La Fiscalía Anticorrupción no ve problema alguno en que Pedro Izquierdo, ex alto cargo durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en Andalucía entre los años 2008 y 2014 sea el juez ponente del tribunal que juzgará la pieza política de los ERE fraudulentos, entre los que están imputados, además de los dos ex presidentes andaluces, otros 23 altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos varios ex consejeros.
Anticorrupción ha decidido no recusar al que fuera secretario general de Justicia (cargo con rango de viceconsejero) durante seis años en la Junta de Andalucía, después de que saliese elegido por sorteo para enjuiciar a los ex dirigentes socialistas durante más de una década de concesiones presuntamente fraudulentas a empresas en crisis por valor de unos 900 millones de euros. El fiscal solicita diez años de inhabilitación por prevaricación para Manuel Chaves y seis años de cárcel por malversación para Griñán.
La recusación había sido solicitada por el Partido Popular y el pseudosindicato Manos Limpias. El fiscal Juan Enrique Egocheaga, en su resolución de Anticorrupción considera que “el mero hecho del desempeño de un cargo público en la Administración autonómica andaluza no es per se causa de abstención y/o recusación”. También decide rechazar las reclamaciones de PP y Manos Limpias porque “no conoce ningún hecho o manifestación del ponente que lleve a considerar sin error alguno que tenga un interés directo o indirecto en el pleito”. Las defensas de varios de los ex altos cargos imputados en la causa también se han opuesto a la recusación.
En otro escrito, la Fiscalía Anticorrupción solicita al juez ponente de la pieza política de los ERE que analice si como alto cargo pudo conocer procedimientos administrativos similares a los que se van a enjuiciar, así como sobre su conocimiento del uso de las transferencias de financiación, en especial por parte de la Consejería de Justicia, de los sistemas de control de la actuación por parte de la Intervención de la Junta, y su conocimiento del funcionamiento de los órganos de gestión.
La Fiscalía argumenta en su defensa de Izquierdo como juez ponente del caso que todos los funcionarios de la Administración andaluza son subordinados de los presidentes, aunque esta circunstancia no es motivo alguno para apartarlo, porque para ello debería darse una relación cercana y directa entre el juez y los encausados que, según Anticorrupción, no está demostrada.
