Acusan al Poder Judicial de “ejemplo paradigmático de las limitaciones profesionales de las juezas”

El Poder Judicial es un ejemplo paradigmático de las limitaciones profesionales de unas juezas, según explica la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que preside Gloria Poyato.

Aún siendo mayoría en la profesión (53’9%), según esta entidad, “son invisibilizadas sistemáticamente, año tras año, en la foto oficial de la Justicia. Una foto en blanco y negro, más propia de otros siglos, que es fiel reflejo de una cúpula judicial masculinizada”.

En la última década, el número de magistradas en el Tribunal Supremo ha pasado de 10 a 15 (de un total de 77 integrantes, en la actualidad) y nunca se ha conocido presidenta de este Alto Tribunal o de alguna de sus 5 Salas.

Patrón

Similar patrón se repite en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que no ha experimentado evolución en los últimos diez años: solo 1 de 17 presidencias se dirige por una mujer, a pesar de que las mujeres son ya el 35’1% en estos órganos colegiados y tan solo 15 de las 59 presidencias de Sala, son responsabilidad femenina.

En la Audiencia Nacional, explica la asociación de Gloria Poyato, pese a que ya hay un 42’1% de magistradas, solo 1 de sus 4 presidencias tiene nombre de mujer y solo 9 de las 50 presidencias de Audiencias Provinciales, son gobernadas por mujeres. En este caso el avance de género de la última década ha sido de una presidencia1.

La anecdótica presencia de mujeres en la cúspide de la justicia española se ha convertido en patológica tras cuarenta años de Constitución, y ello redunda negativamente en la calidad de la justicia que pierde representatividad, porque no integra de forma equilibrada, todas las experiencias humanas (masculinas y femeninas), sino solo las de la mitad de la sociedad.

Ante esta situación, desde la Asociación de Mujeres Juezas De España, (AMJE) reivindican:

1. Cumplimiento de la normativa nacional, europea e internacional para alcanzar paridad de género en la cúpula judicial, para integrar las experiencias femeninas en las resoluciones jurisdiccionales y para democratizar la justicia y hacerla (realmente) representativa.
2. La integración de acciones positivas de género como estrategia temporal destinada a remover los obstáculos, que impiden la representación equilibrada de mujeres y hombres en el Tribunal Supremo, instancias jurisdiccionales superiores y cargos gubernativos judiciales, a tenor del artículo 11 de la LOIEMH.