Algún que otro ejecutivo de las compañías eléctricas puede acabar en Soto del Real

Las compañías eléctricas amenazan con cerrar las centrales nucleares y acudir a los tribunales en respuesta a las medidas de Pedro Sánchez para controlar los abusos en la factura de la luz. A las grandes corporaciones no les ha gustado ni un pelo que el Gobierno haya decidido atravesar el Rubicón que consiste en intervenir los mercados y recortar 2.600 millones de euros de los “beneficios caídos del cielo”, ese maná que el lobby energético se embolsa cada año a costa de robarnos sin pudor.

El cabreo monumental de las grandes multinacionales del Íbex revela que detrás de esta guerra no solo hay un motivo económico, o comercial, o una simple cuestión de oferta y demanda. Hay más, mucho más. Hay una batalla ideológica. Hay un plan ultraliberal preconcebido y puesto en marcha por las élites financieras de este país para acabar con todo vestigio de socialismo y de Estado de bienestar. Hay unas derechas (mayormente PP y Vox) aliadas con los magnates mangantes de la energía para asfixiar a los españoles con la factura de la luz, crear un clima social hostil y hacer caer al Gobierno. Nada es casual.

¿Pero queda alguien, a estas alturas de la película, que dude de que el facturón es una tomadura de pelo al consumidor que todos hemos consentido, religiosa y sumisamente, durante quizá demasiado tiempo? Si el pueblo no se ha echado a la calle antes para reclamar que pare el timo planificado, el fraude tolerado y el butroneo institucionalizado de estos capos de la luz es porque vivimos en España, un país adocenado y servil que traga con lo que le echen hasta que ya no puede más. Había que ponerlos en su sitio y Sánchez lo ha hecho.

Hoy mismo, el presidente del Gobierno ha lanzado un mensaje claro y contundente a las eléctricas: aquí todos tienen que arrimar el hombro para ayudar a la recuperación económica del país, también las grandes estirpes financieras. Sin embargo, se ha quedado corto el líder socialista, porque no se trata solo de la responsabilidad social corporativa que obliga a las grandes compañías en un momento especialmente crítico para la nación, sino de que nos están atracando, de que se está cometiendo un delito impune, de que ese recibo maldito que llega cada mes a los hogares de las familias españolas es el salvoconducto perfecto de los saqueadores.

No cabe duda de que el plan Sánchez que recorta “beneficios caídos del cielo” a los buques insignia de la economía española se puede calificar de intervencionista y netamente socialista, ya que trata de defender el interés general de los españoles, la justicia social y unos mínimos derechos de los consumidores ante el sindiós de la factura, cuyo precio bate un nuevo récord cada día. Por eso escuece tanto a las eléctricas, por eso se rebelan los tiburones financieros y lanzan dentelladas y amenazan con ir a Estrasburgo, si es preciso, para seguir defendiendo su pillaje secular y autorizado.

Las derechas se alían con las eléctricas

Tal como se preveía, Pablo Casado no ha tardado en tachar las medidas de chavistas y bolivarianas y habla de expropiación encubierta. Este hombre demuestra su ignorancia cada día. No solo no se ha leído la Constitución, que obliga a cualquier Gobierno a velar por el bienestar de los ciudadanos, sino que ignora cómo funciona el modelo liberal económico que dice defender. El oligopolio de las eléctricas atenta contra la libre competencia, contra las leyes del mercado y contra los derechos de las clases bajas y medias, que están siendo masacradas por los rateros hidroeléctricos. El problema es que Casado, por no leer, no ha leído ni a Adam Smith, que es de los suyos. Le basta y le sobra con vomitar su bilis, como un ultra más, cada miércoles en las Cortes Generales.

Lo que hacen las grandes compañías energéticas con su dictadura del megavatio, ese ultimátum al Gobierno, es intolerable para cualquier país democrático y supone, ni más ni menos, que un intento de chantajear y poner de rodillas a todo un pueblo, tal como advierte, muy atinadamente, Íñigo Errejón. Hoy, temerosos de la justicia social, los subasteros, mayoristas y especuladores de ese peligroso lobby al que nadie se había atrevido a ponerle freno hasta ahora deciden ir a todo gas contra los españoles, en frente común con las derechas, para darle el cortocircuito de gracia el Gobierno socialista. Es la forma que tiene la Familia de defender el cortijo.

En realidad, la amenaza de cerrar las nucleares no tiene ningún recorrido, ya que el suministro de energía es un bien esencial protegido y todo aquel ejecutivo agresivo que se atreva a jugar con esto puede terminar en Soto del Real por terrorismo energético. Pero si lo que pretenden es echarle un pulso a la sociedad española, que lo hagan, que cierren sus malditas plantas atómicas caducadas –que son un peligro público, no ya para este país, sino para el mundo entero–, y que se vayan con su codicia radiactiva a otra parte. Ya estamos hartos de las prácticas mafiosas de esta gente. Sabemos cómo se las gastan y cómo cortan la luz, sin piedad ni misericordia, cuando una familia humilde no puede pagar la dolorosa papeleta mensual. Serían capaces de hacer saltar los plomos y dejar a oscuras a todo un país, en un apagón de castigo, solo para dar rienda suelta a su calentón contra el Gobierno. Ahora amenazan con un pleito en la Sala Tercera del Supremo, esa que controlan desde detrás, para seguir haciendo el agosto. Son unos depravados que han perdido el alma y el juicio.