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AI pide libertad inmediata para el abogado ambientalista Steven Donziger, víctima de una campaña de desprestigio tras ganar el caso Chevron Corporation

El abogado se encuentra bajo arresto domiciliario en espera de juicio desde agosto de 2019, después de que se negara a cumplir una orden judicial de entrega de sus dispositivos electrónicos, argumentando que revelar esa información podría comprometer la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con sus clientes y colocar a estos en situación de riesgo. Antes de la detención, Chevron había llevado a cabo una prolongada campaña difamatoria de intimidación y hostigamiento contra Steven Donziger y otras personas defensoras de los derechos humanos

Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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Steven Donziger es un abogado y defensor de los derechos ambientales que representó con éxito a la víctimas de los vertidos de petróleo en Ecuador y que fue condenado el 1 de octubre de 2021 a seis meses de cárcel por un cargo de “desacato al tribunal” políticamente motivado. El abogado lleva ya más de dos años bajo arresto domiciliario en un proceso que, según determinó un grupo de personas expertas de las Naciones Unidas, carece de base jurídica y contraviene numerosas normas sobre juicios justos. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que «la detención es una medida tomada como represalia por su trabajo como abogado de las comunidades indígenas de Ecuador. Debe ser liberado de inmediato y sin condiciones». A esta petición se han sumado 68 premios Nobel y numerosos congresistas americanos.

Antes de la detención, Chevron Corporation había llevado a cabo una prolongada campaña difamatoria de intimidación y hostigamiento contra Steven Donziger y otras personas defensoras de los Derechos Humanos, según denuncia Amnistía Internacional. En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que la privación de libertad que sufre Steven Donziger es arbitraria «porque carece de base jurídica y contraviene varias normas relacionadas con el derecho a un juicio justo, incluida la evidente falta de imparcialidad de los tribunales».

Solicitan una investigación al Departamento de Justicia

La organización insta ahora al Departamento de Justicia a que asuma la jurisdicción de la causa en sustitución de la acusación particular y aplique sin demora la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU garantizando que Steven Donziger sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. También pide que se que abra una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodean la privación arbitraria de libertad a la que Steven Donziger está sometido, y tome las medidas necesarias para garantizar que las empresas no abusan del sistema de justicia para atacar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos.

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Zona de Lago Agrio contaminada por el vertido de petróleo

Todo empezó cuando Donziger visitó Ecuador por primera vez

Steven Donziger comenzó su trabajo en favor de la justicia ambiental en 1993, cuando visitó Ecuador y se sumó al equipo jurídico que representaba a las víctimas de los vertidos de petróleo en una causa emblemática contra Chevron Corporation tras las acusaciones de que la empresa era responsable de lo que se considera en general una de las peores catástrofes relacionadas con el petróleo de la historia reciente.
En 2011, tras años de procedimientos judiciales, un tribunal de Ecuador concluyó que Chevron Corporation era responsable de haber causado daños graves para la salud y el medioambiente a la selva amazónica y las comunidades que vivían en ella. El tribunal determinó que la empresa había vertido deliberadamente miles de millones de litros de residuos petroleros en tierras ancestrales indígenas como medida de ahorro, y ordenó el pago de miles de millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Y, en efecto, así consta en lademanda que se inició por parte de las comunidades indígenas de la provincia amazónica de Sucumbíos en el año 2003 por el derramamiento de más de 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio durante los años 1964 y 1992. La zona comprometida por la contaminación petrolífera abarca unas 500.000 hectáreas aproximadamente.

Por su parte, la petrolera indica que hizo la limpieza de los campos ambientales antes de entregarlos y que la responsable por la contaminación presente es la empresa estatal petrolera Petroecuador y que el Estado ecuatoriano está tratando de desligarse de su responsabilidad con esa demanda.​

La amenaza de Chevron Corporation

Tras perder el juicio en Ecuador, Chevron Corporation se llevó todos los activos fuera del país para evitar pagar la indemnización y amenazó a las víctimas ecuatorianas con “un litigio eterno” si no abandonaban la causa. Luego, Chevron presentó una querella en Estados Unidos contra todos los demandantes mencionados en la causa de Ecuador, así como contra Steven Donziger y otros abogados, organizaciones no gubernamentales y varias personas expertas que apoyaban su caso.

Amnistía Internacional detalla que los procedimientos judiciales que se han sucedido desde entonces «se han visto empañados por deficiencias —incluidas la falta de imparcialidad de los tribunales, una injerencia desproporcionada en su derecho a la libertad impuesta para eludir la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente, y una privación de libertad que ya ha superado el periodo máximo previsto por los cargos presentados contra el abogado— que han convertido en arbitraria la detención de Steven Donziger».

Decisiones insólitas de un juez

En 2019, el juez que presidía la causa civil contra Donziger tomó la insólita decisión de nombrar a un despacho jurídico como fiscal especial en relación con los cargos de desacato que la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York había decidido no procesar. El 6 de agosto de 2019, la jueza ordenó al abogado que entregara su pasaporte y se sometiera a localización por GPS y arresto domiciliario. Desde entonces está privado de libertad.

Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria

Es un grupo de personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos con el mandato de investigar casos de privación de libertad impuesta de forma arbitraria o contraria a las normas internacionales. Las opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo son decisiones autorizadas de un mecanismo de expertos de la ONU y tienen peso jurídico. Las obligaciones contenidas en los tratados internacionales que constituyen la base de la decisión del Grupo de Trabajo son jurídicamente vinculantes para los Estados Partes. Estados Unidos es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1992.

Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son acciones judiciales iniciadas, o con cuyo inicio se amenaza, con la intención de inhibir o silenciar la participación ciudadana. Este tipo de demandas suelen entablarse contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, activistas o intelectuales con el objetivo de acallarlos y disuadir a otros actores críticos. Además, no pretenden necesariamente defender el honor o la reputación de una persona o empresa, sino más bien intimidar, cansar y agotar los recursos psicológicos y económicos de la parte acusada.

El costo de enfrentarse a estas acciones jurídicas puede someter a mucha presión económica y de otra índole a los y las activistas de derechos humanos y obligarlos a cambiar la finalidad de los ya escasos fondos y recursos destinados a su trabajo para utilizarlos en la defensa de la demanda. El litigio también suele lograr desviar la atención de la cuestión ambiental o de derechos humanos hacia el propio proceso judicial por el propio cargo de difamación. Steven Donziger lleva ya más de 900 días bajo arresto domiciliario, mientras una coalición de organizaciones actúa en su defensa.

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