Albert Rivera Foto: Agustín Millán

El populismo y el cuñadismo de Albert Rivera parecen no tener fin y, en ocasiones, rozan el ridículo, además de una incoherencia impropia de quien se autoproclama defensor de la Constitución y líder de la oposición a pesar de ser la tercera fuerza política en número de votos. Sin embargo, esto no hace bajarse a Rivera del caballo con el que, cual Santiago Abascal, pretende la reconquista de la pérfida Cataluña.

Ya advertimos hace tiempo que el proyecto de Albert Rivera para Cataluña pasa por la sumisión absoluta del nacionalismo y el independentismo. Su sueño podría perfectamente ser el de la visión de las Fuerzas Armadas desfilando por la Diagonal, convertir Barcelona en Belfast y meter en la cárcel a los millones de catalanes que no piensan como él. Esta ensoñación, evidentemente, Rivera no la ha verbalizado. No obstante, el odio que desprenden sus discursos sobre la cuestión catalana no puede tener otro objetivo que el de la conquista y la sumisión. Durante el franquismo, los enemigos del régimen eran la masonería y el comunismo. Ahora, para Rivera, son todos los nacionalismos, del tipo que sean (salvo el españolista, claro), dado que a él le da igual el perfil porque en cuanto oye la palabra le sale urticaria y asoma el odio más duro en su léxico.

El pasado 11 de septiembre, día de la Diada, Rivera no tuvo otra idea que reclamar a Pedro Sánchez una reunión para que el presidente del Gobierno active el artículo 155 de la Constitución: «Más allá de nuestras diferencias, ¿no cree que es el momento, antes de la sentencia judicial, de sentarnos a hablar y estar juntos, pase lo que pase, para aplicar la Constitución en Cataluña?», dijo Rivera en el Congreso de los Diputados. Si Sánchez accediera a la petición del líder de Ciudadanos e iniciara los trámites para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en primer lugar, estaría incumpliendo lo indicado en la propia Carta Magna, puesto que en Cataluña no se dan las condiciones para aplicar ese artículo. Es posible que el desafío independentista continúe, pero siempre es de forma verbal, algo que está amparado por el derecho a la libertad de expresión (tal vez Rivera no entienda algo tan simple y fundamental en una democracia). Ninguna de las autoridades políticas representativas de Cataluña ha tomado ninguna iniciativa como las adoptadas en el año 2017, entre las que se encontró la declaración unilateral de independencia, hecho que justificó que Mariano Rajoy aplicara el artículo 155.

Pedro Sánchez fue muy claro: «Si vemos que se vulnera y se violenta la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Lo hicimos en la oposición y no vamos dándonos golpes de pecho como usted hace, dando lecciones de patriotismo al resto de la Cámara».

En segundo término, la obsesión patológica de Rivera con la implantación de ese artículo es la demostración de lo indicado anteriormente: el líder de Ciudadanos pretende la instauración del estado de excepción en los días previos a la publicación de la sentencia del procés para, de este modo, evitar que los nacionalistas y los independentistas catalanes tengan la posibilidad de manifestarse para protestar contra una decisión judicial que, seguramente, contendrá condenas muy duras para los presos políticos. Por tanto, la petición de Albert Rivera a Pedro Sánchez contendría la restricción o conculcación de los derechos constitucionales de reunión y manifestación recogidos en la Constitución y que, mal que le pese, también amparan a los ciudadanos catalanes.

En consecuencia, esa petición de aplicación inmediata del artículo 155 en Cataluña, demuestra el absoluto desconocimiento de la Carta Magna por parte de Albert Rivera y que su acción política está movida por el populismo y el odio. Por las medidas que pretende adoptar Ciudadanos si alguna vez llegaran al Gobierno, se ve que su líder no se ha leído el artículo 35 de la Constitución, en el que se reconoce que «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». Su partido se ha mostrado contrario a la derogación de la Reforma Laboral de Mariano Rajoy cuyos resultados han creado una bolsa de precariedad y temporalidad, además de una devaluación salarial y de restricción de derechos de los trabajadores, que va en contra del espíritu de ese artículo.

Albert Rivera también parece desconocer el artículo 47 de la Constitución, el que reconoce que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Ciudadanos se sumó al veto del gobierno de Rajoy cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó una proposición no de ley por la que se hubiera obligado a los bancos y grandes fortunas poner a disposición de alquileres sociales las viviendas que mantienen vacías injustificadamente, cuya única función es alimentar la especulación del mercado. Es decir, que el partido de Rivera no apoyó la aprobación de medidas que se enmarcaban perfectamente en el espíritu del artículo constitucional.

Sin embargo, Rivera sólo asimila la Constitución con el artículo 155, lo que, en un autoproclamado paladín constitucionalista, supone una ignorancia manifiesta de lo que significa el servicio público —es decir, al servicio del pueblo y no de las élites— y una demostración más del dogmatismo populista que alimenta la base ideológica de un partido que llegó para regenerar la democracia y que ya sólo defiende los parámetros más radicales del nacionalismo español.

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