Lo fundamental, según el escrito de Anticorrupción, es que, durante la salida a bolsa, en julio de 2011, «se ocultó» a los inversores que el negocio de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de ahí que les atribuya el delito de estafa al inversor.

Esta ocultación se habría realizado de forma «consciente» por parte de Rato y el resto de acusados, con el objetivo de obtener «a toda costa» los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas, y que se tradujo en el perjuicio patrimonial ocasionado a los accionistas de la salida a bolsa.

El Fiscal atribuye ese mismo delito al exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de cárcel, al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (para el que pide tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (solicita dos años y siete meses), y exonera a los otros 28 imputados por el juez, entre ellos el socio auditor de Deloitte Francisco Celma; para los cuatro pide una multa de 60.000 euros.

También solicita que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

La Fiscalía pide que se archive la causa, no sólo contra los otros 28 acusados por el juez, sino también sobre BFA-Bankia, cuyo comportamiento acredita «el compromiso de sus dirigentes con una cultura empresarial ética», sin perjuicio de la responsabilidad civil que le pudiera corresponder.

Según el relato del fiscal Alejandro Luzón, el folleto de la salida a bolsa era «incompleto» por la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia, y «deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad«.

Las advertencias del folleto, considera el fiscal, estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor, «especialmente al minorista«, incapaz de asumir semejante lista de riesgos, «algunos de enorme complejidad«, lo que acabó dibujando un riesgo «remoto» e inconcreto.

El escrito también detalla el grado de participación de cada uno de los acusados, y destaca a Rato por «encarnar el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas» de la entidad, amparándose en el prestigio que le conferían sus antiguos cargos como ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional.

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