¿Por qué la jueza echó a la Policía Nacional del caso Mercasevilla? Uno de los muchos misterios que rodean la larga, infructuosa e inquisitorial instrucción del Caso Mercasevilla – cerrado, archivado y con sus diez procesados absueltos – es el que se oculta tras una decisión trascendental tomada en los momentos iniciales de la instrucción de la causa por la Jueza Mercedes Alaya. La pregunta del interrogante a despejar es muy simple: ¿Por qué la señora instructora decide prescindir, en un momento dado, de los servicios de auxilio de la Policía Nacional en la instrucción y opta por la Guardia Civil? Hallar la posible respuesta no parece tarea fácil.

Han sido diversas las fuentes consultadas, todas directamente relacionadas con el caso y con las diversas labores desarrolladas en el proceso, que coinciden en señalar que “fue una decisión personal de la magistrada Alaya, de hoy para mañana, bastante inexplicada e inexplicable”.

Siempre según las diversas fuentes a las que he tenido acceso, para entender lo sucedido habría que remontarse a meses atrás (en la página 180 de la sentencia de 393 folios se explica el origen de la investigación…), justo cuando arrancó por diversos canales la denuncia de que algo olía mal en el mercado central de abastos de Sevilla. Recuérdese que en primer lugar fue Manuel Chaves quien, como presidente de la Junta receptor de unas grabaciones de los empresarios de La Raza a los que chantajeaban en nombre del PSOE, decidió enviarlas a María José Segarra, Fiscal Jefa de Sevilla. La Sra. Segarra, al cabo de un tiempo, acabó entregando el CD al Jefe de la Policía Judicial de Sevilla, en presencia del responsable de la unidad adscrita a los juzgados, la persona que trabajaría después codo con codo a las órdenes de la juez en aquella en investigación sobre la lonja. Y finalmente es Juan Ignacio Zoido y Antonio Sanz – hoy ministro del Interior y delegado del gobierno respectivamente- quienes en nombre del PP formalizan denuncia ante el juzgado de Guardia, recayendo el asunto en el juzgado Nº 6 de la que era titular una amiga y ex compañera de Zoido en la Carrera Judicial.

Concluyamos pues con una primera mentira mil veces repetida: el PP no es el que primero denuncia lo que desembocaría en el escándalo del Caso Eres. ¿Lo impulsa?, sí y mucho gracias a la acción de Mercedes Alaya.

Confidencias con Mercedes

Nada más comenzar los trabajos de investigación que tutelaba la propia jueza, entre Alaya y el responsable de la Unidad de Policía Adscrita, se establece una relación de máxima confianza. En el marco de esta relación basada en cierta complicidad profesional, habitual entre jueces, fiscales y funcionarios, el Inspector de policía y la Jueza Instructora mantenían despachos habituales, donde ésta era informada puntualmente de todas aquellas “noticias” o manifestaciones más o menos espontáneas que llegaban a oídos de los investigadores y que debían ser objeto de una posterior verificación y, en su caso, de exhaustivo análisis que permitiesen a la postre medidas extremas de carácter procesal.

Uno de los funcionarios intervinientes en aquellas primeras pesquisas reconoce que, tras el estallido del escándalo, tuvieron que seleccionar muy bien las fuentes de las que beber. Poco tiempo después comprobarían que no se habían equivocado a la hora de separar el grano de la paja en los soplidos; demasiados voluntarios o de motu propio, vendettas de “roncos” que aparecían como las setas ante el juzgado y la policía, al calor del ruido político y mediático.

“Como se podrán imaginar –afirman– contaban cosas increíbles de unos y otros, especialmente de la cúpula política del Ayuntamiento de Sevilla”.

Fue probablemente en el transcurso de estas reuniones de trabajo entre Jueza Instructora e Inspector Investigador cuando llega por vez primera a los oídos de la Sra. Alaya, una serie de informaciones (“chismes, dimes y diretes, simples indicios”) que, si fueran puestos negro sobre blanco por quien se lo contaba de palabra, pensó, le daban la excusa perfecta que justificaría (a modo indiciario) una contundente actuación contra los afectados. Pero eran comentarios de barra de café que nunca fueron trasladados por la Policía a papel con membrete oficial en un informe o un atestado.

Esta podría haber sido una de esas “incidencias” (ver página 208 de la sentencia) y, que a la postre degeneró en ruptura entre una aclamada y endiosada Alaya y el CNP, en concreto con el jefe de la Unidad Adscrita.

De las múltiples informaciones que llegaron en esos días los investigadores de la UATF, (Unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional adscrita a Juzgados y Tribunales) siempre de modo informal y sin soporte documental o testifical alguno, había algunas que apuntaban al núcleo duro del equipo político de Alfredo Sánchez Monteseirín, a la sazón alcalde socialista de Sevilla. Por ejemplo, una de estas “confidencias” llegaba a sugerir que alguien de ese grupo estaría cobrando comisiones a través de “un paraíso fiscal”.

Mientras esto sucedía, el hoy ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, ocupaba la presidencia regional del PP andaluz puesto por el dedo de su entonces muy amigo Javier Arenas y calentaba por la banda con la intención de convertirse en el futuro alcalde de Sevilla, algo que lograría meses después y por aplastante mayoría. Entre otras cosas con la ayuda de los demoledores efectos electorales del escándalo Mercasevilla, que había estallado en el seno del bipartito PSOE-IU y que supondría un desgaste brutal para ambas formaciones. La foto de Torrijos y los gestores de Mercasevilla ante una enorme bandeja de marisco en Bruselas, en un acto de promoción institucional dentro de la feria internacional del marisco, se convirtió en un demoledor icono mediático y político del caso. El dirigente comunista sevillano se vio obligado a dimitir poco después de resultar finalmente imputado por la Sra. Alaya.

Torrijos, Marchena, Monteseirín: ¿Me lo pondrás por escrito no?

Entre las “confidencias” que los investigadores pusieron en conocimiento de la jueza instructora, destacaban algunas “cosillas” que podrían afectar especialmente a la entonces mano derecha de Monteseirín al frente de las empresas municipales, el polémico gestor y catedrático Manuel Marchena. Es en este punto cuando se acentúa el ímpetu investigador de la popular jueza e insta a los investigadores a “incidir de manera inmediata” en esas informaciones. Pero fue escuchar después el nombre de Antonio Rodrigo Torrijos, líder municipal de IU, añadido al rosario de maledicencias a contrastar, cuando Mercedes Alaya tuvo que entrar en éxtasis total. ¡Bingo!, si la policía ponía en un informe lo que acababan de comentarle informalmente, ella tenía el pretexto perfecto para actuar y dictar un auto de imputación contra el político de la pipa y con barba blanca.

«¿Esto me lo pondrás por escrito no?», preguntó Alaya retadora al policía, cuentan fuentes conocedoras de aquella situación, a lo que el Inspector le dijo que no, que el trabajo de la Policía no consistía en elevar informes o atestados con chimes sin estar contrastados convenientemente. El clima se hizo más tenso todavía, incluso desagradable para ambos y el encuentro acabó en desencuentro fatal. A los pocos días se materializó la ruptura tras ímprobos esfuerzos por parte de Alaya de evitar una escandalera pública, cosa que lograría a medias. Fue cuando de forma reiterada le sugirió al responsable de la Unidad una salida discreta que “abandonase de modo voluntario las investigaciones o bien, se tomase la baja por depresión durante un tiempo”. Obviamente el Inspector se negó a ambas peticiones si bien, fue apartado de las investigaciones sin que nadie, a ningún nivel, se preguntase por los verdaderos motivos. Tan solo el SUP, a media voz, salió al paso sin entrar en el fondo, solo velando por la imagen y el prestigio del cuerpo y pidiendo una reconsideración “a fin de evitar el daño irreparable que esta decisión puede producir en el prestigio de la Policía y evitar que la ciudadanía pueda pensar que haya un trasfondo político”. De nada sirvieron, Alaya tomaría una larga baja médica de meses, tiempo más que suficiente que le sirvió a la Guardia Civil para ponerse al día en la instrucción del sumario.

Tras echar al CNP de la instrucción de Mercasevilla circuló el rumor, nunca confirmado fehacientemente, de la existencia de grabaciones de conversaciones mantenidas con Alaya y los abogados del PP – “los verdaderos instructores del juzgado Nº 6”, se afirma con intención– con la policía judicial. En ellas quedaría patente, según se ha comentado y nunca confirmado, el inusitado interés de Alaya por incriminar (aunque fuese, como ya se ha dicho, con simples “confidencias” sin soporte documental ni testifical alguno) a Manuel Marchena, pero sobre todo a Antonio Rodrigo Torrijos, su verdadera obsesión en aquellas semanas, cuentan quienes conocieron las circunstancias.

“Alaya, por todos los medios y con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina que ganaría Zoido sin ponerse la camiseta, pretendía en aquel momento que la Policía le diese argumentos (más o menos fundados) por escrito, y así poder proceder a imputar a miembros del bipartito en el caso Mercasevilla”.

La larga mano del sector inmobiliario

Poco tiempo después serían famosos los Autos de la magistrada emitidos tan cerca de las citas electorales y con cargas de profundidad política contra el PSOE andaluz en sus extensos párrafos. Aún faltaba tiempo para que la Sra Jueza apartase del sumario de los Eres lo sucedido en la Faja Pirítica de Huelva, donde como se está viendo ahora con la Juez Bolaños pueden existir responsabilidades de cargos del gobierno del PP de Aznar (Zoido entre ellos) y con los mismos argumentos que los aplicados al resto de investigados socialistas en los Eres. De igual modo, con motivo de la Operación Madeja, nadie investigó la construcción de un parque infantil en el cuartel de la GC en Montequinto, asunto en el que tuvo una participación directa sin un papel de por medio en entonces concejal de Zoido y hoy Director General de Tráfico Gregorio Serrano.

Quienes han trabajado con o cerca de la polémica juez, convertida en auténtica heroína desde la derecha y sus medios, aplaudida y jaleada por el pueblo harto de corrupción, coinciden con quienes desde lejos la han acusado de permitir y dirigir un procedimiento claramente politizado con fines no siempre encaminado a la búsqueda de la verdad judicial. Esta terrible conclusión, desde el punto de vista democrático en un Estado de Derecho, ha dejado con el paso del tiempo de pertenecer al debate político y callejero para instalarse en una sentencia judicial que avala sobradamente las sospechas de un posible juego sucio tras esta instrucción judicial en concreto.

Coinciden las fuentes consultadas en ese ámbito judicial con la misma tesis que Antonio Rodrigo Torrijos, tras su absolución, ha defendido públicamente para explicar su versión sobre los motivos que él considera explican la persecución judicial padecida . Pero quizás valga la pena contextualizar al personaje de Torrijos en la Sevilla de hace una década.

Con el voto de IU gobernaba coligado el PSOE. Zoido se pateaba los barrios por primera y en muchos casos por última vez. El tándem Torrijos-Monteseirín se convirtió en una especie de diana contra la que a diario una oposición que abrazaba las farolas y prometía la Arcadia feliz a los sevillanos, le asestaba duros golpes, algunos con y muchos sin motivo. Hubo medios entregados al acoso, que luego fueron generosamente recompensados con contratos municipales. Todo ello con el aplauso de una ciudadanía harta de vivir en lo más parecido a Beirut, con tantas calles y avenidas levantadas durante años, sin percatarse la gente de la necesaria cirugía digestiva que le estaban haciendo a Sevilla. Sobre la mesa del urbanismo local, además, había varios asuntos muy apetitosos. Por un lado, el traslado a Majarabique, norte de la ciudad, del gran Mercasevilla del Siglo XXI, liberando miles de metros en su actual ubicación susceptibles de ser convertidos en recursos municipales y desarrollo inmobiliario de los tiburones del sector junto a viviendas sociales.

Los grandes promotores, especialmente Nicolás Osuna y otros de su nivel, se habían encontrado de pronto con la propiedad de impresionantes bolsas de suelo donde construir promociones de viviendas sus inmobiliarias. El gobierno de izquierdas y su política a favor de propiciar VPO se convirtieron en una competencia que amenazaba ruina empresarial, en momentos que la crisis enseñaba las garras. Y además estaban las operaciones de calado como la de Cruzcampo/Heineken, Punta del Verde o la vieja y recurrente Tablada, operación por cierto donde se concentraron los poderes fácticos y económicos de la época, gobernando el alcalde Rojas Marcos apoyado por Becerril y el PP. Soledad saldría huyendo para Madrid de aquel viscoso escenario que la rodeaba en Sevilla.

Torrijos: había que evitar que IU y PSOE siguieran gobernando

Por tanto, a la pregunta ¿por qué tanto interés en debilitar a la izquierda en Sevilla? no solo se contesta con el logro de una linda borriquita blanca para un triunfante Zoido/alcalde entrando en Plaza Nueva. Un cambio de color en el gobierno municipal supondría dar luz verde a esas operaciones urbanísticas de envergadura y atemperar que la explosión de la burbuja inmobiliaria en lontananza no produjera demasiadas pérdidas entre los grandes amigos del sector, algunos buenos conocedores de Luis Bárcenas.

El propio Rodrigo Torrijos lo ha escrito al recuperar su libertad, tras estar sometido durante casi una década a un surrealista proceso judicial, político y mediático: «Había que evitar a toda costa que IU continuase en el gobierno local de coalición con el PSOE. Miles de viviendas VPO, presupuestos participativos, inversión pública desconocida hasta entonces para equipamientos sociales y de empleo, estrategia de movilidad sostenible e intermodalidad en el transporte con las peatonalizaciones y la red de 140 km de carriles bici, cláusulas sociales en la contratación pública, programas de alfabetización e igualdad, campos de césped, piscinas públicas… unido a evitar pelotazos como el de Tablada, o la construcción del Centro de producción energética de ciclo combinado de Punta del Verde o la deslocalización de Heineken…, es decir, la mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales que se había conocido en democracia en el ámbito local, políticas que distribuyeron más equitativamente las rentas locales….era inaceptable para la oligarquía local y había que evitarlo».

Para quienes puedan estar interesados con mayor detalle en conocer cómo la propia Justicia ha enmendado la plana al trabajo de Mercedes Alaya y su instrucción en Mercasevilla, les sugiero lean a partir de la página 140 de la sentencia emitida y comprobarán que no estábamos demasiado locos quienes desde el primer momento dijimos que aquella instrucción, a golpe de trolley, telediario y citas electorales, acabaría como el rosario de la Aurora. Y así ha sido. Lo que no imaginábamos es que la Sra. Instructora podría acabar bajo sospecha a propósito de su actuación en este proceso y, de paso, dejando en las espaldas de la Guardia Civil –como antes intentó hacer con el CNP– la responsabilidad del fiasco que refleja la sentencia cuya lectura es muy recomendable para conocer qué, cómo y por qué.

No obstante, y por ofrecer solo un ramillete de pasajes, les dejo a continuación algunos fragmentos de la Sentencia que ilustran parte de este sinsentido en que se ha revelado el caso Mercasevilla. Que hubo mamoneo y golferío, fijo, nadie lo duda, ya que desgraciadamente era (y es) moneda común en nuestras administraciones públicas. Pero que, a la vista de lo leído, los contribuyentes hayamos costeado una muy cara instrucción judicial que ha resultado finalmente un bluf, es algo que nos debiera hacer meditar muy seriamente sobre el papel y el control de la acción de la Justicia en este país. Especialmente irritante para la ciudadanía, como parece que es el caso, cuando empiezan a aflorar factores de índole político – juego sucio del PP contra el PSOE usando la Justicia – y se confirman, al menos indiciariamente, las peores sospechas que siempre sobrevolaron la actuación realizada desde el juzgado Nº 6 de Sevilla.

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