La organización de agricultores y ganaderos señala que el Parlamento Europeo recalca que es esencial para una buena gestión recopilar datos de “alta calidad, comparables y normalizados para una evaluación eficaz de los niveles de población”, algo que, «el MITECO no hizo en un alarde de superioridad ideológica». A su vez, afirma que «el cambio en el estatus de protección del lobo en España no ha ido precedido de un estudio de la situación actual de la especie, una actualización del censo a nivel nacional con base científica, así que la Estrategia es, cuando menos, cuestionable”.
Respecto a lo que, en la resolución, el Parlamento pide a la Comisión y Estados miembros, es decir, que informen sobre el impacto de la presencia de grandes carnívoros en Europa en el contexto de aquellos factores socioeconómicos que afectan a la viabilidad de la ganadería, las comunidades rurales y el turismo rural, incluido el relevo generacional en la agricultura, la Unión de Uniones subraya que «ya solicitó al Gobierno un informe de impacto con puntos similares previo al incremento de la protección del lobo y tampoco se tomó en consideración dicha propuesta».
Añade que “ahora que lo dice Europa, quizá el MITECO decida cambiar algo, pero no somos muy optimistas». También lamenta que el Ministerio «no entienda que las ganaderías extensivas, más afectadas por los ataques de lobo, son también las que preservan otras tantas especies y hábitats y también un espacio rural y un tejido económico en riesgo de desaparición, pero estas no parecen despertar tantas pasiones en ciertas organizaciones y administraciones”.
Financiación de costes
Unión de Uniones considera que los criterios establecidos en la Estrategia del Lobo para la gestión poblacional «prometen ser un tortuoso proceso burocrático y considera que no se alinean al 100% con las flexibilidades que establecería la Directiva Hábitats».
Señala que el sistema que venían haciendo las Comunidades Autónomas era mejorable, pero el que se ha planteado, a su juicio, «es mucho peor y se tiene mucho menor conocimiento sobre cómo evolucionan las poblaciones».
Finalmente, el Parlamento recuerda también que son las Administraciones, tanto MITECO como las Comunidades Autónomas, las responsables de financiar todos los costes incurridos en medidas preventivas (cuando las circunstancias locales permiten adoptarlas), así como una compensación completa por los daños.
Ante esto, Unión de Uniones presentó varias propuestas de enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para atender dicha necesidad, que aún confía en que puedan prosperar durante el trámite parlamentario para lo que es necesario el apoyo de una mayoría suficiente por parte de los Grupos. “Los partidos que ahora no voten a favor de ello, luego que no saquen pecho diciendo que defienden a los ganaderos porque van a quedar retratados”, advierten.
