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Alfonso Rojo, Cristina Segui o Eduardo Inda, entre los periodistas demandados por sus graves acusaciones contra Oscar Camps y Open Arms

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El presidente de la Organización No Gubernamental Open Arms, que ha salvado más de 60.000 vidas en el Mediterráneo, ha emprendido acciones judiciales contra cuatro articulistas y tres medios de comunicación por intromisión en su intimidad y ataque a su derecho al honor.

Los medios de comunicación y periodistas frente a quienes se han presentado las acciones legales son:  Alfonso Rojo y Antonio Cabrera, de Periodista Digital;  Antonio Moreno y Ferran Núñez de Españoles de Cuba; Eduardo Inda, Cristina Seguí y Jimmy Giménez-Arnau de Ok Diario.

Estos medios de comunicación señalados han publicado distintos artículo entre los meses de agosto y septiembre de 2019, que según Open Arms, se enmarcan en una campaña contra la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas en el Mar mediterráneo, que buscan denigrar y criminalizar la labor humanitaria de las organizaciones que en él operan salvando vidas, entre las que se incluye a Open Arms. 

Cristina Seguí ha hecho manifestaciones públicas como esta

Una muestra de los artículos donde se saltan los límites de la libertad de expresión puede encontrarlo aquí, o aquí, o aquí.

Las expresiones utilizadas por estos periodistas y medios han excedido el derecho a la libertad de expresión, opinión y crítica legítima que toda persona tiene en una sociedad democrática, según el equipo jurídico de Camps, al acusar al presidente de Open Arms sin ningún tipo de prueba, sin investigación previa y con absoluto desprecio a la verdad de graves delitos. Concretamente, se ha llegado a publicar por parte de los demandados que Oscar Camps «trafica con seres humanos», «colabora con las mafias internacionales de tráfico de personas», se le ha acusado de «ser un esclavista» y «un negrero» e incluso, de «enriquecerse personalmente a costa de la muerte de los inmigrantes». Son acusaciones de una evidente gravedad contra Oscar Camps, en las que se le acusa de cometer delitos de gravedad, recogidos en el Código Penal.

El objetivo de estas publicaciones no es otro que desprestigiar gravemente ante la opinión pública y la ciudadanía la imagen del presidente de la ONG Open Arms, lo que también conlleva pretender manchar a la propia organización.

La campaña de difamación que también se sufrió en Italia 

Durante el gobierno de Salvini, cuando el Open Arms se dispuso a salvar miles de vidas de las aguas del Mediterráneo, se vivió la primera campaña de intento de desprestigio y acoso. Se acusó a los activistas de pertenencia o colaboración con mafias y otros grupos criminales en Italia, llegando incluso a presentar denuncias contra la organización ante la justicia por estas «causas». Desde la propia fiscalía italiana se desestimó y archivaron estas acusaciones en abril de 2019, puesto que no había ninguna prueba para semejante acusación, quedando desmontada la campaña de difamación contra Open Arms. Este hecho ha sido obviado por los medios españoles y por los articulistas que ahora tendrán que dar explicaciones ante la justicia.

Vox también ha intentado denunciar a Open Arms por organización criminal, sin éxito alguno, puesto que la denuncia que se intentó interponer ante la Audiencia Nacional no tuvo recorrido judicial. Fue el Ministerio Fiscal quien archivó la causa.

A favor del debate público sobre la situación en el Mediterráneo 

Oscar Camps defiende «la necesidad de que en un Estado democrático, como España, exista un debate público y plural sobre la actual situación de crisis en el Mediterráneo, donde se permita exponer cuantas soluciones al mismo sean convenientes. Pero este debate público debe tener unos límites claros: no cabe insultar, difamar ni atribuir hechos delictivos para sostener una opinión política diferente o contraria a la labor del Open Arms».

Esta medida abre un precedente, puesto que defender la labor que están llevando a cabo también pasa por intervenir cuando la opinión pública está recibiendo información falsa, intoxicando los canales informativos hasta el punto de pretender criminalizar a quien, precisamente, está salvando vidas.

 

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