Hay niños y niñas para los que su familia no es fuente de protección, sino de riesgo e incluso de maltrato. Cuando eso ocurre, los poderes públicos tienen la obligación de proteger y nuestra legislación establece nítidamente que cuando un menor ha de salir de su familia, la alternativa prioritaria debe ser otra familia, en acogida o en adopción, según el caso. Por desgracia, las administraciones incumplen la ley y miles de niños y niñas ingresan en centros con corta edad y luego permanecen institucionalizados durante años, si no hasta su mayoría de edad.

El riesgo vivido en la familia es sustituido por los riesgos inherentes a los cuidados colectivos, riesgos que son tantos como bien documentados, afectando al desarrollo emocional y la salud mental, al rendimiento escolar y la integración social futura. Las instituciones no causan esos problemas, pero no sirven para resolverlos y con frecuencia contribuyen a agravarlos. Pero, siendo la opción menos recomendable, la institucionalización es la alternativa más fácil de gestionar, por lo que se convierte en una alternativa tan utilizada.

Se da además la paradoja de que, siendo la opción de protección menos deseable, la institucionalización es además la más cara. Si el coste por menor y mes se sitúa entre los 3.000 y los 5.000 euros, el coste en acogimiento familiar no supone ni el 10%, siendo cero en adopción. No hay que proteger en familia porque sea más barato, pero no se puede poner la excusa del coste para no hacerlo.

Otro gran pretexto es la falta de familias disponibles para acoger, cuando lo que realmente faltan recursos para atender a las que se ofrecen, además de campañas sistemáticas y eficaces para promoverlas, primero, y medios para hacer luego su experiencia satisfactoria y atractiva. En un país tan solidario como España no pueden faltar familias, como se demuestra con la acogida de menores que de otros países vienen a familias españolas en temporada de verano.

En realidad, lo que falta es compromiso y lo que sobra son excusas para una firme política de desinstitucionalización de nuestra infancia, política que es obligación y responsabilidad de las administraciones y, en parte de ONGs, asociaciones, profesionales, familias… en definitiva, de la sociedad civil que no decimos ¡basta ya! ante esta urgencia social. 

Desde esta realidad todos los implicados en la infancia ¿nos convertimos en Herodes? Estamos permitiendo que se trunquen las expectativas de vida de los niños y niñas institucionalizados. En definitiva, estamos comprometiendo gravemente el futuro de vida de estos niños y niñas, hoy nuestros Santos Inocentes.

Los conocedores de esta dramática situación nos sentimos copartícipes de este maltrato por conocerlo y no denunciarlo. 

Desde la fuerza que nos dan más de 23.000 niños y niñas institucionalizados familias, profesionales, personas ex-tuteladas, ciudadanos de las más diversas procedencias y cualificaciones reclamamos a toda la sociedad y a todos y cada uno de los implicados: administraciones de cualquier color, ONGs, asociaciones, profesionales… para terminar con esta barbarie que parece no quitarle el sueño a nadie.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre