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Amnistía Internacional denuncia que Rusia, durante la guerra, sigue manteniendo la presión contra activistas LGTBI

En España es urgente que se apruebe la Ley de Igualdad LGTBI y preocupa el aumento de las denuncias de delitos de odio contra personas del colectivo

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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La guerra en Ucrania no ha dado tregua al hostigamiento que las autoridades rusas llevan ejerciendo contra activistas del movimiento LGTBI desde hace décadas. Las personas que defienden los derechos humanos de este colectivo siguen sin poder realizar su trabajo sin obstáculos, amenazados y sin poder expresarse libremente.

En un momento en el que cualquier expresión pública está estrictamente controlada en Rusia, personas como Aleksandra Skochilenko, artista y activista bisexual, se enfrentan a reclusión preventiva tras hacer una intervención artística en la que cambió los precios de los productos de un supermercado por pegatinas contrarias a la guerra.

Día del Orgullo LGTBI

Amnistía Internacional, por otro lado, ha recogido cerca de 20.000 firmas para pedir que cese el hostigamiento contra Yulia Tsvetkova. Artista y activista LGTBI, acusada desde 2019 de creación y difusión de pornografía por una serie de dibujos de mujeres desnudas publicadas en sus redes sociales. Yulia podría ser condenada a tres años y medio de prisión el próximo 12 de julio. Yulia Tsvetkova ya ha sufrido dos condenas administrativas en el pasado por su activismo LGTBI, y tiene pendiente otra tercera por los mismos motivos.

“Con motivo del próximo 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, Amnistía Internacional recuerda que sigue habiendo mucho por hacer en cuanto a la defensa de los derechos humanos de las personas del colectivo LGTBI. Se mantiene muy elevado el número de países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, en total 70. Aumentan los discursos y delitos de odio, y se incrementa en un 7 por ciento el número de personas trans y no binarias asesinadas”, manifestó Carlos Sanguino, responsable del trabajo LGTBI de Amnistía Internacional España.  

En países como Letonia, Lituania, Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría, Moldavia o Rusia es frecuente la vulneración del derecho a la libertad de expresión y reunión de las personas LGTBI. Además de la continua discriminación que estas personas sufren diariamente.

Radiografía internacional

Leyes que siguen penalizando:

Todavía, 70 Estados penalizan por ley las relaciones entre personas del mismo sexo con castigos físicos y cárcel. En once de ellos puede aplicarse la pena de muerte, según los últimos datos de 2020 de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex-LGTBI).

Una cifra que se sostiene en los últimos años. En África y Asia, se concentran casi la totalidad de los países que mantienen leyes penalizadoras. Como por ejemplo, Camerún, Kenia, Senegal o Uganda (en África);  Bahréin, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez (Oriente Medio y Norte de África); o Indonesia y Malasia (Asia).

Arabia Saudita, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en 12 Estados del Norte) y Yemen son los seis países que aplican la pena de muerte como castigo para las relaciones de personas del mismo sexo.

En Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia la legislación y la aplicación de la ley islámica deja abierta la puerta a que pueda utilizarse la pena de muerte. Aunque no hay constancia de que se esté haciendo.

Países con violencia generalizada LGTBI

Existen países donde la violencia y crímenes de odio contra personas LGTBI son habituales, incluso cuando cuentan con leyes que ofrecen protección al colectivo. En América, en países como Argentina, El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana o Venezuela, se mantienen niveles elevados de crímenes de odio, discriminación, asesinatos y persecución contra activistas LGTBI.

Brasil sigue siendo el país del mundo donde más asesinatos se producen contra las personas trans (125 en 2021). Entre el 1 enero de 2008 y 30 septiembre de 2021 al menos 4.042 personas trans fueron asesinadas en todo el mundo, según las estadísticas del Observatorio de Personas Trans Asesinadas.

El 2021 fue el año con mayor número de asesinatos de personas trans y género-diversas, 375 registrados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Lo que supone un incremento del 7 por ciento con respecto al año anterior.

Derecho a la protesta amenazado

Las marchas del orgullo y actividades LGTBI son frecuentemente amenazadas, invisibilizadas, prohibidas, o no se garantiza su celebración en condiciones adecuadas de seguridad. El pasado 10 de junio, se pudo ver en Turquía cómo las fuerzas de seguridad arremetieron violentamente contra manifestantes pacíficos. Dispersaron una marcha del Orgullo organizada por estudiantes en la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) de Ankara, la capital, donde numerosos estudiantes fueron detenidos.

Algunos avances en los derechos LGTBI

Son ya 31 países los que reconocen legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y nueve países europeos reconocen la autodeterminación de género de las personas trans. Aunque en Europa, 16 países, entre ellos España, todavía siguen solicitando un certificado de salud mental para el reconocimiento legal de género.

Fotografía de España y la Ley de Igualdad LGTBI

España, retrocede en 2021 nueve posiciones en el índice anual Rainbow Europe. Una clasificación del ILGA-Europe que analiza la situación legal y política de las personas LGTBI en 49 países europeos. En igualdad y no discriminación, familia, delitos y discursos de odio, reconocimiento legal de género, derechos personas intersexuales, espacio en la sociedad civil, y asilo. España se sitúa en el puesto undécimo, cuando en 2020 ocupaba el sexto, y en 2011, el segundo.  

“Por eso es imprescindible que se apruebe lo antes posible la Ley de Igualdad LGTBI. Garantiza, entre otros aspectos, que las personas LGTBI alcancen la igualdad legal. Plantea mejoras como la prohibición de terapias de conversión, el reconocimiento legal de género de las personas trans sin necesidad de informe de salud mental ni intervenciones médicas que atentan contra sus derechos humanos. La inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo educativo y la formación del profesorado. Así como la protección internacional de personas refugiadas por motivos de orientación sexual e identidad de género”, destacó Carlos Sanguino.

Por todo ello, activistas de Amnistía Internacional participarán en las marchas del Orgullo LGTBI de este año. El lema “Orgullo de ser” en ciudades como Castellón, Córdoba, Logroño, Madrid, Mérida o Murcia, entre otras.

Delitos de odio con el colectivo LGTBI

“Aunque la situación en España es menos preocupante que en otros países al contener en sus leyes garantías que reconocen y protegen los derechos de las personas LGTBI, se está produciendo un incremento de las denuncias por delitos de odio dirigidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Es necesario que todos estos casos se investiguen adecuadamente, y se tomen las medidas necesarias para actuar eficazmente frente a discursos de odio y al incremento de este tipo de delitos”, señaló Carlos Sanguino.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se recibieron 1.801 denuncias por delitos de odio, el mayor número desde que en 2014 se comenzaron a publicar estadísticas. La cifra supera en un 5,6% las registradas en 2019, cuando se contabilizaron 1.706 casos.

Según el Ministerio, el 83 por ciento de los delitos de odio son por este orden: por conductas racistas o xenófobas, contra la orientación sexual e identidad de género, y por ideología. Los delitos de odio dirigidos a personas por su orientación sexual e identidad de género suben al segundo lugar, con 477 denuncias (el 26,5% del total); una cifra que casi duplica la de 2020, año en el que se registraron 277 denuncias. 

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