Ana Patricia Botín e Isabel Díaz Ayuso, unidas por obra y gracia de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, durante su gobierno, ha tenido aciertos y farragosos errores, como la «venta» del Ministerio de Igualdad a Podemos o el cambio unilateral de la postura de España respecto al Sáhara Occidental, que están teniendo un elevado coste político y social. Entre sus aciertos está el impuesto a la banca, porque, en medio de este escenario inflacionario, las entidades financieras tienen que aportar para que las consecuencias de esta crisis no recaigan sólo sobre las clases medias y trabajadoras, tal y como ocurrió en la recesión global de 2008.

Los beneficios que están obteniendo los bancos justifican el impuesto. En los 9 primeros meses de 2022 las principales entidades financieras de España (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja e Ibercaja) comunicaron unos beneficios conjuntos de 15.752 millones de euros.

Evidentemente, esto es una buena noticia para los grandes accionistas de estos bancos, que cobrarán dividendos millonarios. Sin embargo, ¿no tienen una responsabilidad social hacia la ciudadanía que, además, son también sus clientes? Al parecer, no, como se puede comprobar por la durísima oposición del sector financiero español, con la complicidad del Banco Central Europeo, a este impuesto justo y necesario.

Pedro Sánchez ha logrado unir a Ana Patricia Botín y a Isabel Díaz Ayuso, dos mujeres con poder que ya han mostrado su buena sintonía en varias ocasiones. En el año 2021, la presidenta del Santander no dudó en alabar a Ayuso por el trabajo realizado tras el paso de la tormenta de nieve Filomena.

Por su parte, la presidenta madrileña, en plena pandemia, se derritió en elogios a Botín por la donación que había hecho para los servicios sanitarios.

En la actualidad, el Santander es uno de los tres bancos seleccionados por la Comunidad de Madrid para la venta de las hipotecas del programa «Mi Primera Vivienda» que tiene como objetivo la emancipación de los jóvenes con un aval de dinero público de hasta el 95%. La entidad cántabra, además, fue la primera en comercializar este producto.

Ayuso y Botín unidas contra Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha demostrado que es una defensora a ultranza de los privilegios de los poderosos, ya sean los ricos, ya sean las grandes empresas y, en consecuencia, los bancos.

Por esa razón, en el XXIX Encuentro del Sector Financiero, celebrado en Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirmó que «el Gobierno quiere introducir un nuevo impuesto a la banca cuyo único objetivo es recaudar y el único resultado, como siempre, empobrecer masivamente. Poco les importa los sucesivos avisos de organismos nacionales, la incertidumbre económica o el informe del Banco Central Europeo. Es lo que tiene tomar decisiones políticas únicamente conforme a una agenda ideológica. El impuesto a la banca no es buena idea. Pero es aún más preocupante es la estrategia de erosión que ha emprendido el Gobierno con toda institución que le marca los límites. El BCE ha sido nuestro principal acreedor desde que estalló la crisis del Covid19. Por eso concentra el 34% de nuestra deuda pública y gracias a él la prima de riesgo está a raya y podemos pagar los servicios públicos mes a mes. Nunca nadie en la historia ha sacado nada positivo de desdeñar la fuente que le proporciona energía. Con impuestos improvisados como el de la banca y el del sector energético, que se crean con una Ley donde se esconde como enmienda a su vez, el impuesto de Patrimonio, todo va a ir a peor. Hacerlo contra regiones como la Comunidad de Madrid y hacerlo de esta manera es de una nocturnidad pasmosa».

Por su parte, Ana Patricia Botín, en una entrevista concedida al Financial Times, afirmó que «los impuestos más altos deberían ser iguales para todas las empresas y… los gobiernos tienen que averiguar cuál es el nivel correcto de impuestos que realmente permite un crecimiento y una inversión sostenibles […] Necesitamos… un crecimiento sostenible, un crecimiento no inflacionario, y los bancos son fundamentales en esa ecuación».

Además, la presidenta del Santander lanzó una amenaza velada al gobierno al señalar, citando datos de la Asociación Española de Banca, que si se obligara a las entidades financieras a pagar 3.000 millones por este impuesto, iban a reducir en 50.000 millones de euros su capacidad para la concesión de préstamos.

En consecuencia, Pedro Sánchez ha logrado que dos personas tan diferentes se unan para la defensa de los privilegios de la banca, un sector que ha sido regado de dinero público para limpiar sus balances, y no sólo por el rescate financiero, sino con otros procesos de los que, por cierto, el Santander ha sido muy beneficiado. No hay más que recordar Banesto y el Banco Popular.