Una oficina de Mapfre.

La Asociación Liberados de Mapfre, el sindicato independiente que defiende los derechos de los trabajadores de la compañía cotizante en el Íbex35, ha arremetido contra la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social y se pregunta si esta unidad de inspección del Ministerio de Trabajo defiende realmente “a los trabajadores que están denunciando su situación o a la empresa”.

El presidente de la entidad, Ángel Díaz, asegura que si los inspectores “se inhiben a favor de los jueces, recomendando al trabajador (la parte más débil) que denuncie en los Juzgados de lo Social, claramente están defendiendo a la empresa, pues es el trabajador quien debe probar y demostrar su situación irregular y en desigualdad de condiciones”.

“Defender al trabajador en caso de duda (que no es el caso)”, apostilla el comunicado de ALM, “es darlo de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y que la empresa (la parte más fuerte) sea quien demuestre que no está cometiendo fraude a la SS y, por tanto, privando de sus derechos laborales al trabajador”, alega.

Para ALM, el fraude de miles de falsos autónomos no solo está mermando la calidad laboral de muchos trabajadores que están pasando por esta situación, “como ha quedado claramente demostrado”, sino también el conjunto de su calidad de vida, con todas sus consecuencias. “Todos estos trabajadores, por colaborar con la Inspección, están siendo tratados como esclavos, sin ningún tipo de derechos y represaliados por Mapfre”. Este sería el caso de J.W., de Tenerife que, encontrándose en el hospital, recuperándose de una operación a corazón abierto, “fruto de la presión y el estrés al que le ha sometido Mapfre”, es trasladado a la oficina de la isla más lejana a su domicilio, “sin ningún tipo de sensibilidad ni delicadeza”. Tal como informó ayer Diario16, J.W. es el primer empleado de Mapfre que ha ganado una denuncia por falsos autónomos contra la compañía multinacional. De ahí que, según la asociación, estemos ante una “supuesta represalia” contra el empleado, que finalmente ha logrado que la Inspección de Trabajo le reconozca sus derechos y le dé de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena.

Según la asociación, a todos los que denuncian les “rescinden sus contratos sin derecho alguno, dejándolos en la indigencia”. “Esta es la reacción ante una denuncia masiva de 3.000 falsos autónomos de manual, de tres mil personas, de tres mil familias, y todos en la misma situación. Pero, ojo, contra una multinacional del Íbex35”.

Desde la Asociación Liberados de Mapfre se han interpuesto innumerables denuncias por la existencia de “más de 15.000 compañeros falsos autónomos que trabajan en Mapfre como APM (Agentes Profesionales de Mapfre)”. Fruto de la colaboración entre la asociación ALM y la Oficina Nacional contra el Fraude de la S.S. (ONLFSS) se han producido ya “cientos de actuaciones de la inspección en las oficinas, poniendo de manifiesto la existencia clara de la figura del falso autónomo en su cadena de trabajo, ya que reúnen los requisitos de dependencia, ajenidad y retribución. Empleados sin derechos, apiñados como hormigas y trabajando en cubículos, edificios repletos de ellos”.

ALM lamenta que la sociedad se sorprenda cuando “vemos reportajes sobre las condiciones laborales de personas de países asiáticos mientras lo tenemos delante de nuestros propios ojos”, añade el comunicado. Tanto es así que, en dos casos, Mapfre “se ha visto obligada a reconocer esta situación y a indemnizarlos incluso antes de llegar a juicio. Tenemos las demandas. Incluso ha tenido que ofrecer, de forma urgente, la contratación a 500 trabajadores que estaban como APM, concretamente agentes especializados en el ramo de Vida y Salud, para intentar paralizar la lluvia de denuncias que demostraban la existencia de los falsos autónomos en toda la red comercial de la multinacional”.

ALM lamenta además que se hayan intentado cerrar las “actuaciones inspectoras” que debían derivar en miles de altas de oficio en el régimen de trabajadores por cuenta ajena, en el ingreso de decenas de millones de euros de recaudación para la Seguridad Social y en otros tantos en concepto de sanciones. A juicio de ALM, esta situación está impidiendo la recaudación de millones de euros para las arcas públicas, “ahora tan necesitadas por el problema de las pensiones y, lo más importante, el reconocimiento de los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras que son los que levantan cada día este país”.

Mientras tanto, los juicios por despidos improcedentes en Mapfre continúan creciendo “como una bola de nieve y no van a cesar”. La empresa ha optado por “cerrar acuerdos y tapar casos con indemnizaciones generosas y cláusulas de confidencialidad, porque no quiere manchar su imagen con ni siquiera una sentencia en contra”

Y añade el comunicado: “Desde la ALM no estamos dispuestos a vendernos y estamos convencidos de que las sentencias a nuestro favor llegarán. Vamos a luchar por los derechos de todos los agentes de Mapfre, todos esos derechos que también nos arrebataron a nosotros”.

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