La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará una queja ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas si el Gobierno canaliza finalmente sus políticas de memoria a través de los ayuntamientos, como anunció este jueves la vicepresidenta, Carmen Calvo, tras una reunión con Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El anuncio de la vicepresidenta, de que la red de municipios canalizará las políticas de memoria, ha despertado las alarmas en el colectivo que desde hace 20 años, que se cumplen el próximo 21 de octubre, inició las exhumaciones científicas de fosas de desaparecidos por la represión franquista y tiene una larga experiencia en la puesta de obstáculos municipales a la labor que llevan a cabo.

«Someter a los familiares a la voluntad de una corporación municipal es una forma de no garantizar de nuevo sus derechos y de colocarlos en medio de la lucha partidista, algo que parece podría provocar la aprobación de la nueva ley de la memoria”, explica el presidente de la ARMH, Emilio Silva.

Hemos visto cómo el ayuntamiento de Madrid destrozaba de una forma tremendamente inhumana las lápidas civiles con los nombres de las personas que fueron asesinadas por la represión franquista en el cementerio de la Almudena o cómo el alcalde de la localidad leonesa de Villadangos animaba a los familiares de los desaparecidos a dejar de buscarlos; o incluso el actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, se negó a cumplir una sentencia que obliga a retirar un monumento franquista de Vigo.

Por eso no entendemos que el proyecto del Gobierno sea depositar en las corporaciones municipales la responsabilidad de aplicar políticas de memoria; porque si es así, el objetivo no es reparar a las familias sino crear oportunidad de disputa para los partidos políticos”, explica el presidente del colectivo y añade que “hay delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todas las capitales de provincia y en ellas debería estar la puerta de entrada para los familiares de los desaparecidos”.

Si el Gobierno persiste en incluir en la nueva Ley de la Memoria el modelo de la FEMP, la ARMH, que en el año 2002 consiguió que el Alto Comisionado de DDHH de la ONU se ocupara por primera del caso de las víctimas del franquismo, presentará una queja por el incumplimiento de diversos acuerdos internacionales del Estado español que pretende llevar a cabo el proyecto de ley.

Asimismo, el colectivo, que prepara una batería de propuestas para cuando el texto de la nueva ley de la memoria llegue al Congreso de los Diputados: solicitará el establecimiento de un protocolo por el cual el Gobierno esté obligado a comunicar a todas las fuerzas políticas centrales, autonómicas y locales, cualquier actividad pública que se lleve a cabo en relación con la memoria. Su objetivo es que no se repitan situaciones como la reciente visita del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, a una fosa en la que iba acompañado por el delegación del Gobierno de Castilla y León y un senador del partido socialista; “Esta memoria es de todos y debe ser trasversal a todas las fuerzas políticas, por eso es deber del Estado contar con todos los representantes públicos quieran o no quieran asistir y un acto de un representante del Gobierno no se puede convertir en un acto de partido”, concluye Silva.

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