Ana Patricia Botín reconoció obligaciones contractuales con Orcel

En la mañana de ayer, en el Salón de Actos de los juzgados de Plaza de Castilla, se celebró el juicio del Caso Andrea Orcel en el que sólo participó Ana Patricia Botín para someterse al interrogatorio del abogado del banquero italiano.

Tras un debate inicial de unas cuestiones previas sobre la renuncia de Andrea Orcel a ciertas peticiones de su demanda, como la reposición como consejero delegado del Santander, pretensión que devenía imposible tras su reciente nombramiento como CEO de Unicredit, la reducción de la reclamación de cinco a dos anualidades también derivada de su reciente nombramiento y sobre la posibilidad de que Jaime Pérez Renovales no pudiera prestar declaración como testigo por su condición de apoderado general del banco, se ha procedido al interrogatorio de Ana Patricia Botín.

La declaración se prolongó durante más de una hora. Según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, la presidenta del Santander eludió sistemáticamente contestar a las preguntas del letrado de Andrea Orcel, Álvaro Remón Peñalver.

Una declaración perfectamente preparada

Para ello, repitió reiterativamente las frases que llevaba preparadas que se prolongaban una eternidad con circunloquios y exposiciones formuladas de manera muy pausada con la intención de hacer el interrogatorio anodino y excesivamente largo como para que el juez hubiese tratado de acortarlo.

Pocas veces los jueces permiten a los declarantes divagar y eludir contestar de manera precisa a las preguntas

Álvaro Remón se vio obligado en varias ocasiones a interrumpir a la presidenta del Santander para tratar de impedir que evadiese sus preguntas constantemente y desviara la respuesta de lo que se le estaba preguntando. Lo sorprendente es que el juez consintiera algo que, si la persona interrogada hubiera sido otra, no habría consentido, incluso sin responder a lo que se le preguntaba.

Orcel, por su parte, asistía tranquilo e impasible detrás de Ana Patricia Botín escuchando sus respuestas evasivas e inconcluyentes. Las mismas fuentes jurídicas consultadas por Diario16 mantienen que pocas veces los jueces permiten a los declarantes divagar y eludir contestar de manera precisa a las preguntas, puesto que el artículo 307 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que puedan considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuya respuesta se trata de eludir.

Botín trató de esquivar las preguntas más incisivas del letrado de Orcel en las que, sin andarse por las ramas y de forma directa, le preguntaba por el contenido de las actas del Consejo de Administración o sobre el informe que el Santander encargó a la consultora de recursos humanos Willis Tower Watson en el que se daba el visto bueno a las condiciones de contratación de Orcel que consideraba ajustadas a las del mercado. De este modo, se deshizo la endeble argumentación de Ana Patricia Botín.

Obligación contractual de Orcel

La presidenta del Santander intentó por todos los medios de luchar contra las pruebas que demostraban el carácter contractual de lo que Botín denominó «carta-oferta». Sin embargo, le traicionó el subconsciente al reconocer que Orcel estaba obligado contractualmente a conseguir que UBS abonase la mayor parte de su indemnización.

Fue en ese momento es cuando Álvaro Remón, abogado de Orcel, sentenció a Ana Patricia Botín al apostillar que si Orcel tenía obligaciones contractuales, como acababa de decir la presidenta del banco cántabro, era porque existía un contrato y ese contrato obligaría tanto a Orcel como al Santander.

En una especie de huida hacia delante, Botín trató de recurrir al argumento de que las cantidades eran muy altas y que el Santander como banco comercial no podía hacer frente a las mismas, lo que resulta una excusa muy débil para convencer a un juez. Sobre todo, cuando a lo largo de la historia del Banco Santander se han pagado indemnizaciones multimillonarias a distintos ejecutivos como Alfredo Saenz, Jose María Amusátegui, Francisco Luzón o Ángel Corcóstegui a quien se le dieron más de 100 millones de euros para que dejase el Santander con 51 años con el único propósito de que el difunto Emilio Botín tuviese vía libre al frente del banco.

A Ana Patricia Botín le traicionó el subconsciente al reconocer que Orcel estaba obligado contractualmente a conseguir que UBS abonase la mayor parte de su indemnización.

Botín reconoció que Orcel fue el mejor asesor del Santander

La argumentación del Santander para no cumplir con lo acordado con Orcel, por la que se pretende hacer ver que no existió un contrato sino una «carta-oferta» o que las altas cifras fueron las que frustraron la contratación, no son compatibles con el hecho de haber llevado a cabo una presentación del banquero italiano como nuevo consejero delegado a «bombo y platillo» sin tener acordados todos los pormenores. Este hecho evidencia que los acuerdos económicos no influían para nada en el nombramiento que estaba ya cerrado y sólo pendiente de los flecos económicos de cuánto debían abonar UBS y el Santander.

Además, Ana Patricia Botín ha reconocido que Andrea Orcel había sido el mejor asesor que había tenido el Santander durante muchos años, habiendo aconsejado al banco cántabro en infinidad de operaciones multimillonarias.

Esta afirmación no se compadece con el hecho de haber prescindido de sus servicios. Si Orcel asesoró al Santander durante tantos años y en tantas operaciones haciéndole ganar tantos millones de euros a la entidad, resulta inconsistente mantener que se desestimó la contratación de un banquero que les hizo ganar tantos millones, siendo además de justicia que esos tan importantes servicios prestados por el italiano fueran cumplidamente agradecidos con una compensación económica merecida.

Este hecho llega en medio del debate actual sobre las remuneraciones de los altos ejecutivos de banca. Una accionista minoritaria se hacía dos preguntas antes de la Junta General: ¿Qué ha hecho Ana Patricia Botín para el Banco Santander que le haga merecedora de los más de 10 millones de euros que percibe anualmente? ¿Llevar la acción de 7,70€ a mínimos de 1,4€?

La aprobación de la Junta: un argumento vacío

La presidenta del Santander también recurrió al argumento de que el nombramiento debía ser aprobado por la Junta de Accionistas. Este argumento resulta poco creíble cuando los máximos accionistas del banco estaban conformes con la contratación del banquero italiano.

Por otro lado, Ana Patricia Botín maneja la Junta a su antojo a través de las delegaciones de voto y hubiese conseguido que se aprobase sin ningún problema el nombramiento de Orcel. Habría que ver cuántos acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta de Accionistas han sido rechazados durante la presidencia de la señora Botín desde septiembre de 2014 hasta hoy, o en los últimos 50 años.

Causó sorpresa entre los asistentes que la presidenta del Santander haya hecho que la funcionaria del juzgado recogiese su bolso para sacar las gafas con ocasión de la exhibición y lectura de un documento.

Como consecuencia de ese manejo de la Junta de Accionistas del Santander por su presidenta, el próximo 22 de junio Ana Patricia Botín tendrá que acudir a declarar de nuevo, en calidad de demandada, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, por la demanda interpuesta por accionista Eduardo Martín-Duarte en la que, tal y como publicó Diario16 en exclusiva, la acusa de aprovecharse de los medios del banco para captar delegaciones y manipular la junta con la redacción de la tarjeta de asistencia y delegación que el demandante califica de capciosa.

La presidenta del Santander llevaba tan bien preparado su discurso que su letrado no ha tenido que formular casi preguntas. El interrogatorio de Ana Patricia Botín terminó con un «final speech» en el que llegó a manifestar que ella y el Consejo de Administración del Santander siempre actúan de buena fe. Esto sorprende y que se lo digan a los afectados del Popular, de los Valores Santander, de Madoff, de Inversión Hogar, de las cesiones de crédito y tantos otros que han sufrido las argucias e incumplimientos reiterados del Banco Santander.

La funcionaria y el bolso de Ana Patricia Botín

Durante esta parte del juicio se produjeron diferentes anécdotas como que el juez de la causa reconociese en medio del interrogatorio que tenía sus ahorros en el Banco Santander, afirmación imprudente e improcedente que no debe hacer un magistrado y que va en contra de la imagen de imparcialidad que debe dar siempre la judicatura.

Del mismo modo causó sorpresa entre los asistentes que la presidenta del Santander haya hecho que la funcionaria del juzgado recogiese su bolso para sacar las gafas con ocasión de la exhibición y lectura de un documento.

Tras su declaración, Ana Patricia Botín no ha querido continuar en la Sala y se le permitió que la abandonara, lo que podría ser contrario a la obligación legal de incomunicación de los declarantes, ya que faltaban por declarar Jaime Pérez Renovales y Roberto di Bernardini.

Finalmente, la vista fue suspendida para que la prueba testifical sea celebrada en unidad de acto ante la circunstancia de que los testigos Axel A. Weber y Mark Shelton, presidente y consejero delegado del banco suizo UBS, no podían comparecer hoy por la situación derivada del Covid19.

El Santander, la Justicia, Pedro Sánchez y una democracia fallida

¿Hasta cuándo se van a permitir estos privilegios a Ana Patricia Botín? ¿Por qué los poderes democráticos se someten a una entidad financiera privada y a los intereses de su presidenta? ¿Por qué, desde el Ejecutivo, se sigue permitiendo esto?

Los casos en los que el Santander se ha visto beneficiado de las decisiones judiciales, a pesar de que todas las pruebas fueran en su contra, son innumerables en España. Un ejemplo de ello podría ser los constantes aplazamientos que, por una causa u otra, se han producido de la demanda interpuesta por Andrea Orcel contra el Santander que, teniendo en cuenta que el banquero italiano ya habrá sido nombrado Consejero Delegado de Unicredit, podría provocar un conflicto entre las dos entidades. ¿Se están utilizando estos aplazamientos como un modo de presionar a Orcel para que retire su demanda?

¿Protege una parte de la Administración de Justicia al Santander? Los datos son elocuentes, sobre todo, si se confirmara la existencia de una grabación, supuestamente en posesión de Andrea Orcel, en la que un alto directivo del banco cántabro, presuntamente Jaime Pérez Renovales, se jactaba o amenazaba al transalpino con una frase en la que supuestamente se afirmaba que el Santander sólo pierde en los tribunales los casos que quiere. Esta afirmación, de demostrarse, es un verdadero atentado al Estado de Derecho y llevaría a España a convertirse en un verdadero país fallido.

¿Por qué Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Juan Carlos Campo o Dolores Delgado siguen permitiendo una situación que debilita a la reputación de España y de su Administración de Justicia? El particular e irresponsable comportamiento del presidente del Gobierno, además, no tiene una respuesta recíproca por parte de Ana Patricia Botín, puesto que, por ejemplo, hoy la presidenta del Santander no asistirá a la presentación del proyecto «España puede. Recuperación, Transformación, Resiliencia», evento al que sí asistirán, por cierto, José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Josep Oliú (Banco Sabadell), Antonio Huertas (Mapfre), Francisco Reynés (Naturgy), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Rafael del Pino (Ferrovial) o Carlos Torres (BBVA), entre otros.