Según informan en un Comunicado firmado por “No Pasarán”, a raíz de la concentración celebrada en Madrid el pasado 16 de marzo, se denunció a siete personas que estaban colaborando como voluntarias para, precisamente, garantizar la seguridad en el recorrido de la multitudinaria manifestación.

Precisamente, los colectivos republicanos conocen bien de la connivencia que existe entre algunos grupos de extrema derecha y algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y en este sentido, y según señala el comunicado, estos voluntarios (a favor del derecho a decidir), consiguieron abortar las intenciones de reventar la manifestación desde los sectores de extrema derecha de Madrid. Concretamente, tras plantarles cara, desde Hogar Social interpusieron denuncia por amenazas, y por destapar “que pretendían reventar la manifestación con la complacencia de la Policia Nacional”.

Esta mañana estaban citados a declarar los 7 acusados a los tribunales de Plaza de Castilla de Madrid. Sin embargo, no han llegado a entrar en sala.

La acusación no se ha presentado. Y esto conlleva que, en base a la ley de enjuiciamiento criminal, la causa quede archivada.

No obstante, cabe señalar que las fuentes consultadas nos indican que lo previsible es que la fiscalía abra de nuevo procedimiento por delito de odio; precisamente en este sentido se publicaba estos días una circular del ministerio fiscal donde se señalaba que los delitos de odio también deberían contemplar la posibilidad de que la víctima pudiera ser de ideología nazi.

Sorprendidos y escandalizados se encuentran distintos juristas de reconocido prestigio, como es el caso del Catedrático de Derecho Penal, Joan Queralt:

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