Asustados como nos quieren con los cuentos de nuevos terrorismos y golpes de estado sin sangre ni tanques que el Gobierno no deja de divulgar desde las posiciones que controla, transcurren desapercibidos los movimientos en la sombra que protagoniza el partido político más presunto, a tenor de la cuenta de expedientes vivos en los tribunales que lo acusan o salpican. La sospecha nace al comprobar que los miembros de este Gobierno tan divulgador pertenecen a ese mismo partido, y a partir de ahora conviene que las siglas PP dibujen siempre ante nosotros un patrimonio muy importante, económico y de un origen que quizás nunca se llegue a desentrañar.
El pasado 25 de marzo el periódico “Última Hora”, de Mallorca, anunciaba en portada que “El PP recibe varias ofertas de compra de su sede regional”. Nekane Domblás, la redactora que ampliaba la información en la página 18, presentó un panorama financiero desolador:
- Caída a la mitad de los ingresos del partido a partir de las derrotas electorales de 2015.
- Reclamación de 212.491.- € que probablemente tendrán que devolver al Govern Balear por subvenciones cobradas de más, tras ser condenados por delito electoral.
- 8.000.- € de hipoteca, que están pagando cada mes por la sede que ahora quieren vender.
Ya en noviembre de 2017 La Vanguardia publicaba unas declaraciones de Prohens, portavoz del PP en el Parlament Balear, en las que afirmaba que el único motivo por el que se ponía en venta la sede era económico. Negaba así que lo que pretendieran fuera quitarse de encima el marrón de una inversión inmobiliaria que estaba sometida a investigación por financiación ilegal. Como si el periodismo fuera fácil de engañar, pues la venta de un bien no borra ninguna culpa vinculada. Pero como tantas veces ha ocurrido en casos de corrupción política, la Justicia llegó tarde: un empresario, que había entregado no menos de 600.000.- € en efectivo y fuera de la ley para la reforma del local ahora en venta, falleció antes de conseguir que le pagaran los cheques sin fondos que otro empresario, que había intermediado para ocultar el lado político del delito, le había hecho llegar para tranquilizarlo, pues durante la crisis las firmas en falso eran papel mojado, incluso en los juzgados.
Por si lo de Mallorca fuera un caso aislado, buscando en Google aparecen referencias sobre operaciones similares con las sedes de Barcelona, Zaragoza y País Vasco, este último inmueble también bajo sospecha en cuanto a la procedencia de los fondos para la compra. Abunda en lo anterior el hecho de que durante 2017 algunos medios hablaron de tensiones entre los máximos dirigentes del PP, pues se decía que algunos estaban a favor de la venta de Génova 13, sede central “popular” sobre la que ya nadie pone en duda que, al menos la reforma, se financió en negro.
Las informaciones anteriores no proceden de ruedas de prensa convocadas por los responsables del partido del gobierno ni de ofertas publicadas para conseguir compradores. Tampoco corresponden a una investigación exhaustiva realizada por quien aquí firma. Han sido captadas esporádicamente por los medios, y no es posible que tanta coincidencia se deba a la casualidad. Lo lógico es que se trate de la punta del iceberg que sumerge una estrategia de licuación de activos, imprescindible en caso de estampida para salvar, y repartirse, “la pasta”.
Es evidente que los del PP están convirtiendo inmuebles en dinero. Se trata, sin duda, de una reacción desesperada ante la imposibilidad de mantener el ritmo habitual de delitos económicos que, combinados con una impunidad casi total, permitían a esa organización obtener ingresos extras millonarios. Las causas principales de ese recorte son dos. Por una parte, el comienzo, lento y tímido pero sostenido, de la acción judicial, animada en ocasiones por ajustes de cuentas internos que estallan porque la ambición lo llena todo, y en ocasiones rebosa. Por otra, la drástica reducción de poder real que sufrieron a partir de 2015 y 2016, al finalizar la cómoda etapa de un bipartidismo durante el que todo estaba perfectamente calculado. Esto también ha provocado una reducción significativa de los ingresos legales que se derivan de los resultados electorales.
Mientras, la demoscopia sigue anunciando que el PP continuará retrocediendo electoralmente y, por tanto, reduciendo sus ingresos, sean del color que sean. La Justicia seguirá a lo suyo, ya se sabe que tiene vida propia cuando no hay cortocircuitos, lo que se traducirá en nuevas sentencias condenatorias, y de mayor calado. Lo que hoy se ha sabido es que el magistrado ponente de la sentencia del juicio Gurtel 1, a punto de caramelo envenenado, es partidario de no condenar al PP como organización, pero está en minoría y solo podrá emitir un voto particular, por lo que hoy hay muchos que están bebiendo para olvidar en los ficheros de que partido constan sus nombres y apellidos. En este contexto, lo normal es que caigan también los ingresos procedentes de las cuotas de los afiliados, pues periódicamente aparecen noticias de trasvases de militantes del PP hacia Ciudadanos.
Que una entidad tan poco controlada como el Partido Popular convierta inmuebles en dinero solo para ellos debe hacer sonar todas las alarmas. Esto significa que el resto de actores políticos, especialmente nacionalistas y de izquierdas, además de la Justicia, deberán mantener una actitud especialmente vigilante en defensa del interés general. Realizadas las ventas de locales al precio de la burbuja en la que privilegiados como ellos están flotando, nada impedirá al PP “liquidar” con cuantiosas indemnizaciones, acordadas “ad hoc” y directas a los bolsillos de los dirigentes del núcleo duro de los que habitan en el número 13 de Génova, y unos cuantos favoritos de la periferia. Eso sí, esta vez todo al contado para no diferir ni un euro a un futuro imprevisible. ¿Alguien recuerda los modelos de enriquecimiento personal de directivos bancarios en medio de la ruina generalizada? Pues eso. Pero en este caso, el Tribunal de Cuentas sabe que los ingresos procedentes del erario público superan con mucho el 50% de los declarados por todos los partidos políticos, por lo que procede que, en caso de liquidación, todos sus activos regresen en primer lugar al Estado y después, los que quieran reclamar que se pongan a la cola.
Por todo lo anterior, además del periodismo también los colectivos más motivados contra la corrupción deberán realizar un seguimiento permanente del estado de los bienes en manos del PP. Especialmente las asociaciones de profesionales que disponen de información veraz, pues todas las lupas son pocas para descubrir las peores intenciones de los que mandan en un país como España.
Por último, también conviene vigilar los movimientos de C’s, pues nada impide que Rivera, si las generales de 2020 les conceden la victoria, prepare una alambicada operación política de fusión condicionada con absorción parcial de “populares” que lo que en realidad estaría ocultando sería la salvación, y por tanto blanqueo bajo una nueva marca, del sustancioso patrimonio que constaría en los registros de la propiedad a nombre del PP. De nuevo nos viene a la cabeza el recuerdo de las maniobras orquestadas para salvar a los bancos, fuera cual fuera el número de víctimas, incluidas las mortales. Y también nos indignaría que, después de socializar las pérdidas de bancos, autopistas en quiebra y otros riesgos de multimillonarios, nos tuviéramos que quedar con los pasivos del partido que montó un ministro de Franco llamado Fraga Iribarne, y que un espabilado como Rivera se apropiara de la parte del león, limpia de polvo, paja y sin contenciosos pendientes en los tribunales. Son las maldades que no podemos evitar que nos asalten la cabeza cuando resulta imposible contener el caudal de sorpresas que cada día nos depara la peor política.
En marzo de 2016 nos preguntábamos públicamente “¿Qué hacemos con los bienes del PP?” y hace poco más de un mes volvíamos a insistir. Alarmamos de nuevo hoy porque hay que estar ojo avizor. De lo contrario, antes o después se repetirán los días en que nos llevaremos las manos a la cabeza. Por supuesto, cuando eso ocurra ya no habrá ningún remedio.
