La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por su dictamen sobre la apología del franquismo. La ARMH considera que el órgano de Gobierno de los jueces ha despreciado el dolor y los derechos de los familiares de los desaparecidos por la represión de la dictadura y los discrimina con respecto a otras víctimas como las del terrorismo.
Caso omiso a las recomendaciones de la ONU
El colectivo, que lleva veinte años buscando a los desaparecidos de la represión franquista, lamenta que el CGPJ haga caso omiso de las recomendaciones de dos organismos de la ONU: el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria y el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. En sus informes sobre España, ambos organismos señalaron la necesidad de poner fin a la discriminación entre víctimas de la violencia, en una referencia clara a los derechos garantizados por el Estado para las víctimas del terrorismo y al abandono que sufren las víctimas de la dictadura franquista.
Emilio Silva, presidente de ARMH
«Un Estado democrático no puede tener víctimas de primera y víctimas de segunda», explica Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido por la represión franquista, identificado en 2003 por una prueba de ADN. Y añade: «A mí abuelo lo asesinaron de una manera parecida a Miguel Ángel Blanco, con el agravante de que sus asesinos escondieron su cadáver para que mi abuelas y sus hijos sufrieran más por no poder enterrarlo y porque fueron gobernados por quienes los asesinaron en un Estado que festejó durante cuarenta años de desaparición violenta de miles de civiles que se opusieron al golpe de Estado. ¿Cómo es posible que familias como la mía no hayan sido indemnizadas ni reparadas y que vivan cómo el Poder Judicial de un Estado democrático las menosprecia y las discrimina con respecto a otras?
Texto de la queja presentada por la ARMH
«A través de diversos medios de comunicación hemos sabido que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial avala que la apología del franquismo esté permitida en el marco del derecho a la libertad de expresión. Entendiendo la dificultad de limitar la libertad de expresión y partiendo de que en una democracia la ciudadanía debe estar dispuesta a escuchar argumentos que le disgustan o le molestan, queremos preguntar por qué este órgano no defiende el honor y la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista y sí lo hace con las del terrorismo. El artículo 61.1 de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo se titula: «Defensa del honor y la dignidad de las víctimas». Y su punto 1 viene a decir que «el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas… y prohibirá el enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de organizaciones terroristas» Y se añade en el punto 3 que el Estado evitará “la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas”. En España hay 114.226 personas desaparecidas por la represión de la dictadura franquista. Es el peor delito que se puede cometer contra un ser humano: se le detiene ilegalmente, se le tortura, se le asesina y se esconde su cadáver para multiplicar el dolor de su familia y sus allegados. Nada se le puede hacer peor a un ser humano. Su respaldo a la apología del franquismo despierta preguntas: ¿No creen en la dignidad de las víctimas del franquismo? ¿No creen que el Estado deba protegerlas? ¿Creen que el dolor de las víctimas de las desapariciones del franquismo es inferior, que son personas con menos dignidad, que no deben ser protegidas por el Estado? Si a un Estado democrático no le duelen todos los dolores de su ciudadanía está avalando la existencia de un apartheid entre víctimas de la violencia. ¿Ustedes lo validan?»».
Hay una errata que sugiere que hay organos de Gobierno diarios:
La ARMH considera que el órgano de Gobierno de «los jueves» ha despreciado el dolor y los derechos de las familiares de los desaparecidos por la represión de la dictadura