En su declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la trama Púnica, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que ella era “soberana” para nombrar a los consejeros de su Gobierno, pero que lo consultó con el que entonces era el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, según informa la agencia de noticias Europa Press. De esta manera, todos y cada uno de los cargos que elegía la lideresa, y que después “le salieron rana” por corruptos, como siempre ha mantenido ella, eran puestos en conocimiento del ex presidente del Gobierno de España. Rajoy supo del nombramiento de Francisco Granados, Ignacio González, Alberto López Viejo, Beltrán Gutiérrez y otros muchos, de manera que la responsabilidad in vigilando que siempre se ha atribuido Aguirre se extendería también a
En la comparecencia ante García Castellón, los fiscales han preguntado a la expresidenta a qué se debió que cesara a Francisco Granados sólo un año después de su nombramiento como consejero de Transportes, a lo que Aguirre ha contestado que se debió a una cuestión “simplemente política” y negó que tuviera algo que ver con sospechas por corrupción en las contrataciones para la construcción de líneas de Metro.
Aunque en otro momento del interrogatorio Aguirre admitió que estaba “mosca” con respecto a las contrataciones en la empresa pública Mintra, a través de la cual supuestamente se desvió dinero, después lo matizó y quiso retirar esa palabra, tal como informe Europa Press.
Según se desprende de las actas de interrogatorio, cuando el juez le ha pedido que explique a qué se refería, la expresidenta se ha limitado a decir que ella era muy austera y que no quería hacer tantas estaciones de Metro. “Retiro la mosca”, ha matizado la investigada, a lo que el juez le ha replicado que no se podía porque la declaración ha quedado grabada.
Aguirre ha empleado otra expresión peculiar, muy en su línea castiza de hablar, cuando trataba de desmarcarse de la supuesta utilización de la fundación Fundescam para el desvío de fondos públicos. En ese punto ha llegado a decir, con ironía y un punto de sorberbia, que las fiscales del caso creen que ese asunto sin aclarar es “el Watergate”.
Por otra parte, Izquierda Unida, a través de su equipo jurídico, ha registrado un escrito al magistrado Manuel García Castellón en el que solicita que acuerde “tener por investigada a la persona jurídica Partido Popular” e, igualmente, que cite a declarar a esta formación “en calidad de investigada” por su presunta participación directa en esta trama de corrupción.
IU, que ejerce la acusación popular junto a otras asociaciones y formaciones en esta causa en la que se investigan diversas actuaciones corruptas en la Comunidad de Madrid, basa esta nueva actuación que ya planteó anteriormente en las importantes novedades surgidas en los últimos meses. Entre ellas destaca la reciente imputación por parte de García Castellón de la que fuera líder del PP madrileño durante más de una década y hasta 2016, Esperanza Aguirre, “así como a otros colaboradores y empresarios y a la persona jurídica Indra, todo ellos por estar involucrados en diferentes acciones con relevancia penal que giran en torno a la financiación ilícita del Partido Popular en Madrid”.
A ello se suman los recientes indicios aportados a la causa “sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados con la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2014, en concreto, la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra y de diversos informes realizados por la Guardia Civil (UCO)”.
De esta forma, la representación legal de Izquierda Unida traslada al magistrado instructor que la imputación del PP como persona jurídica “estaría justificada”, toda vez que este partido tomó “decisiones para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad”, ya que “no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público, que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas”.
La acusación popular de Izquierda Unida razona al magistrado del ‘caso Púnica’ que, siguiendo la línea ya recogida también por su juzgado en esta causa en lo que respecta a la imputación de la empresa Indra –privatizada en su día por el PP– como persona jurídica, “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.
IU expone en su escrito que a través de la investigación judicial realizada se desprende que el PP resulta “beneficiario directo” de las actividades de la trama y ello no solo a través de Indra, sino también de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), empresa pública dependiente del Gobierno madrileño.
