Anticapitalistas plantea un órdago a Sánchez para que “se retrate ante la sociedad”

La corriente Anticapitalistas ha pedido a Pablo Iglesias que reconsidere su estrategia política de seguir exigiendo un Gobierno de coalición a Pedro Sánchez. Por el contrario, este sector crítico de Podemos reclama al líder de la formación morada que negocie con los socialistas un programa previo como condición a la investidura del presidente en funciones, un paquete que contiene medidas que van desde profundas reformas del mercado laboral español a la celebración de un referéndum en Cataluña (siempre negociable) como vía para solucionar el conflicto.

Presentando estas propuestas a Sánchez, Anticapitalistas cree que el presidente del Gobierno en funciones “se retrataría ante la sociedad” y quedaría claro si está dispuesto a hacer políticas de izquierdas en beneficio de las clases trabajadoras o “pretende seguir gobernando para el Íbex 35 y las élites, como ha hecho el PSOE en sus diferentes etapas de Gobierno”.

El diagnóstico que hace la corriente Anticapitalista revela importantes divergencias en el punto de vista respecto a la estrategia que Podemos debería adoptar para retomar la negociación rota con el PSOE. Con todo, cree que Unidas Podemos “tiene derecho a entrar en el Ejecutivo”, aunque insiste en que estratégicamente es mejor que no esté. El grave riesgo que percibe el portavoz de la corriente, Raúl Camargo, para la formación morada, es que entrando en el Consejo de Ministros el partido de Iglesias quede comprometido y atado con el PSOE en cuanto a las “políticas de austeridad que vienen desde Europa o con los consensos básicos del régimen del 78”.

Según fuentes de Anticapitalistas consultadas por Diario16, el discurso del Gobierno de coalición ha dejado de lado tres cuestiones que es preciso retomar. “En primer lugar, establecer las demandas esenciales en este momento para defender los intereses de la mayoría social. En segundo lugar, tener clara la naturaleza del partido socialista y, por tanto, qué se puede esperar del mismo sin que exista una fuerte presión y exigencia desde la izquierda. Y, finalmente, valorar la correlación de fuerza electoral y social existente entre el PSOE y la izquierda para evitar la subordinación de esta”.

Los objetivos de la izquierda Anticapitalista en este momento son tres: impedir que gobierne la derecha −asunto no descartable en el horizonte de la no deseable convocatoria electoral de otoño, ante la cual el PSOE muestra un “irresponsable exceso de confianza”−; conseguir “mejoras inmediatas para la gente trabajadora y los sectores populares”; y trazar un horizonte ecosocialista y feminista en el que encuadrar cada paso táctico, o lo que es lo mismo, “ofrecer un proyecto de sociedad justa, democrática, igualitaria y sostenible”. “Todo ello necesita de una estrategia de la cual la mera táctica gobernista carece”, asegura.

Entre las 20 medidas irrenunciables de emergencia democrática, social y ambiental propuestas por la corriente Anticapitalista destacan movilizar todos los recursos económicos y establecer el marco legal y cultural adecuado para combatir las violencias machistas dentro y fuera de la pareja o de la expareja; impulso inmediato de medidas unilaterales sin esperar a acuerdos internacionales para evitar la emisión de gases de efecto invernadero en la industria, el transporte, la agricultura y los servicios; poner fin a la política represiva sobre las aspiraciones democráticas del pueblo catalán; posibilitar el referéndum vinculante que reclama la mayoría de la sociedad catalana; derogar la ley mordaza que supone un grave riesgo para nuestras libertades, y acabar con cualquier mecanismo que atente contra los derechos de las personas migrantes como los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Además, proponen exhumar al franquismo de las instituciones y juzgar sus crímenes y a sus criminales; derogar las dos reformas laborales que lastran los derechos sociales y sindicales; potenciar la enseñanza y escolarización pública y poner fin a la financiación de la concertada; aumentar el gasto e inversión en la enseñanza universitaria pública; situar como prioridad el apoyo a la investigación; blindar las pensiones y equiparar las contributivas y no contributivas; subida inmediata del salario mínimo interprofesional; asegurar que ninguna percepción sea por pensión, prestación por desempleo o salarial es inferior a 1.200 euros; aumentar los salarios de las y los empleados de la función pública para que recuperen el nivel de los ingresos perdido a causa de las medidas austericidas e impulsar la contratación pública masiva que permita asegurar los servicios públicos; acabar con la precariedad y el modelo de contratación que la ampara; adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad salarial de mujeres y hombres y evitar las trampas a la igualdad real mediante la legislación que permita detectar y penalizar los fraudes en la misma redacción sobre categorías de los convenios, en los mecanismos para la asignación de funciones y en los ascensos. Por último, apuesta por establecer una ruta de subida general de los salarios resultado de la combinación entre la acción parlamentaria y la sindical; regular precios del alquiler y aprobar las propuestas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas; prohibir los despidos en las empresas con beneficios; y modificar el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al gasto social y la inversión pública.