre todo, a los parados, a los precarizados y a los empobrecidos salarialmente), que ahorren para complementar sus pensiones y la Educación. Esta referencia a la Educación da que pensar sobre el futuro que se pergeña en la cabeza del Presidente.
Sin solución de continuidad, nos topamos con que Pilar González de Frutos, la Presidenta UNESPA, la patronal que aglutina a las entidades aseguradoras del país, junto a un tal Angel Martínez-Aldama, Presidente de INVERCO, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, acuden a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, esa que preside en el Parlamento la archifamosa Celia Villalobos y se lían la manta a la cabeza con medidas del corte de que los pensionistas deberían vender su casa y con ese dinero las aseguradoras que ella representa, te dan una renta vitalicia.
Es curioso que Pilar González de Frutos haya pasado de trabajar durante más de 9 años en la entidad pública empresarial denominada Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, a ocuparse de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con los gobiernos de Aznar, para pasar inmediatamente a presidir la ya mencionada agrupación de las aseguradoras españolas UNESPA, cargo en el que ya lleva más de 14 años. En 2015 fue nombrada Presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros y en 2016 fue designada Presidenta del Consejo Social de la Universidad Complutense, por el gobierno madrileño del PP.
Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad, decía el ya mencionado jefe de propaganda alemán. Someter las pensiones a las “leyes del mercado”, convertir las pensiones en oportunidad de negocio, parece el interés prioritario de ese conglomerado político-empresarial de puertas giratorias que nos gobierna.
Pues bien, de eso se trata hoy en España. De comprobar si los intereses creados de esos grupos de poder terminarán por imponerse, a base de mentiras y medias verdades, convirtiendo las pensiones en el negocio del siglo. Si lo permitiremos, o seremos capaces de asegurar la dignidad de la vida de quienes son hoy mayores y de quienes lo sean mañana.
