Tal y como publicamos el 27 de marzo, Diario16 recibió la información de fuentes que, a través de fuentes policiales, afirmaban que Ana Patricia Botín podría haber viajado a su residencia en Gstaad, Suiza, lo cual hubiera supuesto una verdadera irresponsabilidad social y un desprecio a las decisiones del Gobierno adoptadas para frenar la crisis sanitaria del coronavirus.

Más grave fue que esa marcha a Suiza de la presidenta del Santander pudo haberse producido entre el lunes de 23 de marzo y el martes 24, es decir, en pleno vigor del Real Decreto aprobado por el Gobierno para la declaración del estado de alarma que limita la libertad de movimientos de todos, insistimos, de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, Ana Patricia Botín incluida.

Las mismas fuentes han afirmado a Diario16 que la presidenta del Santander tenía previsto su regreso a España a lo largo del miércoles 1 de abril. En concreto, tendría previsto aterrizar con su avión privado en el aeropuerto militar de Torrejón.

Este movimiento de Ana Patricia Botín está prohibido por los decretos del Gobierno respecto a las restricciones de la movilidad de todos y todas las ciudadanas, Ana Patricia Botín incluida. Concretamente, en referencia a las segundas viviendas, se indica claramente que están prohibidos los desplazamientos a éstas y si ya se encontraran en ellas, se considerarán vivienda habitual, debiendo permanecer en las mismas.

Por tanto, Ana Patricia Botín tendría prohibido el regreso desde Suiza, que, al fin y al cabo, es una de sus segundas viviendas que, según el decreto, ha pasado ya a ser vivienda habitual. El posible regreso de Suiza de la presidenta del Santander supone, consecuentemente, una violación de la ley y para ello hay determinadas una serie de sanciones, en dependencia de la gravedad que la fuerza policial determine. En este caso, estaríamos hablando de una infracción grave, por lo que está estipulada una sanción de entre 601 a 30.000 euros. Sin embargo, si se produjera resistencia a la autoridad como, por ejemplo, un «¿usted sabe quién soy yo?», la multa podría alcanzar los 600.000 euros.

Nuestras fuentes afirman que han recibido la información de fuentes policiales. Por tanto, es de suponer que en Torrejón estarían esperando varios agentes para sancionar a Ana Patricia Botín de producirse el regreso de Suiza que nos informan las mencionadas fuentes.

En el artículo anterior, se le pidió que desmintiera a nuestras fuentes si la información no se correspondía exactamente a la realidad. Ya en una ocasión utilizó a Miguel Ángel Revilla para desmentir a Diario16. La señora Botín no hizo nada. Ahora tiene otra oportunidad de hacerlo y, si no es así, al menos que muestre públicamente el recibo de la multa que le debería haber sido impuesta por las Fuerzas y Seguridad del Estado.

Lo grave es que se la hubiera permitido tanto irse como regresar. ¿Quién se lo habría permitido? ¿Quién estaría permitiendo que aún se mantengan unos privilegios y una impunidad más propios del absolutismo ilustrado o del medievo que del siglo XXI? La presencia en una Junta de Accionistas no es causa para saltarse lo que dicen las leyes. Más aún cuando la celebración de dicho evento está pendiente de si un juez impone medidas cautelares sobre la misma.

El pueblo español está sufriendo un confinamiento muy duro y está demostrando su responsabilidad social aguantándolo. La ciudadanía ha entendido a la perfección que ahora es el momento de evitar contagios por el COVID-19 y que su misión es protegerse y proteger a los demás. Sin embargo, parece que la señora Ana Patricia Botín se sintió por encima del resto de los mortales y, según la información de nuestras fuentes, pudo haberse marchado a Suiza.

El pueblo tiene que saber y la crítica ilustrada debe continuar con el fin de seguir insistiendo en desenmascarar, desde las reflexiones y el pensamiento, la mediocridad y la ambición de poder de los traidores y las traidoras al pueblo y contra el pueblo.

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