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Agrupaciones de afectados de Covid Persistente piden amparo a Escrivá ante el INSS por obligarles a trabajar con graves secuelas

Les obligan a incorporarse a su puesto de trabajo sin haber superado las secuelas de la enfermedad y, en muchas ocasiones, sin ni siquiera citar para una revisión a los pacientes

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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Los colectivos de afectadas y afectados por COVID Persistente (Long COVID ACTS) denuncian ante el Ministerio de la Seguridad Social, del ministro Escrivá, la situación de desamparo en la que se encuentran estos pacientes cuando les obligan a incorporarse a su puesto de trabajo sin haber superado las secuelas de la enfermedad.

Explican también que los afectados de covid persistente que ya llevan un año de baja y que sufren graves secuelas, a la hora de pasar los tribunales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) «evidencia inequidades en la atención a los afectados de COVID-19 Persistente a la hora de valorar prórrogas de 180 días o de dictaminar altas».

Para esta entidad, «todo ser humano tiene derecho a ser asistido por los servicios de Salud para su curación y rehabilitación». Derecho que, a su juicio, se está negando actualmente a la mayoría de las y los afectados de COVID-19 Persistente, devolviéndoles a sus puestos de trabajo enfermos y sin apoyo de ningún tipo.

Como ya denunció en exclusiva Diario16, el INSS obliga a incorporarse al trabajo a pacientes graves de Covid persistente.

Long COVID ACTS (Autonomous Communities Together Spain) aglutina a entidades y agrupaciones de afectados de varias Comunidades Autónomas entre las cuales se encuentran Madrid, Aragón, Castilla y León o el País Vasco.

Complejo sintomático multiorgánico

Según informa esta Long COVID ACTS, la guía clínica elaborada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia (SEMG) junto con los colectivos de afectados de Long COVID ACTS y 48 sociedades científicas, el COVID-19 Persistente puede definirse como “un complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido la COVID-19 (con diagnóstico confirmado o sin él) y que permanecen con sintomatología tras la considerada fase aguda de la enfermedad, más allá de las primeras 4 – 12 semanas, persistiendo en el tiempo, una vez se hayan descartado secuelas u otras posibles patologías causantes”.

Los síntomas persistentes que padecen entre un 10% y un 20% de los contagiados por COVID-19 no guardan relación con la gravedad de la enfermedad en su fase aguda, pudiendo darse incluso en casos previamente asintomáticos, y tienen importantes consecuencias a nivel personal, familiar y profesional debido a la intensidad de su sintomatología, que en un porcentaje importante de los casos puede llegar a ser incapacitante.

Hasta 200 síntomas

Se han recogido hasta 200 síntomas en diversas encuestas realizadas entre afectados, tanto a nivel nacional como internacional y, a fecha de hoy, según esta agrupación de afectados, «no existe tratamiento para esta nueva enfermedad, aunque al no tratarse de secuelas, podría ser reversible a juicio de muchos expertos».

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, explican los afectados, reconoció por primera vez el COVID-19 Persistente o “Long COVID” en su documento “Información científica- técnica. Enfermedad por coronavirus COVID-19” del 15 de enero de 2021, señalando las posibles causas de esta persistencia de los síntomas, documento que actualizó el pasado día 28 de mayo de 2021 ampliando la definición anterior. El día 12 de marzo de 2021, también publicó una infografía sobre COVID-19 Persistente.

Según se pone de manifiesto en el comunicado de Long COVID ACTS, l»as autoridades competentes están trabajando en la elaboración de directrices claras para atender a estos pacientes y homogeneizar su atención por los profesionales de la Salud, aunque no todas las Instituciones del Estado están teniendo en cuenta este reconocimiento de la enfermedad a la hora de valorar situaciones de bajas laborales y, sobre todo, de prórrogas tras llegar al año de incapacidad temporal ante los tribunales del INSS».  

Por lo que han podido constatar, en muchos de los colectivos Long COVID ACTS se están produciendo verdaderas situaciones de inequidad con los pacientes de la primera ola de la pandemia -la mayoría de ellos sanitarios o personal esencial- que han llegado al año de su incapacidad laboral temporal, sobre todo en los que no tuvieron acceso a una prueba diagnóstica positiva en su día debido a la escasez mundial que existía en este momento.

Así, denuncian que «se están dando altas sin consultar los informes elaborados por los médicos de Atención Primaria que han atendido a los pacientes a lo largo de los últimos 15 meses y conocen toda su sintomatología a la perfección, ni los de especialistas que les han ido valorando, o, incluso, sin ni siquiera pasar de manera presencial por los tribunales del INSS».

Altas automáticas sin ver a los pacientes con covid persistente

Así se dedican cada día altas automáticas sin ver a los pacientes, y -en algunos casos- sin avisarles, por lo que sus empresas respectivas les llaman la atención por no haberse reincorporado a sus puestos de trabajo en la fecha determinada por el INSS, confirma esta entidad.

Desde estos colectivos de Long COVID ACTS, se están enviando cartas al Ministerio de la Seguridad Social en las que se denuncian estas prácticas injustas y discriminatorias que no hacen más que agravar la situación en la que se encuentran unas 500.000 personas afectadas de COVID-19 Persistente en España.

Además, Long COVID ACTS solicita una unificación de criterios administrativos de manera urgente para evitar estas inequidades en la resolución de las bajas laborales y reclamamos que las inspecciones se cumplan en todos los casos de manera presencial.

Reivindicaciones

Reivindican además bajas ajustadas a la enfermedad, bajo un código específico de COVID-19 Persistente, y no a uno de sus múltiples síntomas ya que se trata de una patología multisistémica. Entienden que así ha de tratarse por parte de la Sanidad Pública y las autoridades sanitarias competentes.

Desde esta organización de afectados de varias agrupaciones de Covid persistente, se demandan prórrogas «que nos permitan recuperarnos mientras avanza la investigación en el estudio de tratamientos eficaces», así como, en los casos que lo permitan, incorporaciones paulatinas a sus puestos de trabajo, «ya que el COVID-19 Persistente no permite retomar la vida social, familiar y laboral de forma total».

Recuerdan también que «cualquier sobreesfuerzo mental o físico supone un empeoramiento drástico de los síntomas que provoca recaídas e impide realizar las actividades de la vida diaria».

Abogan, por lo tanto, por la reducción y flexibilización del horario de los afectados de COVID-19 Persistente en el caso de las altas, así como por el teletrabajo en los oficios que lo permitan -de índole más administrativa- y la adaptación del puesto de trabajo para las actividades más físicas.

Desde estas agrupaciones de afectados entienden que el abordaje de esta nueva enfermedad tiene que darse de manera integral ya que, «de un problema sanitario, se ha convertido también en un problema social y laboral que las autoridades responsables deben abordar y resolver sin demora, porque nuestros derechos nos amparan».

Long COVID ACTS recuerda que la Constitución española de 1978 determina la Salud como uno de los derechos fundamentales, aplicado después para elaborar la posterior Ley General de la Sanidad.

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