Demoledor informe de Amnistía Internacional (AI) sobre lo ocurrido en España en las residencias de mayores durante la pandemia. Así, las comunidades de Madrid y Cataluña salen muy mal paradas en este estudio donde se afirma que se privó a los residentes de su derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar, y a una muerte digna.

Amnistía Internacional documenta en esta nueva investigación cómo la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
La situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola de la pandemia, según advierte AI. A su juicio, deben garantizarse plenamente las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia.

Derivación a hospitales

La derivación hospitalaria, tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado en la práctica discriminatoria y las disposiciones que la regulan no han sido aún modificadas y siguen vigentes. Tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir. El momento de hacerlo es ahora.
A corto plazo, según AI, se deben cambiar los protocolos autonómicos que han generado esta situación y asegurar que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. También es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado.

Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España es el nombre del informe de Amnistía Internacional donde se lamenta que falten datos oficiales y realistas sobre las muertes y los infectados en las residencias por Covid-19.

«A 18 de noviembre de 2020, no hay datos consolidados», deja constancia AI en su investigación. De hecho, en junio había 28.000 personas confirmadas fallecidas por COVID-19, pero muchos de esos 20.000 de residencias (alrededor de 50%) no estaban dentro de esos 28.000 porque no estaban diagnosticados.

Especialmente crítica se muestra la organización con la decisión de la Comunidad de Madrid con la orden de no derivar sanitariamente a los mayores a los hospitales, lo que evitó, a su juicio, que los mayores fueran enviados a centros hospitalarios.

También es muy crítico el informe con el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat de Catalunya que recomendaba no ingresar en UCI a pacientes de más de 80 años. Se basan también en testimonios, como el de Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña. El médico le dijo que «tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así».

Una emergencia sanitaria no es excusa, para el director de AI España, Beltrán, «para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”.

Medidas tardías e insuficientes

Pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia que estamos viviendo. Siguen sin estar plenamente garantizadas las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. Además, las disposiciones en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña, que recomiendan tratar a las personas mayores en las residencias y no trasladarlas a los hospitales, resultaron discriminatorias y no han sido aún modificadas. Por si fuera poco, todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de alta presión asistencial existentes.

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