La oenegé SOS Racismo ha denunciado «el racismo institucional, la precariedad habitacional, la exclusión social y la criminalización de las personas migradas» tras la tragedia ocurrida en un almacén abandonado de Badalona en el que se hacinaban decenas de inmigrantes en condiciones deplorables. Según la asociación, mañana el drama puede darse «en cualquier otro municipio de Cataluña, del Estado o del mundo».
Varias organizaciones humanitarias han exigido a los poderes públicos regularización de todas las personas en situación administrativa irregular; garantizar el acceso a los derechos básicos como padrón, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales; y garantizar la tutela y el apoyo a la juventud migrante hasta su autonomía.
«En el Día Internacional de los Derechos Humanos denunciamos que hoy, más que nunca, estos se han convertido en un privilegio. Nos fuimos a dormir con la angustia y la rabia de ver que las llamas que devoraban una nave industrial podían acabar con la vida de personas que se han visto excluidas de todo. ¿Pero por qué llegamos a este punto?»
SOS Racismo considera que estos horribles acontecimientos son una consecuencia directa de un sistema capitalista, clasista y racista que vulnera los derechos económicos, sociales, culturales de las personas migradas. Todos los derechos que las instituciones de todo nivel, municipales, autonómicas, estatales vulneran sistemáticamente. «Los hechos sucedidos son la consecuencia de haber privado a todas estas personas de derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo y el derecho a la salud».
Estas violaciones conducen, según la oenegé, no sólo a situaciones de pobreza o de exclusión social sino también a la la pérdida de la dignidad humana. Por eso es «obligación y deber de las administraciones respetar, proteger y garantizar el acceso a estos derechos». SOS Racismo apunta como responsables de la tragedia de Badalona, en la que murieron tres personas y otras 17 resultaron heridas, al Ayuntamiento de Badalona y su alcalde Xavier García Albiol como promotores de discursos de odio y xenofobia hacia una parte de la población, desviando el foco de atención (cuando hay vidas humanas en juego) «hacia al incivismo y la supuesta delincuencia». También por liderar una «política racista que niega los derechos más básicos, el padrón, a la atención social o a una vivienda digna».
Pero también sitúa como cómplices de la indignidad a la Generalitat de Catalunya por la falta de políticas que garanticen el acceso a una vivienda para todos los vecinos y por el fracaso de la mesa de emergencia y al Estado español por negarse a regularizar las personas en situación administrativa irregular, incluso en mitad de una pandemia, aumentando la exclusión de miles de personas.
Racismo institucional
«Las políticas migratorias estatales y europeas empujan a muchas personas a la irregularidad, a la precariedad, a la exclusión, al acoso policial en los espacios públicos, a la explotación laboral y el constante peligro de la deportación, previo paso por el CIE o siendo víctima de una deportación exprés, sin ninguna garantía jurídica. La violencia del aparato deportador, las trabas burocráticas para conseguir regularizar la situación y la constante criminalización de la migración nos permiten afirmar que vivimos en una sociedad estructuralmente racista» asegura la oenegé.
«No permitiremos la victimización y criminalización de estas personas que son permanentemente excluidas y que ni en los momentos de urgencia se tienen en cuenta sus necesidades vitales. Se proponen soluciones que nunca serían aceptables para personas blancas pero que parecen ser la única opción para las personas migrantes. Es urgente que las administraciones reconozcan primero el racismo como uno de los factores principales que impiden el acceso a los derechos más básicos, y que trabajen en desarrollar políticas públicas efectivas para todas las personas, independientemente de su origen o su situación administrativa», añade.
La precariedad habitacional
Para SOS Racismo, no tener un hogar digno y estable es una vulneración de derechos. La estrategia integral para el abordaje e implementación del «sinhogarismo» en Cataluña, que aún está pendiente de aprobación y puesta en marcha, hablaba en 2017 de más de 53.000 personas en esta situación. La problemática se agrava y no hay una perspectiva optimista, porque no hay ni consenso ni compromiso de las diferentes administraciones públicas para combatir esta injusticia.
«El acceso y el disfrute de la vivienda deben ser contemplados como derechos esenciales de todas las personas, pero la administración prioriza los intereses de las grandes corporaciones capitalistas por encima de la lógica de la protección social. Según la Agencia de Vivienda de Cataluña, las entidades bancarias y fondos de inversión son propietarias de 30.000 viviendas vacías. Mientras tanto, los desahucios se ejecutan diariamente y los medios de comunicación ponen el foco mediático en los empleos, criminalizándolas, en lugar de abordar la problemática con toda su complejidad y señalar todos los factores estructurales que la provocan».
Por tanto, se criminaliza a personas que ven vulnerados sus derechos y dignidad. Familias enteras, que no sólo sufren la condición de inestabilidad, sino que además son estigmatizadas y excluidas de la sociedad: son señalados en la escuela, son acusados por los vecinos, salen en la televisión como criminales para intentar vivir en condiciones mínimas de habitabilidad. «Se condena a padres y madres por el hecho de intentar dar a sus hijos condiciones para su desarrollo, olvidando la responsabilidad de las instituciones de dar condiciones de vida, salud, educación, trabajo y dignidad para todos tal como se expresa en la Declaración universal de Derechos Humanos».
Desde hace años el Movimiento Popular de la Vivienda lucha en la calle con campañas como la Obra Social y promueve leyes para solucionar la emergencia habitacional, pero no sólo no se están cumpliendo, sino que día a día hay más personas condenadas al sinhogarismo tras sufrir desahucios. Es urgente situar el derecho a la vivienda como punto de partida y desarrollar mecanismos para que nadie pierda su casa. Y no sólo eso, actualmente no hay suficientes plazas en pisos de emergencia ni albergues para acoger a las personas que no tienen alternativa habitacional; los dispositivos de urgencia, abiertos para la pandemia del covin-19, evidencian que se actúa con respuestas temporales a corto plazo. Es necesaria una estrategia conjunta para afrontar el sinhogarismo más allá de los tiempos de crisis. «Para evitar situaciones como la de ayer, la vivienda tiene que dejar de ser una mercancía».
