El hasta ahora responsable de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, sustituirá a Vicente Garrido al frente de la Fiscalía Superior de Canarias. Así lo ha acordado el Consejo Fiscal en la reunión celebrada en la mañana de este miércoles pasado.

Vicente Garrido era el otro candidato. Aspiraba a la reelección a un puesto que ocupaba desde 2003, entonces como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y en el que fue renovado en dos ocasiones (2008 y 2014), ya con la denominación de fiscal superior de la comunidad autónoma, hasta que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha decidido poner fin tras los escándalos de corrupción urbanística en los que está implicada la propia fiscalía.

De esta forma se pretende desmantelar definitivamente desde la Fiscalía General el entramado de relaciones sospechosas de los fiscales con las tramas de corrupción urbanísticas en algunos territorios del Estado, como ya ocurrió también con la destitución del que fue desde el año 2013 fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, por encubrir al fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que construyó su chalet en el cauce de un río perteneciente al dominio público hidráulico, todo ello “bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales” según podía leerse en la denuncia que le fue  presentada, y que terminó con la orden de demolición del chalet en el año 2009 por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Esta vez le ha tocado el turno al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, por “encubrir” presuntamente la responsabilidad civil del ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, que tiene construido parte de su chalet (en concreto unos 250 metros cuadrados) en suelo rústico de protección ecológica en la Urbanización “La Bufona”, lo que ya ha provocado una primera condena, que ha sido anulada, por un delito contra la ordenación del territorio.

Gonzalo Murillo, el denunciante del caso de ‘La Bufona’ y propietario de los terrenos que ocupan ilegalmente algunas de las casas de esa urbanización, solicitó a la Fiscalía General del Estado que se diera un impulso procesal al caso, ya que en julio del año pasado se anularon todas las actuaciones y se ordenó repetir el juicio, que se celebró en enero de 2016.

Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial condenaron a los promotores de la urbanización, Antonio Caro y Federico Echevarría, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En la sentencia se incluía el derribo de lo construido “sin título habilitante”, que afectaba a la parte de 14 casas que se construyeron en suelo rústico de protección ecológica.

Los propietarios de esas casas presentaron un incidente de nulidad alegando indefensión, ya que no se les había citado al juicio como responsables civiles, aunque sí que fueron como testigos. La Audiencia les dio la razón porque se lesionaba su derecho a no ser condenados sin ser oídos en el juicio.

Según ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el juez Fernando Presencia “el error del juzgado de instrucción habría sido inducido por la propia fiscalía, que pidió la responsabilidad civil subsidiaria y no la directa –como partícipes a título lucrativo- de los actuales propietarios de las viviendas afectadas por la demolición, que en definitiva son los únicos que podían cumplir la sentencia” y que en ese sentido, sigue diciendo la asociación, que es experta en delitos de corrupción urbanística, “podría decirse que la actuación cuando menos negligente del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, al tratar de encubrir la responsabilidad civil directa de su compañero, el ex fiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés, enmascarándola como responsabilidad civil subsidiaria, habría sido la causante del embrollo judicial de ‘La Bufona’ que lleva sin resolverse la friolera de casi 20 años”.

Por de pronto, la inactividad de la fiscalía se ha saldado con la destitución de Vicente Garrido como fiscal jefe de Canarias, que llevaba en el puesto desde el año 2003, según ACODAP.

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