Almudena Lastra, la fiscala superior de la Comunidad de Madrid, fue muy criticada cuando se reunió con representantes de los familiares de las 7.291 personas mayores fallecidas que vivían en las residencias de la tercera edad y que no fueron trasladadas a los hospitales.
Lastra manifestó, entonces, que “en la Comunidad de Madrid no pasó nada que no pasara en otra comunidad” y, sobre los llamados protocolos de la vergüenza, las órdenes de la Consejería de Salud para que no se derivasen a los hospitales a los ancianos “más vulnerables”, señaló que “simplemente eran unas recomendaciones, nunca unas prohibiciones”.
Ahora han arreciado las críticas al conocerse su sentencia en la que señala que los insultos racistas al futbolista del Real Madrid, Vinicius, el 18 de septiembre de 2022 en los aledaños del Civitas Metropolitano cuando se iba a disputar un encuentro con el Atlético de Madrid, fueron lanzados “en un contexto de máxima rivalidad”, que “sólo duraron unos segundos” y que “no se pudieron identificar a sus autores”.
En otras palabras, que no había delito de odio alguno qué investigar por lo que archivaba las denuncias presentadas. Uno de los denunciantes, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, calificó de “barbaridad” la sentencia. Y tal vez sea por decisiones como ésta por lo que se ha desatado una campaña contra la imagen de este país al que califican de racista. El “Caso Vinicius” se ha convertido en un asunto de calado internacional con intervenciones de dirigentes y amenazas de conflictos de extraterritorialidad de por medio.
La fiscalía de Madrid, desde que Almudena Lastra se hizo cargo de la institución en mayo de 2021, ha tomado decisiones controvertidas. La última, no presentarse en los interrogatorios que lleva a cabo el juez contra tres altos cargos del Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma por la pandemia. El Ministerio Público pide el archivo por considerar que no hubo delito en esta causa en la que se investigan si hubo irregularidades en la adjudicación de los contratos COVID. Se ha repetido hasta la saciedad que, por muy en desacuerdo que esté la fiscalía con las diligencias abiertas por un juez, su obligación es estar presente en ellas. Y en esta ocasión se ha ausentado lo que podría significar, si así se acuerda, una seria amonestación al subordinado de Lastra encargado de la causa.
Más relevante de cara a la opinión pública fue la decisión de la fiscalía de pedir el archivo de la compra de mascarillas que acabó beneficiando al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En este asunto no intervino directamente la fiscalía superior de Madrid, sino anticorrupción, aunque bajo la coordinación de la unidad madrileña. El argumento utilizado señala que “del análisis y tramitación del contrato de 1,5 millones de suministro de mascarillas, su objeto, precio y ejecución, no permite concretar ilegalidad alguna”. La Fiscalía omitió un importante detalle: las mascarillas adquiridas eran de un modelo mas barato que las que se acordaba en el contrato, y no estaban homologadas de forma directa por Europa.
En otro asunto referido a la presunta venta fraudulenta de mascarillas, esta vez al Ayuntamiento de Madrid, el fiscal pide para los principales investigados, el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina, 15 y 9 años de prisión respectivamente. Hasta ahí todo correcto. Lo que ocurre es que durante la instrucción se pudo constatar que en la estafa debieron intervenir otros sujetos. Se interrogó a la responsable de compras del Consistorio, Elena Collado, y al director general de emergencias, Enrique López. Ambos dicen desconocer la naturaleza de la operación e insisten en que los contratos se llevaron a cabo con arreglo a la normativa. Aún así, las acusaciones particulares insisten en que hay una responsabilidad penal sobre todo en el caso de Elena Collado.
Tampoco se ha podido esclarecer si hubo llamadas por parte de un presunto “primo” del alcalde recomendando a Luceño y Medina. Una llamada que sirvió para que ambos se introdujeran en el Ayuntamiento. Nada de esto han querido investigar en fiscalía que se conforman con responsabilizar a los dos presuntos culpables de un delito de estafa.
Dolores Delgado, cuando fue titular de la fiscalía general del Estado, pidió a los fiscales de las comunidades autónomas un informe sobre casos de abusos sexuales cometidos por religiosos en sus demarcaciones. En Madrid se contestó, en un primer informe, que no existían casos de esa naturaleza. Tuvieron que rectificar porque, al final, se descubrió uno en Alcalá de Henares que estaba en fase de diligencias previas. También hubo que reconocer la existencia de otros cinco casos más, pero, según se señala en el informe, “no intervienen miembros de la iglesia católica: uno es un monitor de gimnasia que trabajaba en un colegio religioso, tres son pastores evangélicos, y el último es dirigente de los testigos de jehová.
Hay más hechos polémicos protagonizados por la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra. Perplejidad en la opinión pública generaron sus declaraciones sobre la represión a los participantes en los botellones. Según Lastra, “es un problema social, no jurídico” y cree que “deben ser los padres los que resuelvan este problema en el seno de las familias”
Desde que Lastra se hizo cargo de la fiscalía de Madrid se critica la falta de diligencia en la institución. Una desidia que, tal y como se ha comprobado en este análisis, es evidente.
