Un dirigente, tan honesto y mesurado como Odón Elorza, ha tuiteado hace pocas horas una propuesta de movilización de la ciudadanía, esto como expresión del malestar por decisiones tales como el saqueo de la reserva de las pensiones. Es una manifestación más de la disidencia. Pero no la única. Movimientos similares a los que se manifiestan en otros escenarios políticos, y que tan simpáticos les resultan a los sectores más derechistas de nuestra vida política, le están poniendo una respuesta que el parlamento parece no dar. Lo cual lo desnaturaliza, porque esa institución está precisamente para eso.
A esto, además del mantenimiento de leyes represivas e injustas, la vicepresidenta responsable de los servicios secretos españoles, se siente amenazada por tuiteros. Invito a la segunda autoridad del gobierno a que preste atención a las amenazas y demás apologías del extremismo ideológico y de la violencia machista que se cuelgan con impunidad de esos canales de expresión. Las Redes Sociales son la única fisura que le resta bloquear a esta abogada del Estado. Las reminiscencias totalitarias en relación a la libertad de expresión, que resuenan en las tradiciones familiares de los sublevados del 36 perduran, mientras el honor no se les restituye a las víctimas que yacen en las cunetas. Por qué sí hablamos de honor, señora vicepresidenta.
Tal vez por esas decisiones se esté fermentando de modo más o menos de espontánea contestación, un movimiento transversal de disidentes que puede ser el preámbulo de la expresión de la indignación ciudadana. Los dirigentes de Unidos Podemos se han bajado a las calles, lo cual ni es nuevo ni debe resultar extraño, porque seguramente están en el escaño por esos votantes, para visibilizar un estado de cosas que la prensa del régimen no refleja cada vez con mayor descaro.
En Andalucía las redes clientelares se están evidenciando menos sólidas de lo previsto ante los movimientos de “la militancia en pie”. Según cuentan en publicaciones andaluzas, el promovido viaje de la presidenta de todos los habitantes de esa Comunidad a Bruselas, sólo tuvo el impacto que la oficina de prensa de Susana Díaz pretendió dar. Lo real, es que su repercusión fue penosa y restringida a un conjunto de parlamentarios españoles del socialismo, que tratan de evitar enemistar a la aspirante a dirigir al PSOE a nivel estatal. Tal vez deberíamos conocer los costes de ese traslado y los beneficios que se han obtenido de él. No se puede seguir haciendo política de ficción. Se corre el riesgo de caer en el ridículo. Recordemos que, a fines de octubre de 2015, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, reconoció ante el Parlamento de Andalucía que se habían dejado de gastar unos 800 millones de euros de fondos de formación para el empleo en los últimos cuatro años. Todo debido a que desde 2011 no hubo convocatorias de subvenciones para estos cursos y que no volverían hasta 2016, con una oferta estimada en 207 millones de euros. En cualquier caso, deberíamos conocer si el viaje de la señora Díaz se realizó para corregir la situación denunciada en agosto de este 2016, por el Consejo Económico y Social, CES, en el sentido de que varias autonomías, entre ellas Andalucía, han perdido el nivel del 75 por ciento de la renta per cápita de la Unión Europea, que alcanzaron antes de la crisis, pero “ya no reciben los fondos comunitarios de cohesión previstos para estas regiones”.
Si atendemos a lo conocido desde la UE, Andalucía lleva desde 2014 sin cobrar subvenciones del Fondo Social Europeo como consecuencia del presunto fraude de la formación que indagan 18 juzgados andaluces y también una comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz. Las subvenciones no llegan porque la Comisión Europea suspendió los pagos a Andalucía en 2014 ante las irregularidades detectadas en las subvenciones para los cursos de formación y también en ayudas de otras materias, como reveló ayer en la comisión de investigación del Parlamento María Teresa Arrieta Viñals, interventora adjunta a la Intervención General del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones. Mucho me temo que, el triunfalismo y las disertaciones plagadas de una retórica de escaso nivel, le resultarán suficientes para resolver las dificultades que tiene en su propia administración. No quiero relacionar estos antecedentes, con acuerdos que nada deberían tener que ver con el futuro político de este país.
En cualquier caso, el argumentario del PSOE de la Gestora, prosigue siendo un disparate retórico. Están obligados a encubrir el ser humillados día tras día por el rodillo económico y mediático del PP. Es más, Antonio Hernando acuerda y apoya un incremento en el Salario Mínimo Interprofesional en el Parlamento de 22% y, como por arte de la voluntad de Rajoy, a las pocas horas lo reduce en un ámbito extraparlamentario al 8%. Un esperpento de baja estofa. Todo refrendado por la primera plana de El País que sigue alterando la realidad de los hechos. El buen romance, los diputados de la Gestora afirman aceptar menos de lo convenido “por el bien de los trabajadores”. Todo, mientras siguen evitando junto al PP, que la derogación de las leyes retrógradas sea sustituida por otras más justas con los tiempos y las personas. Esto es a tal punto, que los votos de los parlamentarios de Ciudadanos están quedando en un plano muy irrelevante. De su soberbia y arrogancia de fines de año, va quedando en evidencia su rol de comparsas necesarios. Patética expresión de este spin-off del PP. Ya cumplieron su labor.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha promovido 16 vetos en poco más de un mes, Todos contra el mismo número de proposiciones de ley de contenido social en casi todas. El Gobierno del PP en minoría, que gobierna gracias a la Gestora, trata de evitar que se tramiten las iniciativas legislativas de la oposición y de algunos parlamentos autonómicos contra situaciones de injusticia y desigualdad. Para ello, invoca el artículo 136.6 de la Constitución, que establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. En definitiva, podríamos decir que el parlamento no existe, lo han convertido en un pretexto de la democracia. Estos son los resultados de la traición del PSOE de la gestora. Por eso apoyo que se baje a mirar a la cara a los ciudadanos.
La disidencia es la expresión de la democracia de los representados, cuando descubren que no defienden sus derechos. El hecho de canalizarse por redes sociales, plazas, calles y espacios de las asociaciones civiles, solo demuestran fehacientemente esa desatención. Pero, no lo duden, esas movilizaciones de la buena gente irán a más. Habrá que ver de dónde surge la violencia.
Allí estarán los responsables de la tragedia de la España que se avecina.
