En enero de 1989, el Instituto Nacional de Industria (INI) decidía disolver la sociedad Alkantara Iberian Exports Limited, cuyo principal accionista era el magnate saudí Adnan Kashogui, detenido días antes en Suiza y sobre el que pesaba una orden estadounidense de detención. Según publicó el diario El País en aquellas fechas, Kashogui, que tenía su residencia habitual en la Costa del Sol, formó la citada sociedad en el año 1978. “Su participación en ella, a través de la sociedad Triad International, era del 50%, mientras que el INI tenía un 25%, y el resto era propiedad de la firma española Focoex (Fomento del Comercio Exterior), participada su vez por el Banco Exterior de España”, escribía el periodista de El País Carlos Yárnoz.
Hoy el nombre de esta compañía ha vuelto a salir a relucir en el Congreso de los Diputados, donde varios grupos han pedido que se investigue las actividades presuntamente ilícitas del rey emérito, Juan Carlos I. Ya van nueve veces que las fuerzas parlamentarias han llevado las cuentas del monarca a la sede judicial y siempre se ha rechazado. En esta ocasión, los grupos centran su petición de investigación en las últimas revelaciones en torno a opacidad de la venta de armas a terceros países no democráticos, en la eventual existencia de comisiones ilegales y en la posible participación del propio monarca como comisionista.
Alkantara Iberian Exports Limited es una misteriosa firma con una larga trayectoria. En 1989, fuentes del INI señalaron a El País que Alkantara, con sede social en Londres y oficinas en Arabia Saudí y Madrid, apenas tenía actividad en los últimos años. Añadieron que, además, la presencia en la sociedad de “un hombre polémico” como Kashogui “decidió a la dirección del Instituto Nacional de Industria a disolver la firma, si bien aún hoy deben de quedar pendientes algunos problemas jurídicos para que la empresa quede liquidada definitivamente”.
Fue el 1 de octubre de 1987 cuando el comité de accionistas de Alkantara acordó “dejar inactiva” la sociedad, según fuentes del INI. En diciembre de 1988 la junta de accionistas decidió disolverla y fue el 20 de enero del 89 cuando el Consejo del Instituto Nacional de Industria ratificó la desaparición de la empresa. “Para entonces el nombre de Adnan Kashogui ya había sido citado en numerosos medios de comunicación nacionales y extranjeros como presunto implicado en diversos escándalos internacionales, el más importante de los cuales fue el Irangate”, publicó el rotativo madrileño. El propio Kashogui, en declaraciones a ese periódico en marzo de 1987, afirmó: “Mi objetivo en el asunto Irangate era conseguir la paz para la región, en todo Oriente Próximo ( … ) Nosotros estábamos cargando un 20 por ciento más a las armas que vendíamos a Irán con la idea de entregar ese dinero a la facción moderada iraní ( … ). Oliver North es un tipo despreciable y ante un tribunal de justicia no podría negar que me debe 10 millones de dólares”.
Ya en aquella época se sabía que Kashogui era algo así como el niño mimado del Estado español en Oriente Medio. Las relaciones comerciales del intermediario con las autoridades españolas fueron muy estrechas durante años. La actividad oficial de Alkantara era “el fomento de las exportaciones españolas a países árabes e iberoamericanos”. “En el momento de crearse Alkantara, el presidente del INI era Francisco Jiménez Torres un abogado que posteriormente asesoró a Kashogui en diversas operaciones comerciales con países árabes y que introdujo en España el Saudes Bank”, siempre según El País.
“En sus últimos años de actividad real el presidente de la sociedad era Agustín Mainar, que compaginaba el cargo con el de director comercial del INI. Con anterioridad, la empresa también había estado presidida por Manuel Prado y Colón de Carvajal, ex presidente de Iberia y ex presidente del Instituto de Cultura Hispánica. Esta cobertura oficial española favoreció las operaciones de Alkantara mientras que los hombres de Triad International intervenían como intermediarios de las ventas en diversos países árabes”.
La operación más importante se desarrolló en 1982, cuando el Gobierno de Egipto, a través de Alkantara, compró material bélico español por unos 110.000 millones de pesetas. El pedido incluyó dos corbetas construidas por la Empresa Nacional Bazán, y miles de camiones, autobuses y vehículos blindados BMR-600 fabricados por la Empresa Nacional de Autocamiones SA (ENASA) Bazán y ENASA.
Los problemas económicos de Egipto originaron que las empresas españolas no llegaran a cobrar las cantidades estipuladas (el contrato y la deuda fueron negociados por el ministro de Defensa, Narcís Serra), pero Kashogui sí percibió las comisiones que le correspondían, que una de las empresas afectadas fijó en un 10 diez por ciento aproximadamente.
Para las fuentes oficiales consultadas, los problemas con Kashogui se iniciaron en 1987, pero en marzo de ese mismo año, y al comentar las perspectivas que había para Alkantara, el magnate saudí señalaba que “España puede ser una cabeza de puente ideal para el comercio con Suramérica”.
En esos años, de hecho, las actividades de Triad International, en la que también figuran como accionistas dos hermanos de Kashogui, se extiendieron por América. Así se extendieron las empresas Triad America, con sede en Salt Lake City (EE UU), Triad International (en las islas caribeftas Caimán), y Triad Aviation, que actúa en diversas partes del mundo.
Para las autoridades españolas fue un “alivio” la detención del Kashogui y la excusa perfecta para romper las relaciones comerciales con él.
El pasado vuelve con Alkantara
Hoy, años después, la petición de investigación de todos estos contratos la firman conjuntamente el grupo confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en común, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, así como las cuatro formaciones catalanas, Esquerra, Junts, PDecat y Cup, EH-Bildu, BNG, Más País y Compromís, al considerar que las informaciones desveladas por el diario Público sobre las presuntas actividades de venta de armas en las que el emérito habría participado como comisionista “no dejan duda a la existencia de irregularidades legales y de malversación de fondos públicos”.
Los firmantes consideran que las informaciones publicadas en fechas recientes “la problemática arraigada a la falta de transparencia de la venta de armas del Estado español, especialmente en relación a todas aquellas transacciones comerciales armamentísticas realizadas con Estados no democráticos”. ¿Qué grado de implicación había entre Kashogui y el Estado español?
A juicio de los grupos políticos impulsores de la iniciativa, “esta opacidad, además de impedir conocer el alcance y destino de las transacciones oculta presuntas malversaciones de fondos públicos y altos porcentajes en comisiones de dudosa legalidad». Y en ese sentido, señalan a la vinculación del emérito con la empresa Alkantara Iberian Exports, conformada en 1977 con capital de una compañía árabe y fondos públicos del Estado español al 50, a pesar de lo cual quedó fuera del control de la Agencia Tributaria desde el inicio de su actividad, al radicarse en Londres, y posteriormente en Chipre. Según Público, el rey Juan Carlos I fraguó su fortuna con la venta de armas a países árabes junto a Colón de Carvajal y Kashogui. Décadas después, la empresa Alkantara vuelve a estar en la diana.
Y la doble moral que existe en este país. Por ejemplo entre la familia Pujol y la de Borbón, cuando está claro que los segundos no se conforman con un simple tres por ciento y los chanchullos de los primeros se conocen desde él gobierno de González. Pero esa información la guardaron hasta las vísperas del procéss, cuando Les pareció oportuno revelarla, pero que en realidad no hace daño Al independentismo, sino a los partidos borbónicos y a los jueces fascistas. Aí, virxe… Que mundo, meu
Que no cunda el pánico, nuevamente y van…ni se sabe, el Partido Socialista y Obrero y mucho Español tumbara la comisión de investigación , ya lo decía Pedro en su 407, somos la izquierda, después probó el Falcón y ya no se sabe lo qué son. Costumbres del PSOE.