El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe Anual 2021, que recoge las principales líneas de actuación de la institución Defensor del Pueblo el pasado año.
En 2021, desde el Defensor del Pueblo se tramitaron 29.401 expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Además, se formularon 2.231 resoluciones a las administraciones. De ellas, se aceptaron 513, se rechazaron 185, siguen sin respuesta 784. El resto se encuentran en estudio o pendientes de recibir más información.
Ángel Gabilondo, que ha acudido al Congreso de los Diputados junto a las dos adjuntas de la Institución, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, ha destacado que este Informe es un ejercicio de comunicación a la ciudadanía y “una toma de posición que responde a la defensa de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en definitiva, de los derechos humanos”.
En este sentido, se ha referido a la invasión de Ucrania por Rusia y ha señalado que “nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera magnitud que obliga a atender su repercusión en los derechos humanos de millones de personas, y a trabajar por facilitarles el refugio y la ayuda que precisan”.
Ángel Gabilondo ha mostrado su preocupación por los más de cuatro millones de personas que han tenido que abandonar Ucrania. “Muchas de ellas han llegado a España y esto requiere un singular esfuerzo para acogerlos y ofrecerles la posibilidad de que emprendan aquí una nueva vida, digna y segura”, ha asegurado.
Principales actuaciones
Tras recordar que las tareas y actuaciones de este informe corresponden casi en su totalidad al periodo de Francisco Fernández Marugán, a quién agradeció su labor, Ángel Gabilondo hizo un repaso de las principales actuaciones de la Institución en 2021, un año marcado por las secuelas del impacto de la COVID-19.
De las 2.245 quejas sobre sanidad, el Defensor ha destacado las relativas a la saturación de los centros de salud; el aumento de las listas de espera; la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, las dificultades en la aplicación del certificado COVID o el elevado precio de las PCR.
El Defensor del Pueblo ha apuntado que 2022, y con la confianza en la superación de la pandemia, “es el momento de adoptar planes y medidas concretas para impulsar los servicios públicos de atención sanitaria en todos los niveles, incidiendo en aquellos aspectos y servicios cuya debilidad se ha hecho mas evidente en esta crisis”
Ángel Gabilondo ha subrayado, además, al impacto de la COVID en la atención residencial de personas mayores, dependientes o con discapacidad y ha resaltado que esta crisis ha supuesto una verdadera emergencia social para muchas personas.
Asimismo, ha insistido en que es necesario que las administraciones públicas garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los trámites administrativos para acceder a las prestaciones sociales y ha pedido soluciones efectivas, en especial para las personas de edad avanzada o con menos medios o conocimiento del uso de las nuevas tecnologías.
En materia educativa ha repasado los problemas que la pandemia ha ocasionado en colegios e institutos. En el ámbito universitario, ha destacado las quejas relacionadas con la convalidación y homologación de títulos y cuestiones relativas a becas y ayudas.
También ha condenado la violencia contra las mujeres y ha hecho hincapié en que es necesariomejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas y sus hijos e hijas, y facilitarles el acceso a los recursos disponibles, desde la intervención de emergencia hasta la integración social.
Ángel Gabilondo ha mostrado su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda y ha instado a aumentar el parque público de viviendas sociales y a establecer procedimientos de adjudicación más ágiles y transparentes.
En materia económica, la Institución ha seguido con interés el proceso de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. El Defensor espera que este nuevo organismo mejore la tramitación y resolución de las reclamaciones de los ciudadanos.
Además, ha explicado que se tramitaron expedientes sobre el servicio eléctrico -suministro, facturación, arbitrariedad con los consumos estimados o con el reconocimiento del bono social eléctrico y del bono social térmico- y que actuó de oficio por la opacidad del modelo de factura eléctrica.
En relación al empleo público, ha vuelto a alertar sobre la elevada tasa de temporalidad y ha pedido medidas estructurales para garantizar la suficiencia de personal, especialmente en el sector sanitario.
Ángel Gabilondo también ha aludido a la cada vez mayor preocupación ciudadana por el medio ambiente. Ello se reflejó en las quejas recibidas por el impacto de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en espacios protegidos. La Institución actuó por la degradación del Mar Menor, la situación de Doñana o la contaminación de algunas ciudades.
En materia migratoria, ha solicitado un refuerzo de los servicios públicos para mejorar el sistema de acogida y la recepción y protección de las personas que llegan a nuestras fronteras. Ángel Gabilondo ha expuesto algunas actuaciones destacadas en Ceuta, Melilla o Canarias, o las resoluciones formuladas para incrementar la protección de los menores extranjeros no acompañados.
El Defensor ha valorado que las recomendaciones de la Institución para mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género, y acabar con el uso de contenciones mecánicas en los Centros de Internamiento para Menores Infractores hayan sido recogidas en la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Además, Ángel Gabilondo se ha referido a los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA y ha subrayado que las soluciones se deben abordar desde dos perspectivas: la justicia (juzgar) y la verdad (conocer).
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha recordado que hay asuntos que todavía siguen pendientes de resolución, entre ellos, la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real y los casos de abusos y explotación sufridos por menores tutelados en diversas comunidades autónomas. También ha mencionado la actuación realizada para conocer cómo se estaba protegiendo a un menor en Canet de Mar y a su familia ante la presión que reconocía sentirse sometida tras haber reclamado clases en castellano.
