La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que si el Gobierno indemniza a la familia del dictador, Francisco Franco, por el uso ilegal del Pazo de Meirás, estará agrediendo la memoria de las víctimas del franquismo que fueron saqueadas, a las que les quitaron la vida, los bienes, el presente y el futuro y jamás han sido indemnizadas por el Estado democrático.

La intención del Gobierno de ingresar un millón de euros a los descendientes del dictador por cualquier inversión que hayan podido hacer en el Pazo de Meirás que ocuparon durante décadas ilegalmente incluye una dejación de funciones por parte del Ejecutivo que debe perseguir a quienes utilizaron ese bien público de manera ilegal. Además, se debe sancionar el saqueo de Patrimonio Nacional que llevaron a cabo y que debería haber terminado con una redada policial y la detención de una banda que le robó al Estado numerosos bienes de titularidad pública y relevancia histórica.

Las familias de las víctimas del franquismo, a las que les robaron sus bienes, sus tierras o sus casas jamás han visto un céntimo de reparación por parte del Estado democrático. Pero han tenido que ver cómo algunos partidos políticos y algunas organizaciones sindicales sí eran reparados económicamente por el Estado, para compensarle por las confiscaciones de bienes que llevó a cabo la dictadura.

La amabilidad del Estado democrático con la familia del dictador es incompatible con el respeto y los derechos de sus víctimas. Los descendientes de Francisco Franco disfrutan impunemente y con la connivencia del Ministerio de Cultura, del saqueo de miles de documentos de propiedad pública, que se encuentra en el Archivo de la Fundación que enaltece la figura de Franco; con los impuesto que pagan sus víctimas se sufragan los gastos de la tumba de Franco y de la que fue su mujer, Carmen Polo, que se encuentran enterrados en un impresionante panteón que es propiedad del Estado. Y además se les regala la falta de una detallada investigación del origen de su fortuna, que debería servir para reponer todos los bienes públicos en manos del Estado. Y ahora el Gobierno anuncia que va a pagarles una indemnización de un millón de euros como premio por haber ocupado ilegalmente el Pazo de Meirás durante 45 años en democracia.

«Si el Gobierno omite su deber de perseguir los delitos cometidos por la familia estará prevaricando, porque tiene que defender el patrimonio público y sancionar a quien ha delinquido con él», asegura Emilio Silva, presidente de la ARMH:

Mientras tanto, las familias de los desaparecidos siguen muriendo sin que el Estado las escuche, las atienda, las repare y garantice la justicia a la que tienen derecho desde que España ratificó el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU. «El Gobierno se escuda en la necesidad de una ley para ayudar a las familias de los desaparecidos por la represión franquista, cuando lo único que se necesita es voluntad política y podían estar atendiendo a los familiares desde el primer minuto que pasaron en la Moncloa», añade Silva. «El abandono que parecen las víctimas del franquismo se convierte en maltrato cuando con dinero público se está atendiendo a las necesidades de la familia del dictador y desatendiendo a los derechos de quienes padecieron las terribles violaciones de derechos humanos que orquestó», concluye. 

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre