Costa de Baleares

Argelia primero, hace ya dos años, y Marruecos ahora, han lanzado un desafío a España atribuyéndose zonas de mar cuya soberanía corresponde a este país, extendiendo para ello y unilateralmente la delimitación marítima actual de ambos países magrebíes.

Estas iniciativas no tienen ninguna validez jurídica dado que el principio de soberanía que legítima y legalmente corresponde a un país sobre la franja de mar que baña su territorio viene regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM), que estableció Naciones Unidas, aprobada en Jamaica el 30 de abril de 1982.

Argelia decidió unilateralmente en abril de 2018 ampliar su zona económica exclusiva o mar patrimonial, hacia el norte, hasta las 200 millas náuticas equivalente  a 370 kilómetros a partir de su línea de costa.

Tal es la ampliación que coge un buen pedazo de las aguas que rodean el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares.

Este asunto permanecía prácticamente oculto para el público hasta que esta misma semana el conseller balear de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, pidiera información sobre este asunto al Gobierno de Pedro Sánchez.

En Marruecos, el mismo miércoles 19 de febrero, su parlamento aprobó des leyes que amplían igualmente sus aguas de explotación  exclusiva llegando a las islas más orientales de Archipiélago Canario, Lanzarote, por ejemplo. Esta iniciativa ya fue aprobada por una Comisión parlamentaria celebrada el pasado 16 de diciembre y para su aprobación definitiva deberá contar con el visto bueno del senado magrebí y, por último, con la sanción real de Mohamed VI.

Pasar un elefante por el ojo de una aguja

Ya en diciembre España mostró su malestar y oposición a la iniciativa y logró paralizar su tramitación…un mes.

Ahora es la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ha garantizado que España no aceptará una política de “hechos consumados”  que contemplan decisiones unilaterales en casos que afectan a dos países. “”En Derecho del Mar no hay lugar para actos unilaterales, donde haya solapamiento la delimitación se hará de manera negociada”, añade la ministra que remata de la siguiente forma: “Estamos de acuerdo en que cuando se produzca esa delimitación solo se podrá hacer mediante acuerdo entre ambos Estados respetando la Convención del Derecho del Mar”.

Porque ese es el auténtico “ojo de la aguja” en esta extraña situación. La Convención establece, de hecho que “todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas. Ninguno de dichos Estados tiene derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de dichos Estados”.

A esto último se aferran los dos países norteafricanos mediante una lectura parcial y limitada del texto y agarrándose a la parte del mismo que señala que “todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial”, olvidándose de las frases siguientes y que invalidan sus acciones.

Por eso la ministra González Laya ha manifestado que “en Derecho del Mar no hay lugar para actos unilaterales, donde haya solapamiento la delimitación se hará de manera negociada”, concluyendo que “estamos de acuerdo en que cuando se produzca esa delimitación solo se podrá hacer mediante acuerdo entre ambos Estados respetando la Convención del Derecho del Mar”.

Entonces, si no hay base legal, de acuerdo con el Derecho Internacional, para llevar a cabo esas extensiones y tanto Argelia como Marruecos lo saben, ¿por qué lo hacen?

Marruecos lanzó el 6 de noviembre de 1975 una operación absolutamente ilegal, la Marcha Verde, sobre el Sahara Occidental, y se quedó con los territorios que hasta entonces eran de soberanía española. Y no era una colonia, era una provincia. Y, de paso, dejamos tirados en medio del desierto a los saharauis que hasta entonces habían sido españoles.

En el caso argelino, éste país mantiene buenas relaciones con España y en el plano económico los dos países tienen suscritos interesantes acuerdos como el del gas. En 2017 las cifras de comercio bilateral España-Argelia sobrepasaron los 7.300 millones de euros, de los que unos 2.700 millones corresponden a exportaciones y 4.600 millones, a importaciones, que no está nada mal.

Por eso sorprende aún más la acción unilateral de extender sus aguas hasta la Pitiusas.

España tuvo en tiempos un conflicto con Argelia cuando ese país acogía al líder del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), Antonio Cubillo. Pero ese movimiento finalmente renunció a la lucha armada y en 1979 expulsa a su fundador y secretario general, Antonio Cubillo y un año el Gobierno argelino le retiró su apoyo.

Marruecos tradicionalmente, y de forma casi permanente, ha reclamado como suyas parte de las aguas territoriales españolas de las Islas Canarias, las orientales. Es interesante conocer que la población marroquí de Tarfaya dista aproximadamente 120 Km, de Fuerteventura, según que puertos.

Al no existir basamento legal para ello, la única y parece que certera intención de estos países norteafricanos es ir posicionándose cara a un futuro y con el ojo puesto en las reservas de crudo que pudieran existir y que de hecho existen.

Amagar, por tanto, sabiendo que no prosperarán mis intenciones, de momento.

El árabe se significa por su enorme capacidad de esperar.

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