Según señala en una nota de prensa ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, habría sido el entonces fiscal anticorrupción, Manuel Moix, quien ordenara al fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Fernando Soto, que solicitase en el escrito de acusación contra Roberto Macías, el sindicalista que destapó a la prensa la trama del fraude de subvenciones de UGT-Andalucía, tres años de prisión por el delito de revelación de secretos.
Moix tuvo que dimitir del cargo de fiscal jefe anticorrupción el 1 de junio de 2017 (tres meses después de su nombramiento) «por motivos personales», después de que se revelara precisamente por los medios de comunicación que poseía desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá, bajo la que se camuflaba la propiedad de un chalé en Collado-Villalba, que tanto él como sus tres hermanos recibieron como herencia de sus padres.
Dos semanas antes, el Pleno del Congreso de los Diputados forzaba esa dimisión cuando acordaba su reprobación (junto con la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la del fiscal general, el fallecido José Manuel Maza), por entender que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger a políticos presuntamente implicados en actos de corrupción.
La puntilla de esa reprobación fue la filtración, también a través de los medios de comunicación, de una conversación obtenida durante las diligencias que llevaron a la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid con el PP, Ignacio González, por presunta corrupción a través del Canal de Isabel II.
En esa conversación González comentaba la idoneidad de Moix meses antes de que fuera nombrado para el cargo de fiscal jefe anticorrupción, lo que apuntalaba las sospechas de que el Gobierno de Mariano Rajoy habría buscado a fiscales favorables que les facilitaran la salida a políticos del PP acusados de corrupción.
La documentación que se acaba de conocer ahora, situaría en esas fechas el traslado que hizo el juzgado a la fiscalía anticorrupción para que evacuara el escrito de acusación contra Roberto Macías, cuando ya había estallado la vorágine informativa en los medios de comunicación a los que Manuel Moix consideraba la causa de todos sus males.
A pesar de que el escrito de acusación se presentó a finales del mes de junio de 2017, todo hace pensar que la gravedad de las penas que se solicitaban contra el ex empleado de UGT respondía a la idea de criminalizar las filtraciones a la prensa y de represaliar a las “fuentes”.
Esta idea, que se había asentado entonces en la jefatura de la fiscalía anticorrupción, a pesar de la reprobación de Manuel Moix por parte del Congreso de los Diputados, se ha mantenido incólume hasta el día de hoy.
